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Se confirma la embarrada del gobierno de Gabriel Boric; le dio indulto a manifestantes que no cumplían requisitos
Al igual que en Colombia, en Chile también se les dio indulto a personas que estaban privadas de la libertad por cometer actos de vandalismo.
La portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, reconoció y confirmó el incumplimiento de los requisitos marcados para conceder el indulto a manifestantes detenidos en el marco del estallido social de noviembre de 2019.
Sin embargo, a pesar de estos criterios, el Gobierno concedió durante los últimos días de 2022 el indulto a más de una decena de manifestantes, entre los que se encontraba Lis Castillo, quien había sido condenado previamente por cinco delitos comunes entre el año 2005 y 2017, según recoge la cadena de televisión T13.
“Ese segundo criterio fue el que no se cumplió. Fruto de una serie de desprolijidades de las que, evidentemente, se asumieron las responsabilidades políticas [...] Efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”, remarcó Vallejo.
Estas “desprolijidades” a las que se refiere la portavoz del Ejecutivo ya provocaron la semana pasada la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también la de Matías Meza-Lopehandía como jefe de Gabinete. El propio Boric salió entonces al paso para reconocer que cuando se dan este tipo de situaciones, se deben “asumir responsabilidades”.
Pese a todo, Vallejo ha incidido en la legalidad de los indultos, más allá de que no se haya cumplido uno de los requisitos marcados por las autoridades. Así, rechazó frontalmente la petición de algunos miembros de la oposición de revocar dichas medidas de gracia.
Le llovieron críticas a Boric por los indultos que otorgó
El mandatario hizo uso de una facultad especial que le concede su figura como jefe de Estado para indultar a un grupo de 12 personas, arrestadas durante el estallido social de 2019.
Adicional a la docena de detenidos se suma el exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna (de 48 años), quien fue condenado en 2003 a 16 años de cárcel, imputado por robo en una sucursal bancaria en la comuna de Pudahuel. En ese entonces, su defensa dijo que la sentencia se había basado en “pruebas falsas”.
En los últimos días, el veredicto del Ejecutivo no ha estado alejado de cuestionamientos, pues según ahondó El Mercurio, el Gobierno tuvo conocimiento de que por lo menos cinco de los 12 indultados tenían antecedentes penales previos a las protestas de 2019. Uno de los puntos en los que gira la discusión es cuán a detalle se analizó cada caso, y qué se tuvo en cuenta según el prontuario particular.
El beneficio que los dejó en libertad contempla varias salvedades bajo las cuales, por ejemplo, no puede aplicarse cuando el solicitante “no hubiere cumplido a lo menos dos tercios de la pena en los casos de reincidentes, de condenados por dos o más delitos que merezcan pena aflictiva y por los delitos de parricidio, homicidio calificado, infanticidio, robo con homicidio previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal y elaboración o tráfico de estupefacientes”.
Presidente Gabriel Boric @GabrielBoric: "El indulto a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que me otorga la Constitución y las leyes"
— Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻♂️🏳️🌈 (@R_SaavedraM) January 3, 2023
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En ese sentido, el exministro del Tribunal Constitucional chileno, Enrique Navarro, explicó que “esa facultad debe ejercerse de manera muy excepcional y a través de un acto administrativo debidamente fundado (decreto supremo) y que fundamente suficientemente las razones humanitarias u otras especialísimas que justifiquen el indulto”, recogió El Mercurio.
Uno de los indultos que ha generado mayor polémica es el otorgado a Luis Castillo, quien según Bio Bio Chile acumula cinco condenas y 26 procesos judiciales, aparte de su participación en el estallido social. Allí fue acusado de propiciar ataques en el Registro Civil de Copiapó y saqueos.
“Cada vez que se indulta a alguien, se está indultando a alguien condenado, los indultos no son ni políticas de seguridad, ni reemplazan los procesos judiciales [...] Siempre son personas que tienen un reproche de la Justicia y son personas que no por ser indultadas dejan de tener ese reproche”, recogió Bio Bio.
*Con información de Europa Press.