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Represión del régimen de Maduro no para: aumenta la detención de opositores a meses de las elecciones presidenciales
En los últimos días, el régimen venezolano emprendió su cruzada contra los miembros de la posición política. Mientras tanto, defienden las detenciones asegurando que planean complots contra el Gobierno.
En medio de una teoría conspirativa lanzada por el gobierno dictatorial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este año se han detenido a por lo menos 34 personas en el vecino país, siendo estas acusadas de delitos tan graves como traición a la patria y terrorismo. Según la administración venezolana, los opositores estarían haciendo un complot para eliminar al mismo Maduro, así como a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros funcionarios de la dictadura.
El caso más reciente que levantó la indignación internacional fue el de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos con experiencia en asuntos militares, seguridad y defensa, y su expareja Alejandro González de Canales, militar retirado. Ambos han sido encarcelados en instalaciones que han sido denunciadas como lugares de tortura por aquellos que han estado detenidos allí.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab habló sobre la detención de San Miguel y de miembros de su familia, asegurando que no constituye una violación de los derechos humanos ni una desaparición forzada de la activista, esto a pesar de las férreas críticas por parte de la defensa y varias organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, así como de miles de usuarios en redes sociales.
El fiscal venezolano afirmó que la detención se llevó a cabo dentro del marco legal y con estricto apego a la ley, con la realización de una audiencia de presentación antes de emitir la orden de arresto. “Su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”, aseguró en una declaración a la prensa Saab, quien sostiene que la activista fue “delatada por los militares detenidos” en el caso.
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La vivienda de San Miguel fue allanada este miércoles por agentes de Contrainteligencia Militar, informó uno de sus abogados, Joel García. Fueron confiscados, según dijo, un iPad y viejos mapas de “zonas de seguridad” que la activista usaba cuando daba clases en institutos militares.
Según datos de la ONG Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), que tiene una larga trayectoria en la defensa de víctimas de desaparición, se han registrado 2.227 ataques contra organizaciones y sus representantes entre 2018 y 2023, siendo los últimos tres años los más críticos con un aumento en las campañas de descrédito y el uso de la desaparición forzada como un mecanismo estatal.
Estas nuevas detenciones han provocado un gran revuelo a nivel internacional, sobre todo debido a las diferencias en su cobertura mediática. Por ejemplo, en isla de Margarita, se conoció el caso de Carlos Salazar, el hombre que grabó a Álex Saab en una tienda y compartió el video en sus redes. Sin embargo, ya se ha dado a conocer su paradero, sin que haya más detalles sobre su estado de salud.
Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han instado a Nicolás Maduro a cumplir con el acuerdo de Barbados firmado con la oposición en octubre, así como a respetar los derechos civiles y las garantías, lo que incluye la liberación de los presos políticos. Según el registro de la organización Foro Penal, la cantidad de presos políticos supera los 270.
La toma de estas medidas arbitrarias durante un período electoral indudablemente incrementará las tensiones con Washington. Los Estados Unidos, por su parte, han amenazado al régimen venezolano de volver a aplicar sanciones a la industria del petróleo y carbón en caso de que no se restablezca la candidatura de María Corina Machado de aquí al 18 de abril.
Aunque la advertencia sobre la reinstalación de sanciones está vinculada principalmente al contexto electoral, en Estados Unidos se interpreta el arresto de opositores como otra violación del acuerdo de Barbados. Esto complica aún más las negociaciones confidenciales que se están llevando a cabo para buscar una resolución al conflicto.
Con la detención de San Miguel, el número de arrestados en el caso Brazalete Blanco asciende a 19, quedando pendientes 15 órdenes de arresto, según detalló Saab, quien denunció una “feroz campaña” internacional contra la justicia venezolana.
La detención de San Miguel entra dentro de un esquema que expertos denominan “puerta giratoria”, que consiste en concretar excarcelaciones al mismo ritmo en que se practican nuevos arrestos. “A través de unas negociaciones del Acuerdo de Barbados se liberaron unas personas y ahora se vuelve a encarcelar otras”, declaró a la AFP Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, que defiende a “presos políticos”.
En diciembre pasado, diez estadounidenses y 24 venezolanos fueron excarcelados en Venezuela tras un acuerdo suscrito entre el Gobierno y la oposición de cara a las elecciones presidenciales, previstas para este año, pero aun sin fecha fijada, en las que Maduro aparece como candidato natural a la reelección.
A cambio, Estados Unidos liberó a Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente y enjuiciado por lavado de dinero en ese país. “Ya es costumbre que se inventan casos en contra de personas para justificar supuestos atentados”, añadió Romero, que estimó que el Gobierno ha optado por pagar “un costo político bien alto”.
*Con información de AFP.
