Revive en la ONU una iniciativa que obligaría a justificar uso del veto en el Consejo de Seguridad

Liechtenstein convocó este martes -19 de abril- a los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU para debatir un proyecto de resolución, apoyado por Washington, que obliga a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad a que justifiquen su recurso al veto, en un intento de limitar su uso.

Este antiguo proyecto ha sido relanzado en medio de la invasión rusa de Ucrania. Gracias a su derecho al veto, Moscú paraliza cualquier intento del Consejo de Seguridad de declaración de condena pese a que su misión es garantizar la paz mundial, tal como lo contempla la Carta de Naciones Unidas.

El proyecto de Liechtenstein, copatrocinado por medio centenar de países entre ellos Estados Unidos, México y España, aunque por ninguno de los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Rusia, China, Francia y Reino Unido), debería ser sometido a votación próximamente, según diplomáticos.

El Consejo de Seguridad cuenta con otros diez miembros no permanentes que no disponen de derecho a veto.

Obtenido por la AFP, el texto prevé una convocatoria de la Asamblea General “en los diez días laborables siguientes a la oposición de uno o de varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para realizar un debate sobre la situación en la que se ha realizado el veto”.

295 vetos desde 1946

Entre el medio centenar de copatrocinadores (que se comprometen a votar a favor de la resolución), figuran Ucrania, así como Japón y Alemania, dos Estados que aspiran a un puesto permanente en un eventual Consejo de Seguridad ampliado que represente de manera más realista al mundo actual.

Por el momento, se desconocen las posiciones de India, Brasil o Sudáfrica, otros pretendientes a un puesto permanente en el órgano.

Aunque no copatrocina el texto, Francia votará a favor, según un diplomático. La posición de Londres, Pekín y Moscú se desconoce.

Desde el primer veto que realizó en 1946 sobre el caso sirio y libanés, Rusia ha recurrido 143 a esta prerrogativa, por delante de Estados Unidos (86 veces), Reino Unido (30), China y Francia (18 veces cada uno).

“Estamos particularmente preocupados por la tendencia vergonzosa de Rusia a abusar de su derecho a veto en las últimas dos décadas”, subrayó en un comunicado la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. La adopción de la resolución de Liechtenstein “será una etapa importante hacia (...) la transparencia y la responsabilización de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad”, asegura.

Para limitar el recurso al veto y tras haberlo utilizado en 1989 por última vez, Francia propuso en 2013 desistir voluntariamente en caso de “crímenes masivos”. Pese a haber sido defendida por México y apoyada por un centenar de países, hasta ahora, esta propuesta no ha tenido seguimiento.

El proyecto referido tiene una gran importancia, en tanto, a diferencia de las resoluciones emitidas por la Asamblea General de la ONU, las emanadas del Consejo de Seguridad de la Organización, sí tienen un carácter vinculante, es decir, su cumplimiento es obligatorio.

ONU frente a la guerra en Ucrania

La medida que puso sobre la mesa Liechtenstein, tendría una gran importancia, en tanto, abriría la puerta a eventuales resoluciones de la ONU que podrían ser emitidas, gracias a que sus miembros permanentes no podrían frenarlas salvo una debida justificación, como ha pasado en escenarios como el que actualmente se vive en el mundo por cuenta de la invasión a Ucrania.

Lo anterior, en tanto, pese a que, a comienzo del presente mes, la ONU emitió una resolución condenatoria de la invasión rusa a Ucrania, en la que se exige incluso el retiro inmediato de las tropas usurpadoras, esta no cuenta con el carácter vinculante, pese a haber logrado el voto positivo de 141 de los estados miembros, y solamente 5 votos en oposición.

En dicha resolución, se advertía la violación del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, en el que se prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado.