Brasil
Prevaricación: el nuevo motivo por el que los senadores de Brasil piden investigar a Jair Bolsonaro
El presidente de Brasil se encuentra en el ojo del huracán desde que comenzó la pandemia. La ausencia de protocolos de bioseguridad, la lentitud en la vacunación y la muerte de más de 500.000 personas por la covid-19 han despertado el descontento de la gente y las autoridades.
Tres senadores brasileños presentaron este lunes una demanda ante la corte suprema del país suramericano para que se investigue si el presidente de la nación, Jair Bolsonaro, cometió el delito de “prevaricación” al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna anticovid Covaxin.
Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria (CPI) y quien indaga presuntas omisiones del gobierno de ese país en la lucha contra la pandemia, que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.
“Hoy he registrado una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un gigantesco esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud”, afirmó Rodrigues en un video.
“La prevaricación es un crimen inscrito en el Código Penal. Por eso consideramos necesario que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Fiscalía General instauren un proceso de investigación”, explicó.
Esa denuncia tiene el potencial de provocar la destitución de Bolsonaro (si es aprobada por la Fiscalía y votada en la Cámara), aunque los analistas estiman poco probable que el fiscal general, Augusto Aras, visto como un aliado de Bolsonaro, acepte formular cargos contra el mandatario de ultraderecha.
Entre las sospechas que saltaron a la luz la semana pasada figura la sobrefacturación de la vacuna india Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, por la que se había firmado un contrato a precios más elevados que por cualquier otro inmunizante de los adquiridos hasta ahora por Brasil.
La factura de 45 millones de dólares por tres millones de dosis aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, el jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, quien le transmitió sus dudas a su hermano, el diputado bolsonarista Luis Miranda.
Según los hermanos Miranda afirmaron ante la CPI el pasado viernes, Bolsonaro los recibió el 20 de marzo en su residencia en Brasilia y les aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo.
Bolsonaro les habría dicho además a los hermanos Miranda, según el testimonio de estos, que el presunto operador de ese esquema podría ser el diputado Ricardo Barros, líder de la bancada progubernamental.
El primer mandatario brasileño negó este lunes cualquier irregularidad, asegurando que le resulta imposible saber “lo que ocurre en cada ministerio” y que confía en sus ministros. “No tengo cómo saber lo que ocurre en los ministerios. Confío en mis ministros y no hemos hecho nada errado”, declaró ante simpatizantes.
Bolsonaro, en fuerte caída de popularidad, es blanco de una avalancha de críticas y pedidos de destitución por haber minimizado la importancia de la pandemia. Desde la llegada de la enfermedad a Brasil criticó las medidas de aislamiento social y el uso de tapabocas, dudó de la eficacia de las vacunas, así como promovió medicamentos sin eficacia comprobada contra la covid.
Rodrigues explicó en una entrevista con GloboNews que la gestión de este lunes fue realizada por los senadores a título individual, “para no reducir la importancia” que tendrá el informe final de la CPI, que podría acrecentar los cargos.
Más de un centenar de demandas de destitución mediante un juicio político (impeachment) se acumulan además en la Cámara de Diputados, sin que hasta ahora su presidente, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, haya dado señales de autorizar alguno.
Sin embargo, Lira es aliado circunstancial, como líder de un grupo de partidos conservadores, denominados el ‘Centrao’ (o en español, gran centro), caracterizados por negociar apoyo a cambio de partidas presupuestarias y cargos oficiales.
Con información de AFP.