Estados Unidos
Senado de EE. UU. aprobó la ley clave de Biden para el cambio climático y la salud
Estas nuevas leyes impulsarán, entre otras cosas, el uso de vehículos eléctricos y paneles solares.
Tras 18 meses de negociaciones, el Senado de Estados Unidos aprobó este domingo -7 de agosto- un ambicioso plan de Joe Biden para el clima y la salud, ofreciendo una significativa victoria al presidente, a menos de 100 días de las cruciales elecciones.
Solo con sus votos, los demócratas adoptaron este programa de 430.000 millones de dólares de inversiones, que retornará a la Cámara de Representantes para una votación final, antes de ser promulgado por Biden. Biden celebró la decisión del senado y reconoció que no todos están contentos con el resultado final.
“Ha requerido muchos acuerdos”, dijo Biden en un comunicado en el que agregó que “la Cámara de Representantes debería aprobarla lo antes posible y estoy deseando firmarla para que se convierta en ley”.
Vehículos eléctricos
Producto de dificultosos compromisos con el ala derecha del Partido Demócrata, la iniciativa, bautizada “ley de Reducción de la Inflación”, incluye 370.000 millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 40 % antes de 2020. Con esta reforma, cada estadounidense recibirá hasta 7.500 dólares en créditos fiscales por la compra de un coche eléctrico.
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La instalación de placas solares en los techos será reembolsada en un 30 %. Esta reforma permitiría fortalecer la resiliencia de los bosques frente a los monstruosos incendios que asolan el oeste del país, cuya multiplicación se ha atribuido directamente al calentamiento global.
También se ofrecerán varios miles de millones de dólares en créditos fiscales a las industrias más contaminantes para ayudarlas en su transición energética, una medida fuertemente criticada por la izquierda del partido, que tuvo que alinearse detrás de este texto al no poder alcanzar un acuerdo más ambicioso.
Biden ha debido resignarse a que los enormes planes de reformas con que llegó al poder fueran por la negativa a votarlos de un senador de su propio campo, el sumamente moderado Joe Manchin.
En vista de la muy escasa mayoría demócrata en el Senado, Manchin, electo por West Virginia, un estado conocido por sus minas de carbón, ha adquirido prácticamente un derecho de veto sobre estos proyectos. A fines de julio, el líder de los demócratas en el Senado finalmente logró, sin embargo, arrancarle un compromiso.
Reclamos desde los republicanos
El sábado, los senadores comenzaron finalmente a debatir el texto en el hemiciclo durante quince horas ininterrumpidas y dispusieron decenas de enmiendas.
Tanto la oposición republicana, que considera muy caro el plan del gobierno, como el ala izquierda demócrata, que querría que fuera más ambicioso, aprovecharon esa oportunidad para formular sus planteos.
El influyente senador de izquierda Bernie Sanders presentó varias enmiendas que apuntan a reforzar el aspecto social del texto, que en los últimos meses fue considerablemente recortado.
El texto prevé 64.000 millones de dólares de inversión en salud y la reducción paulatina del precio de ciertos medicamentos, que en Estados Unidos pueden llegar a ser hasta diez veces más caros que en otros países ricos. Pero los progresistas tuvieron que abandonar sus ambiciones de guarderías y universidades públicas gratuitas y una mejor atención a los ancianos.
“Millones de jubilados seguirán con los dientes podridos y no recibirán las dentaduras, audífonos o anteojos que se merecen”, criticó Sanders y agregó que “este proyecto de ley no resuelve en nada este problema”.
Pero el campo demócrata, ansioso por implementar este plan antes de las peligrosas elecciones legislativas de noviembre y ofrecer una victoria a un presidente con un índice de popularidad anémico, se unió y rechazó la gran mayoría de las enmiendas.
Paralelamente a estas inversiones masivas, el proyecto de ley pretende reducir el déficit público con un nuevo impuesto mínimo del 15 % para todas las empresas cuyas ganancias superen los mil millones de dólares.
Aspira así a evitar que algunas grandes empresas utilicen los vacíos fiscales que les han permitido pagar un tipo muy inferior al teórico. Se estima que esta medida podría generar más de 258.000 millones en ingresos federales durante los próximos 10 años.
*Con información de AFP.
