¿Renunciará de nuevo EE.UU. a procesar un oficial mexicano investigado por narcotráfico?

Hace un par de semanas, una jueza de distrito de la corte de Brooklyn aceptó la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos de desestimar los cargos por narcotráfico y corrupción contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa mexicano. Cienfuegos, que era conocido como el cerebro detrás de la campaña contra el narcotráfico de la administración de Enrique Peña Nieto, fue enviado a México como un hombre libre, bajo la promesa de que las autoridades abrieran una pesquisa judicial en su contra. La decisión sorprendió a todos, ya que rompió la larga tradición estadounidense de procesar por su cuenta a los posibles criminales vinculados con el tráfico de drogas.

Ahora, solo un par de semanas después, el Gobierno mexicano quiere probar de nuevo su suerte. Esta vez, la Fiscalía de la República solicitó la extradición de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, investigado también por vínculos con el narcotráfico. Desde México argumentan que hay un expediente en su contra, y que es allí donde debe rendir cuentas por sus delitos. Si Estados Unidos acepta la petición, sería la segunda vez en un mes que renuncia a procesar y condenar a altos funcionarios mexicanos investigados y detenidos en su territorio por nexos con carteles de la droga.

A pesar de las similitudes de los dos casos, hay varios factores que los diferencian. Salvador Cienfuegos es un jefe militar protegido fielmente por su estamento y, en extensión, por el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), cercano a las fuerzas militares. Se dice que las fuerzas armadas presionaron al Gobierno mexicano para solicitar su retorno, esgrimiendo que su detención violaba la confianza entre ambos países, pues a México nunca se le notificó sobre la indagación en su contra.

Los expertos coinciden en que, más allá de estos argumentos, desde México fueron muy insistentes con la advertencia de que el asunto, manejado hasta ese momento de manera unilateral por los delegados de Trump, ponía en peligro la cooperación transparente en defensa y seguridad entre vecinos. Según algunos medios, incluso amenazaron con retirar del país a los agentes de la DEA en suelo mexicano.

La situación de García Luna es diferente. El exfuncionario ha sido objeto de críticas por parte de Amlo y, en caso de ser condenado, sería la prueba andante de la corrupción durante el Gobierno de Felipe Calderón que tanto ha denunciado López Obrador. Por ello, es probable que si Washington concede la extradición, el Gobierno presione para que la Justicia adelante exitosamente un proceso en su contra. En el caso de Cienfuegos, las posibilidades de que sea condenado o incluso procesado son casi nulas.

A pesar de este panorama, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dirigido por William Barr, cedió a las presiones de las autoridades mexicanas y aceptó la petición sobre Cienfuegos “en reconocimiento a la fuerte sociedad en materia de procuración de justicia entre ambos países”. Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de seguridad, fuerzas armadas y relaciones entre ese país y Estados Unidos, le dijo a SEMANA que es “la primera vez que Washington sobrepone cuestiones políticas y diplomáticas a un proceso judicial”. Por su parte, Vanda Felbab-Brown, experta en seguridad de Brookings, considera que la decisión afecta la credibilidad de la justicia en Estados Unidos. Para ella, “el manejo de la situación fue extraordinariamente inusual. Consternó a funcionarios judiciales que piensan que es una violación intolerable a lo que se ha hecho por décadas y debilitó los esfuerzos en contra del tráfico de drogas”.

Frente a la petición de extradición de García Luna, es difícil adivinar la respuesta de Washington. Bajo la administración de Trump, es posible que la Justicia lo vea con buenos ojos, sobre todo por la conocida buena relación entre el magnate y López Obrador, lo cual fue decisivo en el caso de Cienfuegos. Si el asunto se tramita durante el periodo de Biden, puede que también se conceda la solicitud. Pero en este escenario, la Casa Blanca presionará en mayor medida a las autoridades mexicanas para que adelanten una investigación en su contra, al igual que con Cienfuegos. Si México falla a esta promesa, la relación con Biden empezará con el pie izquierdo.