Francia
¿Qué sigue en Francia tras multitudinarias protestas contra la reforma pensional?
El presidente Emmanuel Macron se encuentra en una encrucijada con las últimas protestas ocurridas en el país galo que amenazan con extenderse.
Un día después de la mayor protesta contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, sindicatos y Gobierno se enrocan en sus posiciones a medida que la presión aumenta para ambos. ¿Cuál es la situación?
Creciente presión sindical
La movilización entró el martes en una nueva fase con la protesta más numerosa hasta el momento –1,28 millones de manifestantes, según las autoridades, y 3,5 millones, según la CGT– y con el inicio de huelgas prorrogables.
La protesta busca que el Gobierno retire su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Tras cinco masivas manifestaciones pacíficas en enero y febrero, los sindicatos decidieron intensificar su lucha, ante el rechazo del gobierno de Macron y de la primera ministra, Élisabeth Borne, a dar marcha atrás.
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Las acciones, que continuarán el jueves, se centran en sectores clave como la energía y el transporte. Los sindicalistas bloquean la expedición de combustible de las refinerías, los depósitos de gas y cuatro terminales metaneras.
La anulación de trenes y las perturbaciones en el transporte público continuarán el jueves, pero en menor medida que los días anteriores. Jueves y viernes, habrá de nuevo entre un 20 % y un 30 % de vuelos anulados en los principales aeropuertos.
Los sindicatos convocaron nuevas protestas el sábado y la próxima semana (probablemente miércoles), pero su lucha estuvo presente en la marcha feminista de este miércoles. Las organizaciones juveniles llamaron a la huelga de estudiantes el jueves. Este miércoles ya hubo bloqueos en universidades.
Cuenta atrás
El tiempo apremia. El Gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario –un proyecto rectificativo de la ley de financiación de la Seguridad Social– que limitó el tiempo de examen y facilita la aplicación del plan.
Las dos cámaras del Parlamento tienen hasta el 26 de marzo para adoptar el mismo texto. Si estas no logran pronunciarse, el Gobierno puede aplicar su plan mediante ordenanza a partir de entonces, algo que nunca ha ocurrido.
El Senado, controlado por la oposición de derecha favorable a la reforma, tiene hasta el domingo para votarla. Por su parte, el plazo expiró en la Asamblea Nacional (cámara baja), sin que llegara a hacerlo.
La próxima semana, representantes de ambas cámaras deben reunirse para tratar de acordar un texto común, sobre el que diputados y senadores deberían pronunciarse de nuevo o al menos intentarlo, posiblemente el 16 de marzo.
Macron busca ganar tiempo
Con la cuenta atrás en marcha, el Gobierno busca ganar tiempo. Macron se juega su crédito político, máxime cuando la pandemia lo obligó a aparcar una anterior reforma de las pensiones en su primer mandato. Sin embargo, un editorial del diario Libération consideró este miércoles “arriesgada” la apuesta de una “victoria por desgaste” y advirtió que “nada indica que [el Gobierno] pueda confiar en una pérdida de impulso” de las protestas.
El mandatario, que enfrentó una fuerte contestación social en 2018 y 2019 con los “chalecos amarillos”, dejó en primera línea a Borne y se centra en preparar la agenda posreforma. Macron debe “reformular un proyecto para el país”, dijo a la cadena LCI su aliado François Bayrou.
Educación, salud, clima, migración e instituciones son algunos de los temas con los que quiere dejar atrás rápidamente la cuestión de las pensiones, una vez aprobada, y recuperar el impulso de su segundo mandato, iniciado en mayo.
El oficialismo cuenta con el apoyo de la oposición de derecha, favorable a la reforma, para aprobarla. Ese escenario evitaría que se reforzara la imagen de “autoritario” del presidente, en caso de aplicar su plan sin contar con una mayoría legislativa.
Los sindicatos intentaron poner el foco en Macron al pedirle el martes una reunión “urgente”, en vano. La Presidencia les sugirió llamar a la puerta del Gobierno de su primera ministra, que por su parte pasó la pelota al ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, y al Parlamento.
Sin embargo, los sindicatos no descartan continuar incluso si la reforma se aprueba. En 2006, las protestas estudiantiles ya obligaron al entonces gobierno a retirar un proyecto, aprobado, de contrato de empleo juvenil.
*Con información de la AFP.
