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¿Qué viene ahora para la economía con Trump como presidente?
Donald Trump repite como inquilino de la Casa Blanca, en un escenario retador para la economía. Recibe un país polarizado que pone a prueba la gobernabilidad.
Aunque durante la campaña, el ahora presidente electo Donald Trump criticó con insistencia las políticas de la administración Biden-Harris, la economía de Estados Unidos crece por encima de 2%, la inflación –que ha sido una de las mayores preocupaciones por los precios de bienes básicos- ha logrado estabilizarse, mientras que el desempleo registra mínimos históricos.
Sin embargo, como señala un informe de Anif, “si bien la reducción del desempleo al 4,1% y la desaceleración de la inflación al 2,4 por ciento en septiembre de 2024 disminuyen el riesgo de recesión en Estados Unidos, el país aún enfrenta retos económicos para mejorar su desempeño”.
Para Trump el margen de maniobra no es muy alto. Las razones son varias: primero porque la inflación persiste y, de hecho, la Reserva Federal ha sido cautelosa a la hora de reducir las tasas de interés.
Joe Biden tuvo que hacer frente a un aumento descontrolado de los precios que no solo fue un fenómeno de Estados Unidos, sino en todo el mundo, por las presiones logísticas, geopolíticas y de aumento del consumo, tras la pandemia. La inflación creció hasta un techo de 9,1% en 2022, cifra no vista en cuatro décadas. Desde entonces, y como consecuencia de una agresiva política monetaria, la Reserva Federal llevó las tasas del 0% al 5,5%, en apenas un poco más de un año.
Pero hay otra preocupación que tienen los analistas y mercados: el déficit fiscal y los recursos para el cumplimiento de sus programas.
Como explica César Pabón, director de Estudios Económicos de Corficolombiana, Estados Unidos ha venido presentando consistentemente unos altos niveles de deuda, “y de hecho la proyección de déficit fiscal el próximo año y los siguientes es relativamente alta, y aunque tiene la ventaja de ser la economía más fuerte, esa incertidumbre está latente”.
Donald Trump en su campaña habló de reducir impuestos que, en el corto plazo, implica menos ingresos, pero a su vez, busca incrementar aranceles en materia de comercio exterior para proteger la producción local y contar, de paso, con recursos que le permitan mayores exenciones tributarias.
Buscará beneficios tributarios para las empresas, como en su mandato anterior en el que las tarifas pasaron de 35% a 21% y para en este periodo llevarlas al 15%, pero con una condición: solo para las empresas que fabriquen sus productos en Estados Unidos. En la otra cara de la moneda, va a recomponer cargas de aranceles a las importaciones, particularmente a las que vienen de China, en un porcentaje cercano al 20%. También anunció mayores aranceles a México del 25%, si no detiene la inmigración ilegal.
Como advierte AmCham Colombia, con Trump en el poder, lo que podría suceder en materia comercial es que Estados Unidos imponga aranceles a productos colombianos, -en parte, como estrategia para buscar contener la expansión de China en la región y en Colombia, en donde ha crecido de forma importante-. “Este escenario crearía fricciones en el comercio, pero, en principio, se priorizaría mantener el acuerdo de libre comercio y una estabilidad bilateral”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.
Además, hay que estar atentos a la evolución de iniciativas comerciales como los mecanismos incluidos en el proyecto de Ley de las Américas, presentado al Congreso de Estados Unidos en el primer trimestre de 2024, que demostró el interés de la política pública estadounidense con relación a la inversión en América Latina. Bajo esta legislación, se propone asignar hasta 70.000 millones de dólares en préstamos y subvenciones a empresas que consideren reubicar o acercar sus operaciones desde China hacia Estados Unidos o países de la región, con beneficios adicionales de un sistema de créditos fiscales por 10.000 millones para incentivar gastos de reubicación.
Adicionalmente, a nivel regional, Colombia hace parte de los países de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, una iniciativa del Gobierno estadounidense para aumentar la resiliencia en las cadenas de suministro y fomentar la cooperación en la región como respuesta a la mayor presencia económica de China.
“También hay que reconocer que estamos viendo que el concepto del nearshoring está evolucionando al friendshoring, esto quiere decir que las inversiones se están instalando en aquellos países con mayor afinidad política por encima de los que son logísticamente más eficientes”, aseguró Lacouture.
La postura de Donald Trump hacia Venezuela incluye una posible reversión a una estrategia de presión máxima, con la terminación de licencias especiales para empresas petroleras y un enforcement más agresivo de las sanciones existentes. Además, se critican a los gobiernos de la región que son percibidos como cercanos al régimen de Maduro. Con la afinidad política del gobierno colombiano con Venezuela, advirtió Lacouture, podría generarse una discusión ideológica, pues existiría una presión por parte de Estados Unidos para que Colombia se alinee ideológicamente.
En el caso de la salud, Trump ha propuesto reemplazar la llamada ley Obamacare, cuyo primer esfuerzo hizo en su administración pasada pero no lo logró.
Para hacerle frente a la inflación en su agenda está la reducción de los precios de la energía, levantando restricciones en la producción nacional de petróleo y gas natural.
En materia migratoria, eje fundamental para los países de América Latina por el peso cada vez mayor de las remesas que provienen de Estados Unidos en las economías de sus países, hay amenazas. Trump anunció la implementación de un plan para llevar a cabo “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”, dando lugar a la expulsión de migrantes en situación irregular y aquellos con antecedentes delictivos.
Según AmCham Colombia, esta iniciativa estaría orientada a restaurar la seguridad en comunidades y reforzar el respeto por las leyes de inmigración del país, donde quienes cumplen con las normativas legales puedan permanecer en el país. En seguridad fronteriza plantea completar el muro fronterizo y reforzar la seguridad en la frontera sur para lograr detención de la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Se desplegaría personal militar adicional y se implementarían políticas más estrictas para asegurar que la frontera de Estados Unidos sea robusta y proteja la soberanía nacional en torno a la seguridad de todos los ciudadanos.
En la lucha contra el narcotráfico, el enfoque del Partido Republicano prioriza una estrategia militarizada y de mano dura para abordar la seguridad y el narcotráfico. Incluye el apoyo a la erradicación de cultivos de coca y la realización de operaciones policiales y militares contra grupos transnacionales. Además, se ejerce presión sobre gobiernos no alineados mediante presión y amenazas, como la imposición de aranceles.
Las visiones generales enmarcan una presión considerable sobre Colombia para adoptar un enfoque punitivo y militar en la lucha contra el narcotráfico, que incluye la amenaza de descertificación.
Una eventual descertificación tendría un impacto alto porque no solo enviaría un mensaje de que Colombia ya no sería aliado en la lucha contra el narcotráfico, sino que se suspenderían programas de cooperación y apoyo financiero, además de ser un golpe reputacional para el país.