Represión y sangre sostienen a Maduro en el poder

Un día y una orden bastaron. Con la activación del Plan Zamora, el gobierno de Maduro aumentó el saldo de muertos en protestas en casi 50%, con tres nuevos nombres para un total de ocho, hasta el 19 de abril. “Mi hijo no aguantó, mataron a mi muchacho. Yo lo quería ver graduado”, lloraba Ana Moreno, madre del primer asesinado el 19 de abril, Carlos José Moreno, de 17 años, al enterarse de su muerte.

Sus lágrimas mojaban la indignación por el primer resultado de la nueva orden autoritaria de Maduro, quien defiende sus poderes absolutos en materia política dados por el autogolpe de hace un mes, con más represión militar. El Plan Zamora instaura en el país in virtual estado de excepción pues se autorizó la detención de manifestantes, aun cuando estuvieran dispersados y de regreso a sus casas, y reprimir "focos terroristas o guarimbas", lo que significa la instauración de un virtual estado de excepción. Todo ello según el radiograma de la Región Estratégica de Defensa Integral 3 Los Llanos No.000108.

“Claro que tengo miedo, pero temo más perder mi libertad por completo”, se quejaba el 20 de abril Fernando Díaz, ingeniero de Caracas que salió a manifestar contra “el gorilato” que pretende “acabarnos a todos”. Con sus 28 años, decidió enfrentar la represión en las calles pues “igual esos delincuentes nos van a querer matar, sea con armas o sea de hambre”.

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Fue uno de los participantes de la marcha que convocó la oposición al día siguiente de la jornada más sangrienta vivida durante las continuas protestas que acumulan ya 20 días. Una que dejó tres asesinatos además de 521 arrestos en todo el país, según la ONG Foro Penal, para un total de 1.000 detenciones en apenas dos semanas, en una cuenta que no deja de crecer.

Carlos José Moreno, en Caracas, y Paola Ramírez, de 23 años en Táchira, murieron por disparos a la cabeza. La oposición acusa a colectivos armados del chavismo, que se han convertido en fuerza de choque del oficialismo. Pero el gobierno se defendió alabando la represión de su fuerza pública ante “los violentos” y acusó a un antichavista por la muerte de Ramírez.

El tercer muerto fue un guardia nacional, el sargento Niumar José Barrios, quien recibió un disparo en el rostro durante una protesta que se tornó violenta en San Antonio de los Altos, adyacente a Caracas. Se trató del primer militar muerto en las protestas que ya acumulan 20 días en Venezuela, y casi 50 efectivos policiales o militares heridos.

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Pero el asunto no quedó allí. La madrugada del viernes, en zonas residenciales en Petare, El Paraíso, El Valle y Candelaria en la capital, los vecinos manifestaron su descontento. La respuesta fue la represión absoluta, remarcada luego por civiles armados, según denuncias ciudadanas y videos en redes sociales. En Petare se produjo un muerto por disparo de arma larga, presuntamente de un guardia nacional. En El Valle, tres caídos más por balazos cuando los sucesos se convirtieron en disturbios y saqueos. No se ha señalado a uniformados por esos tiros, solo a civiles no identificados.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo el jueves que la Fuerza Armada debe “hacer valer su propia razón de ser porque no puede haber grupos paramilitares”, y el gobernador de Lara Henri Falcón dijo el 13 de abril tener pruebas de complicidad al afirmar que “más de 80 motorizados encapuchados salen del Core 4 de la Guardia Nacional bajo el amparo de la PNB y la GNB para sembrar miedo y zozobra”.

La represión finita

La oposición sigue marchando en el día y protestando en las noches, muchas veces sin convocatoria partidista, sino como iniciativa vecinal. Indignación, cansancio, rabia y dolor se mezclan con las secuelas de inhalar tantos gases tóxicos. Las protestas no discriminan. Líderes y simpatizantes se mezclan sobre el asfalto para “tragar gas del bueno” y pelear contra Maduro.

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La cuenta de heridos aumenta a diario, algunos de gravedad pues los represores recrudecen sus ataques, disparando perdigones a quemarropa y lacrimógenas directas al cuerpo. Se han reportado varios casos de fracturas craneales por impacto de bombas tóxicas disparadas por uniformados.

Se trata de la intensificación de la acción militar para repeler a un pueblo determinado en el marco del Plan Zamora activado por Maduro “en su fase verde”. La operación incluye la activación de todos los componentes militares y policiales, así como amplio permiso para arrestos masivos en manifestaciones públicas, según un acta oficial del Ministerio de Interior del 18 de abril que ordena a la Guardia Nacional tomar control de todas las policías regionales.

En el Plan Zamora participan también civiles, incluyendo dirigentes comunales del partido de gobierno, el PSUV. En enero de 2016 el comandante General de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, dijo que el plan implica “la incorporación del pueblo para ejercitar la transición de la actividad social normal al Estado de conmoción interior o exterior”. El 17 de abril pasado, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció la creación e incorporación de los cuerpos de combatientes de esa tolda a la Milicia Bolivariana a la que Maduro ordenó entregarle fusiles.

