¿Quién se debería hacer cargo de los barcos con migrantes rescatados en el mar Mediterráneo?

Así lo anunció este martes el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, quien aseguró que su homólogo maltés, Joseph Muscat, le confirmó telefónicamente esta decisión si otros países de la Unión Europea (UE) aceptaban recibir a algunas de estas personas.

Además de las propias Malta e Italia, Francia y Portugal ya anunciaron que acogerán en sus territorios a parte del grupo de migrantes.

Según Conte, Muscat le dijo que "se investigará a la embarcación para averiguar su efectiva nacionalidad [lleva la bandera de Holanda] y si se han respetado las reglas de derecho internacional".

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Tras la reciente experiencia de la embarcación Aquarius, que finalmente fue recibida por España con más de 600 personas a bordo, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini —quien llamó "carne humana" a los migrantes— celebró el futuro desenlace de este caso.

_{Malta aceptó el desembarque del Lifeline si el resto de países de la UE aceptan recibir a parte de los migrantes a bordo. FOTO: EPA-BBC}

"¡Y dos! Después de que la ONG Aquarius fuese a España, ahora toca a la ONG Lifeline que irá a Malta, con esta nave fuera de la ley que finalmente será secuestrada. ¡Para mujeres y niños que huyen de la guerra las puertas están abiertas, para el resto no! #stopinvasión", publicó Salvini en Facebook.

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Por ello, algunas de las preguntas más comunes desde que estalló esta crisis en el Mediterráneo son: ¿quién es el responsable de acoger a los barcos de migrantes? Y ¿un país puede, en efecto, legalmente negarse a recibirlos?

La falta de una solución europea

De manera general, un país puede cerrar sus puertos en el ejercicio de su soberanía e impedir que un buque ingrese en su mar territorial (hasta 12 millas desde la línea de costa).

Una embarcación requiere de permiso para entrar en el mar territorial de un país. Una vez dentro, sin embargo, ya no puede ser rechazada por las autoridades por las necesidades de asistencia que puedan tener los pasajeros.

Pero, de manera paralela a este derecho de rechazo, el país debe cumplir también con la obligación internacional de acoger a quienes estén en peligro en el mar.

En otras palabras, muchos apuntan a que los países deben encontrar un equilibrio entre "responsabilidad" y "solidaridad" para cumplir con todas las leyes. Y llegar a un acuerdo sobre este balance será también una de las claves de la cumbre europea sobre migración que se celebrará este jueves en Bruselas.

Cuando la BBC solicitó a la Comisión Europea detalles sobre las responsabilidades legales de sus miembros sobre los buques que transportan migrantes, la institución remitió a este medio a las convenciones y leyes marítimas internacionales vigentes.

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Entre ellas, se encuentra el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 que indica que cualquier barco que tenga conocimiento de personas en peligro "debe proceder a su asistencia con toda la rapidez posible".

Además, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 dice que todo Estado que tenga un barco con su bandera izada debería exigir que dicho barco rescate a aquellos "en peligro" en el mar.

Por su parte, según la Organización Marítima Internacional, que ayudó a definir algunos de los principios que rigen las tareas de rescate en el mar, sus miembros también tienen la obligación de "coordinarse para que las personas rescatadas en el mar desembarquen en un lugar seguro lo antes posible".

Una cuestión de definiciones

Las normas fijadas sobre el papel tienen, sin embargo, varias interpretaciones a la hora de aplicarlas en la práctica.

Uno de los problemas suele ser cómo se define lo que es una situación de peligro, según Yves Pascouau, editor del sitio web de la Ley Europea de Migración que ofrece asesoramiento sobre asilo y la normativa de inmigración en toda la UE.

"Esto es una cuestión de interpretación", dice.

El Aquarius, por ejemplo, no se encontraba en dificultades mecánicas evidentes mientras se acercaba a las aguas maltesas e italianas, por lo que esos países "no consideraron que la definición de peligro se cumplía".

