MUNDO
Régimen de Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea
El régimen le dio a Isabel Brilhante Pedrosa 72 horas para que abandone Venezuela.
Venezuela declaró persona no grata y expulsó a la embajadora de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Brilhante, dándole 72 horas para dejar el país tras nuevas sanciones del bloque contra funcionarios venezolanos, anunció este miércoles el canciller Jorge Arreaza.
“Hoy, por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brilhante (...) la declaratoria como persona non grata”, dijo Arreaza frente a la prensa después de reunirse en Caracas con la diplomática.
“Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano”, añadió.
El régimen de Maduro respondió así a sanciones contra 19 funcionarios, entre ellos Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela; Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); y dos congresistas.
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Ello luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraude por los mayores partidos políticos opositores y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. La votación dio al partido del gobierno y sus aliados 256 de 277 escaños del Parlamento.
Arreaza calificó de “ilegales” las medidas. “Ojalá que haya reflexión en la Unión Europea, ojalá podamos reconstruir los puentes de entendimiento, de diálogo, ojalá que aprendan a respetar”, expresó el canciller.
Ya el pasado 29 de julio, después de otro paquete de sanciones, Maduro declaró persona no grata a Brilhante Pedrosa y le dio entonces 72 horas para abandonar el país. Sin embargo, cuando se cumplía ese plazo, el régimen dio marcha atrás, pero pidió “gestos” del bloque a cambio.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que desde entonces ha aprobado medidas contra 55 funcionarios venezolanos, que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y la congelación de activos.
El pasado lunes, la Unión Europea añadió 19 funcionarios venezolanos a la lista de sancionados y logró un acuerdo político para medidas contra funcionarios rusos por el proceso judicial contra el opositor Alexis Navalni y contra militares birmanos por el golpe de Estado.
En el caso de Venezuela, se trató de la quinta tanda de medidas restrictivas adoptada por la UE.
“A la vista de la grave situación que persiste en Venezuela”, los diplomáticos concluyeron que “debe incluirse a diecinueve personas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas”.
De esta forma, el número de venezolanos que son objeto de sanciones de la UE ascendió a 55.
“Las personas añadidas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”, apuntaron los ministros de Exteriores de la UE en una nota.
En Twitter, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, apuntó en su momento que el régimen rechazaba la decisión que “impone de manera arbitraria medidas coercitivas unilaterales” contra los funcionarios.
De acuerdo con Arreaza, la decisión de adoptar sanciones expresó la “frustración” de la UE por el fracaso de su “agresión contra nuestro pueblo”.
Por otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue sancionado hace pocas horas por la Contraloría General de ese país junto a otros 27 exdiputados del Parlamento, por supuestamente negarse a entregar una declaración juramentada respecto al patrimonio que posee cada uno.
“Algo tienen que ocultar. Sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos”, dijo Elvis Amoroso, contralor de Venezuela, en entrevista con la cadena nacional.
Por lo tanto, Guaidó y sus compañeros quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 15 años, en una sanción que también cobija al exdiputado Julio Borges, quien ejerce como comisionado del presidente interino para las relaciones exteriores, o Sergio Vergara, quien fuera mano derecha del líder opositor.
“Es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador, que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público”, agregó Amoroso.
*Con información de AFP
