Relator de la ONU está preocupado por estado de excepción en Honduras; ha sido prorrogado varias veces

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, manifestó este viernes su preocupación por el estado de excepción vigente en Honduras para combatir la delincuencia.

“Observamos con gran preocupación el estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre” porque se han registrado “violaciones de los derechos humanos”, afirmó el funcionario, al dar un informe preliminar de su visita de diez días al país centroamericano.

Añadió que en la medida ordenada por la presidenta Xiomara Castro, ampliada hasta julio próximo, “urge establecer un marco legal sólido que regule el uso de la fuerza por todas las fuerzas de seguridad” para evitar abusos.

El estado de excepción se asemeja a la medida dictada por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en el país vecino.

La norma permite “realizar algunas aprehensiones o realizar algunos allanamientos sin tener previamente una orden judicial”, según el decreto ejecutivo.

Tidball-Binz afirmó que en Honduras “persiste el patrón de atentados contra la vida y muertes ilícitas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad”.

“Para que los hechos no se repitan”, demandó investigar la violencia contra las mujeres, incluidos los feminicidios, periodistas, defensores de derechos humanos y de la tierra y las muertes de personas LGBTIQ+.

Dijo que visitó la zona del Aguán, en el noreste del país, donde diputas de tierras entre terratenientes y campesinos cobraron la vida de 62 personas entre enero de 2018 y abril de 2023.

“Allí pude constatar con grave preocupación la alta incidencia de conflictividad generada por el acceso a la tierra y los recursos naturales”, expresó el relator, de nacionalidad chilena.

Recomendó la creación de un instituto de Medicina Legal independiente, autónomo y dotado de recursos, porque ahora las mismas autoridades sospechosas de cometer crímenes se encargan del inicio de las investigaciones. Este proyecto ya está en el Congreso.

Tidball-Binz explicó que visitó el país por invitación del gobierno hondureño y su investigación abarcó desde la desaparición de cientos de personas en la década de 1980, el golpe de Estado de 2009 y la crisis poselectoral por la cuestionada reelección del presidente Juan Orlando Hernández 2017.

Indicó que presentará su informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio del 2024.

El estado de excepción ya ha sido prorrogado varias veces por el gobierno desde diciembre del año pasado. La penúltima de ellas fue hasta pasado mes de mayo y cobijaba a 123 de los 298 municipios del territorio.

Más recientemente, el gobierno repitió la operación, de modo que la medida regirá hasta el 5 de julio en el mismo número de poblaciones.

De acuerdo con la cifras de la policía, este estado de excepción ha permitido desmembrar a más de 150 bandas criminales y decomisar 2.263 armas de fuego, 4,895 libras de marihuana, 475 kilos de cocaína, 1,372 vehículos y 6,441 motocicletas. De igual modo, se han ejecutado 3,445 registros de viviendas y 3,134 órdenes de captura.