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ESPAÑA

Rajoy advierte a ETA que su disolución no le dará impunidad

El jefe del gobierno español Mariano Rajoy advirtió este jueves a la organización separatista vasca ETA que no debe esperar impunidad por su inminente disolución que pondrá fin a la última insurrección armada de Europa occidental tras décadas de violencia.

3 de mayo de 2018

"Haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes", advirtió el dirigente conservador de España que ha rechazado cualquier diálogo con la banda tras su llegada al poder en 2011.

"No consiguió nada cuando dejó de matar porque su capacidad operativa fue liquidada por las fuerzas de seguridad y tampoco va a conseguir nada ahora con nuevas operaciones de propaganda", añadió en un acto en Logroño (norte), cerca del País Vasco.

Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco, acusado de reprimir la cultura vasca, ETA dejó una estela de violencia con al menos 829 personas muertas a lo largo de cuatro décadas en su campaña por la independencia del País Vasco y Navarra.

Catalogada como grupo terrorista por la Unión Europea, ETA mató en atentados con bomba o tiros en la nuca a políticos, policías, militares, juristas y civiles, y también recurrió a secuestros y extorsiones.

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Pero golpeada por los sucesivos golpes policiales y ante el rechazo generalizado de la población, la organización renunció en 2011 a la violencia y el año anterior aseguró haber entregado sus armas a las autoridades francesas.

"Un nuevo ciclo político" 

Su adiós definitivo debería llegar con este vídeo en el que, según la prensa española, podría reaparecer Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, un veterano dirigente de ETA huido de la justicia desde 2002.

El miércoles ya se difundió una carta fechada el 16 de abril en que ETA aseguraba que "ha disuelto completamente todas sus estructuras" y que "ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función" para propiciar "un nuevo ciclo político".

La carta estaba dirigida a personalidades que mediaron para poner fin a la violencia, como el exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan o el exlíder del Sinn Féin irlandés Gerry Adams, según un miembro del gobierno regional vasco que espera para este jueves el anuncio formal.

El anuncio de la disolución será seguido de una "conferencia internacional" el viernes en el País Vasco francés, donde son esperados Gerry Adams y representantes de partidos españoles, pero donde no estarán ni el gobierno español ni el francés.

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"ETA se lo debía a la sociedad vasca y al conjunto de la humanidad", afirmó el presidente regional vasco, el nacionalista Iñigo Urkullu, en una entrevista al diario El País.

"Nunca debió existir", afirmó el dirigente vasco.

Víctimas insatisfechas

Pero tras cuarenta años de atentados, las heridas siguen abiertas. En San Sebastián (norte), una de las ciudades más golpeadas por ETA, Las organizaciones de víctimas exigieron el miércoles que la banda asuma sus crímenes y ayude a esclarecer los 358 asesinatos no dilucidados.

Políticos españoles y las víctimas se indignaron ante el mensaje de la organización el pasado 20 de abril en el que sólo pidió perdón por las víctimas "sin responsabilidad" en el conflicto, dando a entender que los asesinatos de policías y militares eran legítimos.

Y el combate se centra ahora en el relato: mientras independentistas defienden que lo ocurrido fue una lucha entre insurgentes y opresores del pueblo vasco, las víctimas y los historiadores recuerdan que ETA continuó matando, incluso con más virulencia, tras la muerte del dictador (al menos 786 personas).

La cuestión de los presos

Si bien la inmensa mayoría de la sociedad vasca rechaza la violencia, una minoría sigue reclamando la independencia. La coalición separatista Bildu, segunda fuerza del Parlamento regional, obtuvo 21% de los votos en las regionales de 2016.

Bildu y el partido nacionalista PNV de Urkullu reclaman que los alrededor de 300 presos de ETA que cumplen sus condenas en España y Francia sean acercados a sus familiares.

Por contra, al menos 62 personas del entorno independentista murieron a manos de grupos parapoliciales y de ultraderecha, según el informe Foronda de la Universidad del País Vasco, y existen más de 4.100 denuncias por torturas policiales entre 1960 y 2014, según otro estudio del gobierno vasco. 

Estas víctimas piden reconocimiento.

"Si tú no reconoces una parte del sufrimiento, es muy difícil crear una convivencia y la reconciliación. Es muy difícil cuando hay heridas abiertas", señala Ane Muguruza, de 28 años.

Su padre, Josu, diputado regional de Herri Batasuna, el brazo político de ETA, fue asesinado en 1989 por unos ultraderechistas que, según ella, tenían apoyo del gobierno español.

Al momento de su desaparición, entre 85 y 100 miembros de ETA se mantienen en fuga, según el Foro Social, una organización próxima a las familias de los presos.