RECICLANDO LA FEROCIDAD

Mientras decenas de policías les apuntaban a la cabeza, pero no disparaban sobre ellos y las cámaras de televisión filmaban prolijamente la escena, y la transmitían en directo al público de Lima, cuatro patibularios reclusos quemaron vivo a un rehén, dispararon a boca de jarro a otro y torturaron con un puñal a un tercero.
Provistos de fusiles con miras telescópicas, los tiradores de "alta precisión" de la policía apuntaban continuamente a los reclusos amotinados en el penal "El Sexto", mientras esperaban una autorización ministerial que demoró casi quince horas. Por su inevitable brevedad, el asesinato con un balazo en el abdomen del maduro y gordo vigilante civil de prisiones Rolando Farfán (todos los televidentes vieron cuando su camisa se infló levemente en la espalda al salir el proyectil) no impactó tanto como ver a Walter Corrales Sánchez acuchillado repetidas veces en una pierna, mientras, tendido en el techo, trataba de escapar.
Durante largos tres minutos, el recluso (con un trapo atado a la cabeza en señal de desafío) mostraba el puñal a las cámaras de televisión y luego lo hundió en los muslos y hurgaba, buscando el tendón. Lo volvía a extraer, gritaba a los millones de teleespectadores que quería parlamentar con las autoridades, y nuevamente hería, con ensañamiento.
El intento de fuga fue organizado por Luis García Mendoza (29 años), alias "Pilatos", Eduardo Centenaro, "Lalo" (32 años) y Luis Alberto Zavaleta, "Bocón" (35 años). Los mismos que el pasado 2 del presente mes efectuaron un similar intento de fuga con captura de rehenes. En esa oportunidad sorprendieron a un policía, le quitaron su revólver y luego capturaron a un vigilante civil. Ambos fueron mostrados ante las cámaras de televisión a punto de ser degollados por el borde afilado de una botella rota.
El fiscal Benjamín Madueno, los convenció después de horas de parlamentar, y se rindieron. "Nosotros sabíamos que volverían a intentar la fuga y estábamos preparados", comentó el general Julio Niño Ríos, jefe de la Guardia Republicana, cuerpo policial a cargo de la vigilancia de penales. Sin embargo, "Lalo", "Pilatos" y "Bocón", consiguieron, en veinte días, tres revólveres, abundantes municiones y cartuchos de dinamita, así como una decena de compañeros que sumaron sus puñales y su desesperada rabia. "No estamos en condiciones de explicar cómo ingresaron esas armas a la cárcel... Los presos fabrican puñales con cualquier objeto metálico, pero las armas de fuego, las balas y los explosivos tuvieron que ser traídos desde afuera", admitió Carlos Infantes, director del penal.
La dirección general de penales, dependiente del ministerio de Justicia, emitió un comunicado oficial que podría dar comienzo a una sorda batalla política por el control de las prisiones del país, pues responsabiliza a la Guardia Republicana por el ingreso de armas a las cárceles. Según dicho comunicado, los únicos que ingresan a las cárceles sin ser revisados son los miembros de la Guardia Republicana. El ministro de Justicia, Ernesto Alayza Grundy, expresó recientemente que las drogas y armas que ingresan a los penales, son introducidas por personal de dicho cuerpo policial. A su vez, el ministro de Justicia (a quien el Presidente Fernando Belaúnde no aceptó su renuncia) es reponsabilizado por el fiscal Madueno, pues la dirección de penales, dependencia a su cargo, situó a los avezados criminales en "El Sexto" una cárcel de menores condiciones de seguridad y los mezcló con delincuentes primarios sin aislarlos preventivamente.
El Fiscal Superior condenó también al ministro de Justicia "por no haber aceptado parlamentar con los reclusos amotinados, llevándolos a la desesperación, sin reparar que ponían en peligro la vida de catorce rehenes entre empleados civiles del penal y otros presos". "Es indiscutible que los presos fueron conducidos al descontrol emocional por la negativa de las autoridades a negociar, así como por el escenario televisivo que se montó con ellos", añade el siquiatra Max Hernández. Luego agrega que debe investigarse el papel que juegan, en la proliferación de las formas delincuenciales violentas, la prensa amarilla, que convierte en héroes folletinescos a los atracadores, y la televisión, que les otorga el excitante de la notoriedad. "La delincuencia es un mundo con valores distorsionados, en donde la inestabilidad humana, la falta de escrúpulos y la violencia son patrones de conducta... Los presos amotinados tenían un televisor encendido y podían verse así mismos cometiendo los salvajes actos de crueldad, en un reciclaje de ferocidad, así como los dispositivos de seguridad que se montaban en torno de la cárcel", añade.