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En el PSUV ha comenzado a circular un Manual del Combatiente Revolucionario que señala a los dirigentes de la oposición con fotografías, datos personales y direcciones de sus residencias. El diputado chavista Pedro Carreño dijo el martes 18 en televisión que “el pueblo ya sabe a dónde tiene que ir” al momento de responder a una agresión a Maduro.

La represión cansa

La línea de defensa uniformada de Maduro pudiera tener grietas. De hecho, en el Alto Mando Militar no se confía en que los soldados estén tan “rodilla en tierra” con el Presidente. “El primer indicio surgió en febrero, cuando el ministro Padrino distribuyó entre el generalato la Guía de Planeamiento 2017. En el lineamiento 12, instruyó a los jefes de unidades para que diseñen políticas ‘para incentivar la permanencia’, atacar la deserción, las bajas y hacer énfasis en el empleo adecuado del personal militar’. En el punto siguiente, Padrino prevé que con los recursos disponibles no podrán llenar las plazas, y ordenó que algunas de ellas sean reasignadas a efectivos de tropa profesional”, revela Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en temas militares.

El investigador afirma que el 11 de abril, la Región Estratégica de Defensa Integral de Los Llanos admitía que el pie de fuerza de la Guardia Nacional sería insuficiente para atender una situación de protesta generalizada, pedía incorporar soldados de la Policía Militar del Ejército, así como sus equivalentes en la Armada y la Aviación. “Y todavía esto no es suficiente. Las deserciones y ‘permanencias arbitrarias fuera del cuartel’ son cada vez más frecuentes”, añade el integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.

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El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ha dicho en reiteradas oportunidades que el objetivo de mantener la protesta en las calles “no es enfrentarse a los uniformados, sino lograr que los uniformados se enfrenten con su conciencia”. El lunes 17 de abril el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que los militares mantenían una lealtad “incondicional” a Maduro.

¿Hay golpe?

Nicolás Maduro se niega a contarse en elecciones, y las de gobernadores llevan casi cinco meses de retraso. Todas las encuestas nacionales afirman que el chavismo perdería en todas las regiones del país.

Por eso el Presidente se escuda en denuncias de un golpe de Estado impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, cambiando el tono con respecto a la administración de Donald Trump que se había mantenido públicamente cordial. Lo afirmó el martes 18, horas después de que se diera a conocer la donación de 500 mil dólares que hizo su gobierno para la investidura del magnate como Presidente.

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El miércoles, Maduro anunció la captura de ‘El Jefferson’, supuesto líder de una banda terrorista que tenía armas y explosivos. Pero Andreína Pérez, quien salió a manifestar el jueves 20 en Caracas, cree que “eso es puro cuento, yo no soy golpista, yo quiero es votar para que estos delincuentes se vayan”, según dijo antes de enfrentar la cruda represión que sufrió junto a otros cientos de personas desde temprano en la mañana.

Dos días antes, corrió por redes sociales el video de tres militares venezolanos de bajo rango desconociendo la autoridad del Presidente, y Maduro aseguró que se estaba desmantelando un “complot”, al detener a un cabecilla y perseguir a un grupo de efectivos “que estarían vía Colombia” además de unos oficiales retirados.

El supuesto dirigente es el vicealmirante retirado Manuel Pérez Rodríguez, comandante de la Infantería de Marina hasta 2014 cuando fue dado de baja luego de denunciar a sus superiores la actuación conjunta de civiles armados y la Policía Nacional Bolivariana en labores de represión. En 2016 llevó los señalamientos a la Asamblea Nacional y agregó que en los cuarteles hay “injerencia cubana”.

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Javier Mayorca afirma que “desde marzo pasado están siendo ventilados ante los juzgados militares de Caracas dos grandes casos que involucran a oficiales activos del Ejército. Ya no son generales o coroneles sino oficiales subalternos. El último caso involucra a más de veinte. Básicamente tenientes y primeros tenientes. Les imputan rebelión militar y traición a la Patria. Es el mismo expediente en el que aparece investigado el general de brigada retirado Ángel Vivas. Tres de los señalados habrían desertado, e incluso se investiga si salieron del país. Los demás permanecen recluidos en la cárcel de Ramo Verde”.

Pero en la oposición política ni se habla de ello. "No puede llamarse golpista a quienes estamos pidiendo elecciones libres", insistió el líder Henrique Capriles el miércoles cuando llamó a continuar las protestas en la calle pues "ante el Plan Zamora tenemos el Plan Constitución. A más represión más lucha". Las protestas ya no ocurren solo por convocatoria partidista, sino que se producen espontáneamente en distintas ciudades del país, obligando a la represión incluso en horas de la madrugada.

*Corresponsal de SEMANA en Venezuela