Primera ministra de Inglaterra planea ayudas inmediatas para pagos de facturas de la energía

La nueva primera ministra Liz Truss chocó el miércoles con el líder de la oposición sobre cómo ayudar a los británicos con los costos que implican las altas tarifas de energía, en una primera comparecencia parlamentaria en la que también reabrió el frente posbrexit con la Unión Europea.

“Entiendo que la gente en todo el país sufre por el coste de la vida y por sus facturas de energía y por eso (...) tomaré acciones inmediatas”, afirmó ante la Cámara de los Comunes, y confirmó que anunciará medidas el jueves.

Designada el lunes como nueva líder del Partido Conservador para reemplazar al dimisionario Boris Johnson, y nombrada jefa de gobierno el martes por la reina Isabel II, Truss, hasta ahora ministra de Relaciones Exteriores, nombró un gobierno formado por figuras ultraliberales.

Su nuevo ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, está ultimando un plan que incluiría congelar los precios de la energía pese a la oposición inicial de Truss a dar ayudas públicas.

Los hogares británicos sufrieron en abril un alza de casi 55 % del tope tarifario de gas y electricidad. Y en octubre este debe volver a subir 80 %, dejando a muchos ante la imposibilidad de pagar.

Numerosas empresas e instituciones, incluidos hospitales y escuelas, advirtieron que tendrían que hacer dramáticos recortes o incluso cerrar ante la disparada de los costes, que amenaza con un otoño de protestas y huelgas.

Truss eludió las preguntas de diputados opositores sobre cómo financiará dichas medidas, posiblemente encaminadas a engordar un endeudamiento público récord tras los años de pandemia.

“La primera ministra sabe que no tiene otra opción que respaldar una congelación de los precios de la energía”, lanzó el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer.

“La decisión política consiste en quién va a pagarlo”, agregó, asegurando que según el Tesoro las compañías energéticas registrarán un beneficio extra de 170.000 millones de libras (194.000 millones de dólares) en los próximos dos años por el aumento de los precios.

“Ella sabe que cada libra de beneficios extras que decida no gravar es una libra extra de endeudamiento que los trabajadores tendrá que reembolsar durante décadas”, agregó.

La economía británica está al borde de la recesión y un mayor endeudamiento le quitaría atractivo para los inversores. Este temor pesaba el miércoles sobre la libra, que cayó a su menor nivel frente al dólar desde 1985.

Reabrir el frente posbrexit

Truss defendió políticas ultraliberales durante su campaña, frente a los 172.000 afiliados al Partido Conservador, que en un país de 67 millones de habitantes fueron los únicos con voz y voto en la sucesión de Johnson.

Abogó por bajar masivamente impuestos pese a las advertencias de que podría acelerar aún más una inflación que ya supera el 10 % y debería llegar a 14 % a finales de año y 18 % en 2023.

En su primera comparecencia parlamentaria, la primera ministra dejó claro que está “en contra de impuestos excepcionales” a las empresas energéticas, porque “desalentarían a las compañías de invertir en el Reino Unido precisamente cuando necesitamos hacer crecer la economía”.

Además de unas ayudas a hogares y empresas que calificó de “apósito”, prometió “incrementar el suministro energético a largo plazo”, aumentando la extracción de hidrocarburos en el mar del Norte, pese a la crisis climática, y la construcción de centrales nucleares.

El primer cara a cara con Starmer fue también una oportunidad para que Truss mostrase sus dotes de oratoria, a menudo cuestionadas.

Y para poner a prueba el nivel de apoyo de sus diputados, muchos de los cuales habrían preferido que fuera su oponente en la elección interna conservadora, el exministro de Finanzas Rishi Sunak, quien se convirtiera en primer ministro.

Reabriendo el conflicto con la Unión Europea, se declaró, por otro lado, determinada a “solucionar” la difícil situación surgida tras el Brexit en la región británica de Irlanda del Norte.

“Prefiero una solución negociada”, afirmó, pero insistió en que Bruselas debería aceptar las modificaciones unilaterales del protocolo posbrexit sobre las que Londres se dispone a legislar.

La UE ya las denunció como una violación de un tratado internacional y amenazó con una guerra comercial en represalia.