Otro factor que los psicólogos recomiendan tomar en cuenta para entender la crueldad extrema que cometieron los amotinados de "El Sexto" es la violencia oficial, el abuso físico y las torturas que se descargan contra los reclusos en las cárceles peruanas. "Los vigilantes de las cárceles no son angelitos... son sádicos. Como se les paga muy poco y en los penales los presos no tienen ningún derecho, salvo el que pueden comprar con el soborno, los corrompidos vigilantes torturan físicamente a los presos que no les pagan, los humillan hasta hacerlos enloquecer. Delante de ellos, orinan sobre la comida que les llevan sus familiares", describe Víctor Avendaño, director de un programa radial.
Por su parte, los guardias republicanos, responsables por la vigilancia externa de los penales, apalean a los presos hasta inutilizarlos "preventivamente" cuando tienen que trasladarlos o desatan "requisas" supuestamente en busca de armas y drogas que son aprovechadas para robarles a los presos sus radios, relojes, ropas y dinero. "Durante las requisas, los guardias republicanos entran sorpresivamente a los pabellones, sacan a culatazos a los presos, los obligan a tenderse desnudos en el patio, y luego corren sobre sus espaldas, pateándoles la cabeza a los que se quejan o protestan", refirió a este corresponsal, Carlos Manuel Vargas, un ex recluso. Miguel Castro, alcalde de la cárcel de "Lurigancho", la más importante de Lima, está enjuiciado por utilizar un lanzallamas para castigar a los presos que protestaban porque se les habían suspendido las visitas. Tres reclusos murieron a consecuencia de las quemaduras.
Después de 15 horas de horror, la Guardia Republicana fue autorizada a entrar al rescate de los rehenes. Su eficacia pudo medirse aritméticamente: los amotinados eran trece reclusos, y los presos muertos se elevan hasta el momento a 22, y hay, además, otros presos heridos de gravedad. Provistos de chalecos antibalas, con máscaras antigases, y luego de disparar bombas de gases lacrimógenas y un spray paralizante, los policías de la Guardia ingresaron disparando sus armas cortas. Los rehenes (uno de ellos, Carmen Amelia Ríos, herida en el cuello por una bala cuyo origen no se determinó) dice que cuando se produjo el asalto policial quienes los tenían cautivos los soltaron y corrieron hacia el interior, para confundirse con los demás internos. Algunos de los amotinados fueron capturados vivos, entre ellos "Lalo" a quien los televidentes vieron caminar, por sus propios pies, hacia un coche celular de la policía. Ahora figura en la lista oficial de los muertos, con dos balazos en el cráneo.
El ministro de Justicia, Ernesto Alayza, quien declaró ser contrario a la pena de muerte, admitió que el destino de "Lalo" aparentemente ejecutado por la Guardia Republicana mientras era conducido a otro penal, merecía una investigación judicial. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Percovich, expuso una hipótesis que los analistas locales consideran inverosímil, pero que ha sido explotada con fruición por la prensa oficialista: La posibilidad de que el intento de fuga hubiera sido financiado por los narcotraficantes y que el cerebro de la abortada evasión fue un preso político. El Ministro aludía a Guillermo Porto Cárdenas, conocido como "Mosca Loca", uno de los más ricos traficantes de cocaína (exportaba la droga a Colombia, usando una avioneta que alguna vez prestó al actual primer mandatario, Fernando Belaúnde Terry, para que hiciera su campaña electoral) y al ingeniero agrónomo Antonio Díaz Martínez, sindicado por la policía como el "ideólogo" de la organización guerrillera y terrorista "Sendero Luminoso".
Es claro que el ministro del Interior no aseguró tajantemente esta teoría. Se limitó a insinuarla como posible, porque fueron rehenes de los amotinados. Pero la suerte que corrieron ambos es marcadamente diferente: "Mosca Loca" fue encontrado muerto, con un puñal clavado en el cuello y las orejas cortadas, según la versión de la policía. Por su parte, Díaz Martínez, aparentemente ileso, salió junto con los otros rehenes, luego de cubrirse la cara con un trapo húmedo, para librarse de los gases lacrimógenos.
Los parientes de Díaz Martínez que temen por su vida luego de las insinuaciones del ministro del Interior, sostienen que el trapo húmedo le salvó la vida, porque no fue reconocido por los guardias hasta encontrarse bajo el refugio de las cámaras de televisión. El trato diferente dispensado a ambos presos tomados como rehenes por los violentos amotinados, es explicado como una demostración de las pautas de valoración social de la delincuencia peruana. Para ellos, el narcotraficante -que ostentaba una situación de privilegio mediante millonarios y constantes sobornos, y manejaba la cárcel a su antojo, y tenía una celda especial, lejos de la hedionda miseria de los pabellones comunes, con refrigeradora, whisky, televisor a colores, y las visitas femeninas que se le antojara- era la personificación del poder social y económico.
Según esta explicación, Díaz Martínez, un profesor universitario de 49 años, de aspecto apacible y calmado, no fue herido por los amotinados por esa aureola de respeto que tradicionalmente tienen en el Perú los delincuentes comunes por los presos políticos, especialmente por los que están, real o supuestamente, vinculados con las organizaciones que combaten violentamente contra el poder del Estado.