PROCESO AL TERRORISMO DE ESTADO

"Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional", dijo el presidente Raúl Alfonsín a los argentinos la víspera del comienzo de las audiencias públicas en el proceso contra los ex comandantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982 por su responsabilidad en la violación de los Derechos Humanos. En una pequeña sala del Palacio de Tribunales en el centro de Buenos Aires, acondicionada especialmente para la ocasión, empezó la primera audiencia pública del juicio que, según cálculos oficiales, se prolongará todas las tardes de lunes a viernes durante los próximos cinco meses.
Al frente de ésta, los seis jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional de la Capital Federal, entre ellos su presidente Carlos Arslanian. A la derecha, el fiscal Julio Strassera, quien ha prometido probar a través de 709 casos que los acusados implementaron el terrorismo de Estado durante los años de su régimen. Y en frente, los 22 abogados defensores incluyendo al defensor oficial que le nombró la Corte a Videla, ya que éste se negó a defenderse por considerar que debía ser juzgado por un Tribunal Militar. Un centenar de invitados, entre los que se encontraban los titulares de organismos de Derechos Humanos: Hebe Bonafini, Adolfo Pérez Esquivel y Emilio Mignone, ocupaban la nave central. Apeñuscados a los costados, cerca de 200 periodistas de todo el mundo --SEMANA entre ellos-- escribían afanosamente en sus libretas, ya que como regía el código de justicia militar y para evitar cualquier interrupción del desarrollo del juicio, se les había prohibido llevar grabadoras o cámaras. Las dos tribunas altas destinadas para el público general, estaban casi vacías, puesto que la Cámara autorizó que sólo 80 entraran por día.
Aunque al cierre de esta nota sólo han transcurrido dos días desde la apertura de estas audiencias y por tanto sólo había declarado una decena de los 2.200 testigos que serán llamados --entre los que se encontraban el ex candidato presidencial y presidente interino del último gobierno constitucional, Italo Luder, varios de sus ministros, el ex director del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el holandés Thoe Van Boven y varios militares retirados-- Ya se Perfilaba la estrategia general de la defensa. Por un lado, dejar claro que ellos y sus defendidos consideran que éste es un juicio político y que la Cámara Federal está parcializada en su contra desde un principio, y por el otro, convencer a la Cámara de que se trató de una guerra contra la subversión y siendo una guerra no se podían ajustar a las leyes de tiempo de paz. Que ellos, además, llevaron a cabo un cometido que la sociedad entera, aterrorizada con el fenómeno guerrillero, les pedía. Y que el gobierno de la señora de Perón, al decretar la incorporación de las Fuerzas Armadas a la lucha antisubversiva en 1975, ordenándoles "aniquilar su accionar", estaba autorizando la metodología que ellos implementaron.
La fiscalía, por su parte, pretende demostrar que estos comandantes dieron órdenes y expresamente autorizaron implementar una metodología de terror en la cual todos los crímenes: robo, secuestro, tortura, violación y homicidio estaban indirectamente autorizados. Para esto ha pedido el testimonio de cerca de 2.000 personas entre las que se destacan el ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter; Patricia Derian, ex funcionaria de la administración Carter; Tom Farer, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el ex presidente de facto Alejandro Lanusse y los periodistas Jacobo Timerman y Magdalena Ruiz Guinazu.
Según analistas políticos consultados por SEMANA, lo que el gobierno pretende es obtener una condena severa para los comandantes, aplicar luego el principio de la obediencia debida y decretar una amnistía para todos los demás acusados de violaciones a los Derechos Humanos, cerrando así un doloroso capítulo de la historia argentina y aliviando una de las mayores fuentes de tensión que existen hoy entre los militares y el gobierno civil.
El jefe de la bancada radical en la Cámara de Diputados, César Jaroslavsky, había admitido que el gobierno podría sancionar una eventual ley de amnistía que beneficie a los considerados presos políticos y a militares juzgados por violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, luego lo desmintió. De todas maneras, es un tema que causó enérgica reacción por parte de los defensores de los Derechos Humanos. Bajo el lema de "castigo a todos los culpables y aparición con vida", estos dirigieron una marcha que reunió cerca de 50 mil personas el día que comenzó el juicio. Este evento y sus posibles consecuencias no sólo ha generado un estado de alerta por parte de aquellos que quieren que se haga justicia sin restricciones de ningún tipo sino que por su trascendencia ha hecho de este momento quizás uno de los más álgidos de la democracia argentina desde que se inauguró año y medio atrás.
Hay sectores que creyendo que no se están poniendo en el banquillo de los acusados a unos cuantos jefes castrenses, sino a todas las Fuerzas Armadas, han lanzado furiosos ataques contra el gobierno poniendo en peligro aún su propia estabilidad. Así un documento del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), cuyo líder es el ex presidente Arturo Frondizi, acusó al gobierno de "alentar la subversión desde cargos oficiales" y de estar haciendo "agitación política en lugar de dejar que actuara la justicia" en el juicio. El titular del partido derechista Unión Centro Democrático (UCD), Alvaro Alsogaray, descalificó el informe de la comisión Sábato sobre la desaparición de las persona y dijo que "los desaparecidos eran todos caídos en combates". También el dirigente peronista Herminio Iglesias ha mostrado tácticamente su apoyo a los ex jefes militares, asistiendo a una manifestación convocada por la señora del general (r) Galtieri. "Este es un Nuremberg, pero al revés", afirmó el general Jorge Arguindegui, quien fue el primer jefe del Estado Mayor del Ejército del gobierno de Alfonsín. "Allí se juzgó a los derrotados no a los vencedores". Otros jefes militares, como el ex presidente de facto Juan Carlos Onganía, también criticaron duramente al gobierno por llevar a cabo un juicio que ellos consideran político.
Estas declaraciones públicas no tendrían mayor importancia sino fuera porque han ido acompañadas de pronósticos terroríficos de caos anarquía para el futuro argentino que llaman a "un baño de verdad para evitar el colapso", resucitando a los fantasmas del golpismo. Pero, que a comienzo del mes parecían solo rumores sin mucho fundamento, terminó siendo confirmado por el mismo Alfonsín quien en una alocución llamó a la ciudadanía a "salir a la Plaza de Mayo" a defender la democracia pues algunos "insensatos se habían atrevido a tentar a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta golpe de Estado". Aún no se conocen los nombres de aquellos implicados en la conspiración pero periodistas y legisladores los han asociado con Frondizi, Alsogaray, Iglesias y con aquellos militares que quisieron evitar a toda costa este juicio.
Semejante situación política, agravada por la reciente ruptura de las negociaciones para lograr una concertación nacional entre el gobierno los empresarios y la Confederación General del Trabajo (CGT) --esta última ha llamado a un paro nacional para el 23 de mayo-- además de una galopante inflación que este mes se calcula superará el 30%, conforman una realidad que no es la ideal para que este juicio se efectúe sin contratiempos.--
María Teresa Ronderos, corresponsal de SEMANA en Buenos Aires