Además, las autoridades maltesas habían proporcionado algo de comida y agua a las personas que estaban a bordo.

Sin embargo, el barco transportaba a más de cien menores no acompañados y varias mujeres embarazadas, con muchos de ellos durmiendo a la intemperie.

Las ONG que operaban el buque argumentaron que no permitirles atracar en Italia y hacer que las personas a bordo pasaran más días en el mar para llegar hasta España los exponía a mayores dificultades.

Vacíos legales

También hay diferentes interpretaciones sobre lo que se considera llevar a los migrantes a "un lugar seguro", y si eso significa exclusivamente su desembarque en tierra.

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"No hay obligación de recibir a los sobrevivientes en tierra para un Estado responsable de una zona específica de búsqueda y rescate o de coordinar las tareas de rescate", dice Ainhoa Campas Velasco del Instituto de Derecho Marítimo de la Universidad de Southampton, en Reino Unido.

En el caso del Aquarius, por ejemplo, era Italia quien lideraba dichos trabajos, ya que el Centro de Coordinación del Rescate Marítimo de la Guardia Costera de Roma es el encargado de coordinar estas acciones cuando recibe un aviso de emergencia en aguas internacionales del Mediterráneo más allá de las zonas de búsqueda y rescate de cada país.

Sin embargo, Campas Velasco señala que las consideraciones humanitarias también deben formar parte de las operaciones de búsqueda y rescate.

Organizaciones de derechos humanos dicen que los migrantes enfrentan serios peligros en Libia a manos de las milicias y grupos que se dedican al contrabando de personas. También argumentan que las personas que huyen de la guerra y la persecución tienen derecho al asilo.

Sin embargo, es importante recordar que la recepción de los migrantes en busca de asilo en un país no se traduce automáticamente en su permanencia en el mismo.

En el caso del Aquarius, por ejemplo, España anunció que los migrantes serían entrevistados uno a uno para saber si son susceptibles de protección y advirtió que aquellos que sean inmigrantes económicos podrían ser expulsados.

"Servicio de taxis"

Las discusiones entre los Estados europeos sobre cómo gestionar el flujo de migrantes han sido una constante durante varios años, en gran parte como resultado de las normas que establecen que los refugiados deben solicitar que se les reconozca esa condición en el primer país de la UE al que lleguen.

Esto, argumentan Italia y Grecia, significaba que tenían que asumir la responsabilidad de la inmensa mayoría de quienes llegaban por mar.

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Por ello, el primer ministro italiano ya adelantó que esta semana presentará en Bruselas una propuesta basada en que "quien desembarca en las costas italianas, españolas, griegas o maltesas, desembarca en Europa", aludiendo a la responsabilidad del bloque.

Italia, destino de la mayoría de los migrantes procedentes del norte de África, exige sanciones de la UE para los países que se niegan a aceptar un sistema de cuotas como el Grupo de Visegrad —Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia—, que rechaza a recibir inmigrantes de otros Estados.

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, le dijo a la BBC que este tipo de barcos nunca volverían a ser admitidos en los puertos de su país y calificó a los buques operados por las ONG como "servicio de taxis" para migrantes.

Salvini critica la labor de estas organizaciones, sobre las que ya adelantó está considerando tomar medidas por considerar que animan a los migrantes libios a salir de su país de manera irregular por realizar sus rescates en barco cada vez más cerca de la costa.

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En los últimos días, tanto Italia como Malta criticaron a la embarcación de Lifeline por considerar que "ignoró las instrucciones" cuando se le indicó que no interviniera en el rescate porque se iban a encargar los guardacostas libios.

Hungría, liderada por el populista y euroescéptico primer ministro Viktor Orbán, dio un gran paso en esa dirección al aprobar la semana pasada —en el Día Mundial del Refugiado— un paquete de medidas criminalizan y castigan con penas de cárcel a quienes ayuden a los inmigrantes irregulares.