Se acaba la huelga de hambre en Venezuela
Más de 150 estudiantes terminaron la protesta luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos invitara a una delegación del movimiento a Washington para escuchar sus preocupaciones.
Otra de las razones por las cuales los estudiantes decidieron poner fin a la huelga es la liberación bajo ciertas condiciones de presentación ante tribunales del estudiante Julio César Rivas, quien estuvo preso por participar en protestas contra la aprobación de una polémica ley de educación.
Este miércoles el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, mostró su preocupación por la situación de los estudiantes e instó al gobierno de Venezuela a que autorizara a la CIDH visitar el país.
Sin embargo, autoridades del país suramericano habían catalogado esta protesta como una pantomima y se han negado a permitir el ingreso de una delegación de la CIDH.
Anahí Aradas, de BBC Mundo en Caracas, había informado este martes que el embajador de Venezuela ante la OEA declaró que la huelga de hambre buscaba "complacer" a los medios de comunicación privados y a los que "conspiran" contra el gobierno.
Anuncian marcha
En todo caso, el movimiento estudiantil que protagonizó la protesta anunció una marcha para este próximo sábado a favor de la liberación de los que ellos consideran presos políticos.
Se trata de comisarios de la policía, periodistas y políticos que están en prisión por diversos delitos.
Según organizaciones de derechos humanos locales se estima que unas 40 personas están en prisión, la mayoría de ellas esperando juicio por delitos relacionados con su participación de protestas contra el gobierno del presidente Hugo Chávez.
Los estudiantes aseguraron tras levantar la medida que la CIDH ratificó su intención de
visitar Venezuela para corroborar sus denuncias de la existencia de "presos políticos".
Según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano más de 2.000 opositores al gobierno han sido procesados en los últimos siete años por cargos relacionados a su participación en protestas.
Según la fiscal general, Luisa Ortega, las personas que han sido detenidas cometieron delitos que van desde la perturbación de la paz hasta ataques a efectivos de la policía.
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