Por qué es tan polémica y generó tantas protestas la reforma de las pensiones aprobada en Argentina

El martes en la madrugada las cacerolas volvieron a sonar en las calles de Buenos Aires después de un largo día de violentas protestas y un paro general que paralizó gran parte de la ciudad.

Fueron los primeros "cacerolazos" -la manifestación favorita de las clases medias y altas en Argentina- que enfrentó el presidente Mauricio Macri.

El mismo que hace menos de dos meses recibía, en esos mismos barrios, un fuerte espaldarazo electoral con un arrasador triunfo en los comicios legislativos de medio término.

¿Qué cambió? Una reforma legislativa, propuesta a las apuradas por el Ejecutivo, que afecta a una de las poblaciones más queridas y vulnerables del país: los abuelos.

"¡Macri no te metas con nuestros viejitos!" y "¡Con los jubilados no!", decían algunos de los mensajes de quienes salieron a las calles para hacer oír su voz.

El objeto de la crítica era una reforma previsional que cambió la fórmula que se utiliza para calcular las jubilaciones y pensiones.

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Un tema técnico y aburrido que pocos en Argentina entienden de fondo y que podía haber sido aprobado sin ruido excepto por un detalle: el nuevo cálculo hará que los jubilados cobren menos.

Al menos en marzo próximo, cuando toca el próximo aumento.

Con la fórmula anterior los jubilados iban a recibir un alza del 15% en marzo. Ahora la subida será de menos de la mitad.

Ese solo guarismo alcanzó para generar una ola de críticas contra el gobierno por parte de quienes aseguran que Macri se está aprovechando de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad para realizar su tan odiado "ajuste".

Algo que el mandatario negó enfáticamente el martes, durante una conferencia de prensa que -inusualmente- convocó para hacer frente a las masivas protestas contra la reforma, que el Congreso sancionó en la mañana del martes tras 17 horas de debate.

El sistema

¿De qué trata realmente esta reforma que generó no solo los "cacerolazos" sino también un paro general de la principal central obrera (CGT) y violentos ataques contra el Congreso, mientras sesionaba, que dejaron 162 heridos, 88 de ellos policías?

Para entender la reforma primero hay que entender el complejo sistema previsional argentino.

Un sistema que entrega 8 millones de jubilaciones y pensiones y que representa el 40% del gasto total del país.

¿Por qué afirma el gobierno que el sistema es insostenible y puede quebrar al Estado?

Por varios factores. El primero es que, al igual que en muchas otras partes del mundo, la población se ha envejecido y no hay suficientes trabajadores en actividad para sostener a quienes se jubilaron.

En Argentina -gracias además al altísimo nivel de empleo informal, cercano al 50% - hay poco más de un trabajador activo por cada jubilado y pensionado (según los expertos, para sostener el sistema debería haber cerca de tres).

Pero el país sudamericano tiene además otros problemas: la mayoría de sus jubilados y pensionados no hicieron aportes al sistema antes de retirarse.

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) del total de 8 millones, solo 3 millones hicieron aportes al Estado. El resto recibe la prestación sin haber hecho los 30 años de contribuciones que suele exigir todo sistema previsional.

¿Cómo se explica? Por las 3,6 millones de "jubilaciones por moratoria" y las 1,3 millones de "pensiones no contributivas" que entregó el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno (2003-2015).

Una nueva "bomba"

A eso, que muchos expertos consideran una "bomba de tiempo" para el Estado, hay que sumarle una segunda "bomba" que le explotó al gobierno de Macri pocos días antes de asumir.

Fue hace dos años, concretamente dos días después de que Macri ganara la presidencia, en noviembre de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia votó un fallo que modificó sustancialmente la forma en que se financia la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el ente que gestiona el sistema previsional.

La Corte determinó que el Poder Ejecutivo ya no podría seguir usando dinero que le correspondía a las provincias y que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner usaba para financiar a la Anses.

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Jorge Colina, jefe de investigadores de Idesa, dijo a BBC Mundo que ese dinero representaba cerca del 20% de la financiación del ente jubilatorio.

Es en este contexto que el gobierno de Macri acordó con los gobernadores de las provincias -muchos de ellos peronistas- una reforma del sistema previsional y también del sistema impositivo.

No obstante, el jefe de Estado aseguró este martes que las reformas buscan "cuidar a nuestros jubilados".

"Lo que hemos hecho es garantizar no seis meses o un año, sino durante los próximos años una fórmula que los defienda contra el peor mal que han sufrido, que es la inflación", dijo.

Nuevo cálculo

El nuevo método de actualización de jubilaciones y pensiones tomará como parámetro en un 70% la inflación y en un 30% el aumento de salarios del sector formal.

Así volverá a tomar en cuenta la inflación, algo que no estaba contemplado en la fórmula que se implementó en 2009, cuando el organismo que mide la inflación estaba intervenido por el gobierno y las escaladas de precio ya ponían a Argentina entre los países con más inflación del mundo.

Esta fórmula, que ahora será reemplazada, se basaba mitad en el salario y mitad en la recaudación de impuestos que se derivan a la Anses.

Los críticos del gobierno aseguran que la nueva modalidad perjudicará a los jubilados, como puede verse en lo que ocurrirá en marzo, cuando sus ingresos aumenten en menos del 6% en vez del 15% que subirían usando la fórmula anterior.

Pero expertos como Colina aseguran que ese desfasaje es solo un "empalme" transitorio y que a partir del segundo semestre de 2018 no habrá diferencias entre los sistemas de cálculo.

Otros analistas privados creen que la reforma afectará -aunque no de manera severa- a quienes obtuvieron su jubilación sin hacer aportes, ya que la nueva ley garantiza que quienes sí lo hicieron recibirán no menos del 82% del valor del salario mínimo, un piso que se había aprobado por ley en 2010 pero que fue vetado por Cristina Kirchner, quien dijo que esa cifra "quebraría al Estado".

Por su parte, el gobierno buscó calmar las aguas y para asegurarse la sanción de la reforma prometió que otorgará por decreto un bono especial para saldar la diferencia de ingresos en marzo.

¿Por qué le conviene al Estado esta reforma?

"El gobierno está buscando recortar el enorme déficit público y reducir la inflación. Cuando disminuís la inflación la recaudación crece más", explicó Colina.

Según los técnicos, estos cambios le ahorrarán al Estado unos US$5.600 millones.

El economista aseguró que para "proteger" a los jubilados tiene más sentido atar los aumentos a la inflación y no a la recaudación de la Anses, que se reducirá tras el acuerdo con las provincias. "Además así se hace en todo el mundo", señaló.

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No obstante, Colina enfatizó que este cambio de fórmula es una mejora que no resuelve los problemas de fondo del sistema previsional.

En un documento publicado en la página de Idesa, la institución considera que estas nuevas reglas, sumadas a la implementación de un plan de reparación histórica que está actualizando los haberes que fueron mal liquidados en el pasado, "contribuyen al ordenamiento del sistema previsional".

Sin embargo, advierte que "no le devuelven sostenibilidad".