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¿Qué votan los chilenos en el plebiscito? Estas son las claves de la propuesta de constitución que se aprueba o rechaza en esta jornada electoral
La propuesta disminuye el peso del Estado, podría limitar algunos derechos, como el aborto terapéutico.
Los chilenos comenzaron a votar este domingo, 17 de diciembre, en un plebiscito para escoger “a favor” o “en contra” de una nueva propuesta de Constitución para reemplazar la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La propuesta disminuye el peso del Estado, podría limitar algunos derechos, como el aborto terapéutico, y endurece el trato a los migrantes con la expulsión “en el menor tiempo posible” de quienes estén en situación irregular.
Las encuestas, que no pueden divulgarse desde dos semanas antes de la elección, anticipan un triunfo de la opción “en contra”, aunque con un porcentaje de indecisos de dos dígitos que podría inclinar la balanza.
Estas son las claves del texto propuesto para una nueva constitución:
La nueva propuesta constitucional plantea que Chile es un Estado social y democrático que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales” a través de instituciones públicas y privadas.
1. Aborto e igualdad de género
El tema del aborto que ha logrado un avance en América Latina al ser considerado como un derecho es lo que mantiene divida a la sociedad chilena, pues la interrupción voluntaria del embarazo es uno de los puntos más conflictivos de la nueva propuesta-
El texto señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, reemplazando por la palabra “quien” el “que” de la formulación original. Además, el texto nombra como “niño” a “todo ser humano menor de dieciocho años de edad” y habilita la “objeción de conciencia”, un mecanismo que podría dificultar el acceso a la práctica.
Los colectivos feministas temen que el cambio de redacción de la nueva propuesta para proteger la vida “de quien” está por nacer podría allanar el camino para derogar el aborto en las tres causales aprobadas en 2017 (violación, riesgo de la vida de la madre o inviabilidad del feto). Además, denuncian retrocesos en materias de servicios sociales o participación política.
2. Migración y seguridad
El aumento de los delitos violentos -que los chilenos asocian a la llegada de migrantes extranjeros, en su mayoritaria venezolanos- es uno de los factores que está afectando la seguridad en el país.
Este es uno de los temas más polémicos al consagrar la expulsión de inmigrantes irregulares “lo antes posible”.
“La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos”, reza el documento.
3. Vivienda
En cuanto a este punto, por primera vez, se elimina el pago de impuestos y contribuciones sobre la vivienda. “El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial”.
La propuesta consagra el derecho “a la vivienda adecuada” y que el Estado “promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley”.
Uno de los temas polémicos en esta materia es la exención tributaria de la primera vivienda, una norma de gran apoyo popular, pero que beneficia solo a las personas de mayores ingresos. De manera infructuosa, la izquierda intentó eliminarlo.
4. Pueblos Indígenas y originarios
El reconocimiento a los pueblos indígenas está estipulado a este nuevo texto en el que dice: “como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible”, respecto al conflicto mapuche en el sur del país y a las demandas de esa comunidad. Además, a lo largo del texto hay una serie de menciones al terrorismo, al que declara “en cualquiera de sus formas (...) contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación”, además de reconocer “especialmente a las víctimas de terrorismo”.
5. Educación, salud y pensiones
El documento señala en cuanto a la educación “el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos” y el que “las personas tienen el derecho de abrir y desarrollar establecimientos educacionales” al tiempo que se garantiza el “financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”.
En cuanto a la salud, uno de los puntos más álgidos y polémicos que generó parte de las protestas el estallido social en 2019 en cuanto al acceso, el documento propone que “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas”, por lo que la ley establecerá un plan de salud universal y “será ofrecido por instituciones estatales y privadas”.
Sobre las pensiones indica que el Estado garantizará “el acceso a prestaciones básicas y uniformes a través de instituciones públicas o privadas”, y que la ley podrá establecer “cotizaciones obligatorias”. Tambiém afirma que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones” y el derecho“a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta”.
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