Se agrava la crisis en Perú: piden renuncia de Dina Boluarte, mientras se cierran aeropuertos y Pedro Castillo busca quedar libre

En Perú ya se cumplió una semana desde que se agudizó la crisis política que ha hecho eco durante meses, y que tras los recientes hechos, sigue incrementando su nivel. En medio de pedidos de renuncia para la recién juramentada presidenta, Dina Boluarte, y un llamado a elecciones anticipadas, transcurren los días en la nación andina.

Este jueves entró en vigencia el estado de emergencia, dispuesto por un mes, para intentar ‘apaciguar los ánimos’, y luego de que se registraran al menos ocho muertos y cientos de heridos durante las protestas. Son varias las terminales aéreas que han cerrado temporalmente ante el riesgo de disturbios, entre ellas el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, el Aeropuerto de Juliaca y el Aeropuerto Mendívil Duarte, en Ayacucho.

Se suspenden las operaciones “ante la advertencia de las Fuerzas Armadas sobre la llegada de un grupo de manifestantes que se aproximará (...) poniendo en riesgo la seguridad de nuestros pasajeros, personal y toda la comunidad aeroportuaria (...). Se suspenden estas operaciones previstas para hoy: 6 vuelos desde y hacia Ayacucho que afectarán a 900 pasajeros”, se lee en un comunicado.

El sector de transportes no ha sido el único afectado por los choques y tensiones, también el educativo. El Ministerio de Educación confirmó que para esta jornada quedaban suspendidas las clases en la región metropolitana de Lima. Una decisión que busca salvaguardar la integridad de estudiantes y personal administrativo.

“Las actividades (...) programadas en las instituciones públicas y privadas, de educación básica, técnico productiva e institutos y escuelas de educación superior” de la capital “se desarrollarán en modalidad de distancia los días 15 y 16 de diciembre. Se exhorta a los directivos a garantizar el cumplimiento de las horas efectivas de labor pedagógica de los docentes”.

Alcance del estado de emergencia

La medida está vigente por 30 días, a nivel nacional, y se puso en marcha cuando el día anterior se cumplió una semana desde que Pedro Castillo fue destituido como presidente y quedó bajo custodia policial. Con esta normativa quedan suspendidos los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, así como la libertad de tránsito.

Inicialmente, el Ejecutivo había hecho esta declaratoria solamente para las provincias de Apurímac, Arequipa e Ica; no obstante, este miércoles se decidió extenderla en todo el territorio luego de que las protestas continuaran sin señales de ceder. Entre el 7 y el 13 de diciembre se confirmó la detención de 71 ciudadanos en zonas como Lima, Arequipa y Apurímac.

Así las cosas, el Gobierno también anunció la emergencia en la Red Vial Nacional, de forma que el Ejército puede reforzar los puntos estratégicos del país como carreteras, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras.

Turistas, varados por protestas

Este jueves representa un día crucial para Pedro Castillo ante audiencias para evaluar si se adelantan elecciones generales y abordar el futuro judicial del exmandatario. Mientras tienen lugar las sesiones, trascendió que son cientos los turistas varados en Machu Picchu, en el marco de las protestas. La suspensión de trenes dejó inmovilizados a visitantes en el poblado Aguas Calientes.

“Estamos ahora en Aguas Calientes y no podemos volver a Cusco y salir para otro país por las protestas. Estoy con niños, para mí es un problema (...). Solo quiero ir con seguridad para otro país. El tren de Perú Rail me envió información que no hay tren”, dijo a AFP Gale Dut, una ciudadana israelí.

De acuerdo con la municipalidad de Machu Picchu, aproximadamente 779 turistas de diferentes nacionalidades se encuentran varados desde el martes. ”Tenía que salir de Cusco (el martes) en tren y tomar un vuelo a Lima para volver a casa, pero ahora no es clara la situación”, afirmó un turista belga.

*Con información de AFP y Europa Press.