Reino Unido pide a sus ciudadanos salir de Birmania ante aumento de represión a la prensa

El gobierno de Reino Unido aconsejó este viernes a sus ciudadanos que dejen Birmania, donde la opresión de la junta continúa endureciéndose, especialmente contra la prensa, y Rusia manifestó su preocupación por el “número creciente” de víctimas civiles.

Desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, la junta militar que asumió el poder lidia con un movimiento de protesta sin precedente, al que trata de frenar de forma cada vez más violenta, recurriendo incluso a la munición real. De momento, al menos 70 manifestantes han muerto, nueve de ellos el jueves.

“Crece la evidencia” de que el ejército y sus oficiales de alto rango “cometen probablemente crímenes contra la Humanidad, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, persecución, tortura y encarcelamientos en violación de (...) la ley internacional”, declaró el jueves el principal experto de la ONU sobre Birmania, Thomas Andrews, ante el Consejo de Derechos Humanos.

La junta también ha aumentado su represión contra la prensa y este viernes fueron inculpados cinco periodistas, incluyendo un fotógrafo de la agencia Associated Press, que habían sido detenidos el mes pasado mientras cubrían una manifestación en Rangún.

Acusados de “causar temor, propagar noticias falsas o cuestionar directa o indirectamente a un empleado del gobierno”, podrían ser condenados a entre dos y tres años de cárcel, según la nueva ley aprobada por la junta.

Esta semana, la junta ordenó redadas en las oficinas de varios medios de comunicación y revocó las licencias de publicación de algunos de ellos.

Entre los arrestados figura también un periodista polaco, según indicó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país europeo, que afirmó que sus diplomáticos estaban intentado contactar con él “de forma urgente”.

Frente a una situación “cada vez más violenta”, el ministerio británico de Relaciones Exteriores aconsejó a sus ciudadanos que se encuentren en Birmania, una excolonia británica, que “abandonen el país por medios comerciales, a no ser que tengan una necesidad urgente de quedarse”.

Por su parte, Moscú, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo, manifestó el viernes su preocupación ante el “creciente número de víctimas en el seno de la población civil”, declaró Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, calificando la situación de “alarmante”.

“Payasadas”

Y mientras que las manifestaciones continúan, la junta ofreció una rueda de prensa el jueves, algo muy inusual, para acusar de corrupción a la exjefa del gobierno civil Aung San Suu Kyi, que ganó las elecciones del pasado noviembre.

Según el portavoz de los militares, el exministro encargado de la región de Rangún, Phyo Min Thein, encarcelado después del golpe, confesó que le había dado a Suu Kyi 600.000 dólares en metálico y 1 kilogramo de oro, valorado en 680.000 dólares.

Pero el viernes, Khin Maung Zaw, el abogado de la premio nobel de la paz, rechazó esas acusaciones, afirmando que son “infundadas”. “Esta historia de dólares y de lingotes de oro es la más divertida de todas las payasadas” inventadas hasta ahora por la junta para ensuciar la imagen de su clienta, declaró a la AFP.

La junta también acusa a Suu Kyi de poseer unos walkie-talkies sin licencia y de haber violado las restricciones impuestas contra el coronavirus durante la campaña electoral.

Suu Kyi, que no ha sido vista en público desde que fue arrestada el 1 de febrero, debe comparecer ante un tribunal el lunes, informó su abogado, que denunció que no ha podido contactar con ella en privado desde su detención.

Desplazamiento forzado

Decenas de policías de Birmania y sus familias huyeron a India, informaron el viernes funcionarios de seguridad, y uno de ellos dijo a la AFP que las autoridades birmanas están “golpeando y torturando” a los manifestantes.

Las autoridades militares de Birmania están reprimiendo con creciente dureza las protestas diarias contra el golpe de Estado del 1 de febrero, con al menos 70 muertos, según el máximo experto en derechos de la ONU sobre el país.

Desde entonces, un flujo creciente de personas, muchas de ellas policías que se niegan a participar en la represión, cruzaron la frontera hacia el estado nororiental indio de Mizoram.

Hasta el viernes, un total de 264 personas lo habían hecho, entre ellas 198 policías y sus familiares, indicaron funcionarios de seguridad.

Con AFP.