Venezuela
¿Revocatoria al mandato de Maduro? Opositores buscarán activar un referendo contra el líder chavista
Un grupo de ciudadanos radicará ante el Consejo Nacionalo Electoral de Venezuela la solicitud para iniciar el proceso.
La oposición venezolana continúa buscando fórmulas para la salida del poder del presidente Nicolás Maduro en medio de la crisis social y económica que atraviesa ese país.
Este martes se conoció que el exgobernador del Táchira César Pérez Vivas, junto a otros dirigentes de la oposición, oficializará el Movimiento Venezolano por el Revocatorio.
De acuerdo con el exfuncionario, el Movimiento se inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como una agrupación de ciudadanos para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, teniendo en cuenta las normas previstas en el ordenamiento interno de ese país y promover este tipo de mecanismos de participación popular.
“Este 24 de mayo se cumplen tres años de la juramentación de Maduro como presidente ante la asamblea nacional constituyente, lo que alteró el artículo 231 de la Constitución, que fija el 10 de enero como la fecha del inicio del período presidencial”, señaló.
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Movimiento Venezolano por el Revocatorio tiene el fin de consignar la solicitud para activar el mecanismo regulado en el artículo 72 de la Constitución Nacional, que trata de la facultad que tienen los ciudadanos para revocar del mandato de un funcionario electo, cuando este ejerce sus funciones de forma contraria a lo establecido.
“Es un movimiento ciudadano que estamos integrando personas de diversos orígenes políticos, gremiales, profesionales, académicos, dirigentes de la sociedad civil y dirigentes estudiantiles”, expresó Vivas.
Oposición denuncia traslado de “presos políticos” a cárceles comunes
De otra parte, dirigentes opositores denunciaron este miércoles en Venezuela el traslado de “presos políticos” a cárceles comunes, tras un decreto del presidente Nicolás Maduro.
El decreto 4.610, publicado en Gaceta Oficial del 12 de mayo, instruye a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio de Inteligencia (SEBIN) a “transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días”.
Estos organismos eran responsables de la custodia de la mayoría de los más de 300 detenidos que la ONG de derechos humanos Foro Penal, crítica del chavismo, considera “presos políticos”.
La opositora Delsa Solórzano, rechazando el decreto, expresó que la situación “es de suma gravedad debido a que las cárceles de Venezuela se cuentan entre las más peligrosas del mundo”.
Solórzano indicó que maneja una lista con al menos siete detenidos ya enviados a las cárceles del Rodeo II y Yare, en el estado Miranda (norte), y otra más extensa con arrestados que podrían ser blanco de futuros traslados. “Las familias tienen mucho miedo”, le dijo a la AFP.
El decreto se firma en momentos en que gobierno y oposición han mostrado disposición a reanudar negociaciones políticas, proceso al que le antecedió precisamente la liberación de opositores encarcelados.
“No nos estamos dando cuenta de que esto es también para la comunidad internacional”, destacó Solórzano. “El hecho de que haya prisioneros políticos también se evidencia en el lugar de reclusión. Si tú los tratas como presos comunes, son presos comunes”, agregó.
El gobierno de Maduro niega la existencia de “presos políticos” en Venezuela y acusa a los opositores arrestados de “terrorismo” y planes para derrocar o asesinar al mandatario.
Una misión de la ONU que denunció en septiembre de 2020 “crímenes de lesa humanidad” en Venezuela alertó en marzo sobre nuevas “detenciones arbitrarias” de “personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores”.
Maduro enfrenta además una investigación preliminar en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de una ola de protestas que pedían la salida del presidente chavista y que dejaron más de un centenar de muertos.
El gobierno socialista ha tachado el caso de una “gran farsa”, mientras que en las últimas semanas han sido imputados y condenados miembros de las fuerzas del orden público involucrados en esas muertes.
Con información AFP
