¿Qué hay detrás del indulto a Alberto Fujimori?

Perú está viviendo una de las mayores crisis de sus tiempos recientes. El viernes, el presidente PPK rindió indagatoria en el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Lima por las asesorías que su empresa Westfield Capital brindó a la constructora brasileña.

Al mismo tiempo, su rival en las elecciones de 2016, Keiko Fujimori, también era interrogada en la Fiscalía de Lavado de Activos por los presuntos aportes irregulares de Odebrecht a sus campañas electorales del 2011 y 2006.

Mientras, en las calles de Lima unas 15.000 personas protestaban por el indulto que el presidente PPK le concedió hace unos días al expresidente Alberto Fujimori. "Indulto es insulto", decía el lema bajo el cual se convocaron los manifestantes en la plaza San Martín del Centro Histórico.

Y como si eso fuera poco, renunciaron los ministros del Interior y de Cultura, tres congresistas del oficialista Peruanos Por el Kambio (de una bancada de 18 curules), así como varios viceministros y directores de entidades públicas.

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Razones no les faltan. Por un lado, porque el expresidente Alberto Fujimori no fue condenado a 25 años de prisión por delitos menores, sino por crímenes contra los derechos humanos como la masacre de La Canuta y la matanza de Barrios Altos.

En 2007 los jueces de la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia lo encontraron responsable de varios secuestros y asesinatos cometidos durante su gobierno, así como de ocultar los abusos que tuvieron lugar durante su gestión, que "están probados más allá de toda duda razonable".

Por el otro, porque es falso que Fujimori esté saliendo de prisión "por razones humanitarias" y "en atención a su debida edad". Más bien, su indulto es el pago del PPK por el apoyo político que una parte de los fujimoristas le brindaron en el juicio político que la oposición le practicó el jueves 21 de diciembre.

Ocho días antes, 27 miembros de la bancada fujimorista del opositor Fuerza Popular habían difundido una lista de pagos por casi 5 millones de dólares, que el presidente habría recibido de la constructora brasileña a través de 2 empresas de consultoría entre 2004 y 2007.

Aunque una de las principales promotoras del proceso contra PPK fue la propia Keiko, su hermano Kenji y varios congresistas se abstuvieron de votar contra el presidente, con lo que sus adversarios no alcanzaron los votos necesarios para sacarlo del Palacio de Gobierno. Finalmente fueron 79 los legisladores votaron por la vacancia, 19 se opusieron y 21 se abstuvieron.

"Yo no quiero recibir el indulto de una persona acusada de corrupción", llegó a decir el expresidente Fujimori durante el juicio contra PPK. Pero cambió de parecer y prefirió beneficiarse con las exitosas negociaciones de su hijo Kenji tras la abstención estratégica en el juicio del jueves pasado.

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La situación no deja de ser paradójica. Aunque todo apunta a que este capítulo de la política peruana apenas está comenzando, la conclusión parcial del escándalo de Odebrecht.

Sin embargo, Perú no es el único país donde el tema de Odebrecht se ha politizado, ni el único en el que ha sido usado como una eficaz herramienta partidista.

Mal de muchos

Doce países implicados. Cientos de millones de dólares en sobornos. Varios exmandatarios imputados, prófugos o tras las rejas. Ese es el saldo parcial del mayor escándalo de corrupción de América Latina y el símbolo de un continente que más parece unido por esa lacra que por cualquier otro vínculo social o económico.

Y sin embargo, las investigaciones han avanzado a un ritmo muy diferente en cada lugar. En todos los países existe la sensación de que el tema se ha politizado y que tras el frenesí que produjeron las primeras revelaciones, este se ha convertido en un argumento de campaña.

Con unos 80 detenidos, Brasil es hasta ahora el país en el que el escándalo que más políticos y empresarios ha condenado. Allí el presidente, Michel Temer, y los exmandatarios Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva se han visto implicados en la trama. Mientras que a Temer y Rousseff se les acusa de recibir dinero de la constructora para financiar sus campañas presidenciales, a Lula se le acusa de aceptar sobornos y hasta un penthouse a cambio de contratos de Petrobras.

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Y sin embargo, es el propio Lula quien lidera las encuestas a las elecciones presidenciales de 2018, impulsado en buena medida por la habilidad con la que se ha presentado como víctima de la oligarquía, que se ensañó con él por haber sido ‘el presidente de los pobres’.

En Ecuador, las investigaciones también han llegado al más alto nivel. El 13 de diciembre, casi al tiempo que los fujimoristas aprobaban el juicio contra Kuczynski, un juez de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana condenó a seis años de prisión al número dos del gobierno de Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, por recibir sobornos de Odebrecht.

“Las crueles ironías de la vida: los corruptos confesos en su casa, con sus familias, y nuestro vicepresidente, sin ninguna prueba, preso”, trinó Correa poco después de conocerse el veredicto. Con lo cual, el expresidente dejó la sensación de que este no fue un juicio por corrupción, sino un ataque de sus enemigos políticos contra una persona afín a su proyecto.

En Venezuela, la destituida fiscal Luisa Ortega publicó a mediados de octubre un video en el que el presidente de Odebrecht asegura que le entregó 35 millones de dólares a la campaña de Nicolás Maduro en las elecciones de 2013. A su vez, según los cálculos de la Asamblea Nacional, la alianza entre la constructora brasileña y el chavismo le ha costado al país unos 80.000 millones de dólares.

Y sin embargo, las únicas investigaciones que han prosperado han sido las que implican a miembros de la oposición, independientemente de la debilidad de las pruebas en su contra. En ese sentido, Maduro le prohibió el miércoles al opositor Henrique Capriles volver a ejercer cargos públicos por sus supuestos vínculos con Odebrecht.