Sin lugar para el pacifismo

La semana pasada, en una entrevista exclusiva para CNN International, un funcionario del gobierno norcoreano afirmó con contundencia que cuando Corea del Norte amenaza con lanzar una bomba de hidrógeno sobre sus enemigos, lo dice literalmente. Claro, todavía existen dudas de que, en efecto, el régimen de Kim Jong-un haya logrado fabricar la bomba (altamente más letal que las usadas en Nagasaki e Hiroshima), pero la declaración pone los nervios de punta a todos los países involucrados en las recientes tensiones con el régimen. Y eso incluye a los 126 millones de japoneses.

Por eso, Shinzo Abe, primer ministro nipón, ha insistido tanto en el tema de la seguridad nacional, el cual inevitablemente está sujeto a la Constitución y al artículo 9, que prohíbe explícitamente que el país entre en guerra con otro Estado y que tenga un Ejército nacional. Abe, al igual que otros políticos, expertos y ciudadanos de a pie, piensan que dicho artículo es anacrónico, y señalan la urgencia de cambiarlo cuanto antes, algo que no se ha hecho en 70 años. Sin embargo, la otra mitad del país piensa todo lo contrario, y afirma que defenderá la Constitución pacifista, pase lo que pase.

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La historia del artículo 9 se remonta a 1947. El régimen militarista, responsable de masacres e intentos colonialistas en gran parte de Asia, había caído derrotado por los Aliados en 1945. El gobierno norteamericano ocupó la isla, y en 1947 redactó la Constitución nipona que hoy en día sigue vigente. Claramente, el artículo 9 buscaba echarle tierra a cualquier posibilidad de que renaciera el militarismo, lo que contribuyó en gran parte a que la democracia japonesa se concentrara en reconstruir el país y en fortalecer su economía. Los resultados, a la luz del siglo XXI, son claros: el país asiático es una potencia económica mundial, mientras los miembros de sus autodefensas armadas (que tienen como única función mantener la paz) solo representan una sexta parte del Ejército norcoreano y una décima parte del chino.

Por eso, desde 2012 Shinzo Abe y su Partido Liberal Democrático han puesto en el centro del debate una reforma constitucional. En los primeros años de su mandato, tanto la oposición política como el grueso de los ciudadanos rechazaron rotundamente la tendencia del mandatario, considerado desde ese entonces como un líder conservador y nacionalista. Abe intentó ir en contra de una corriente sumamente fuerte y popular: hoy el 82 por ciento de los japoneses dice “sentirse orgulloso de su Constitución”, según una reciente encuesta de la agencia de noticias estatal NHK.

Abe comenzó su mandato con el pie izquierdo. Sus declaraciones reformistas no calaron en la mayoría de los ciudadanos, y su popularidad sufrió mucho daño por dos escándalos de corrupción relacionados con haber favorecido los negocios de dos amigotes empresarios. Entonces, ¿cómo logró, con una imagen golpeada y un gran rechazo ciudadano a cualquier reforma constitucional, la reelección del pasado 22 de octubre?

Hay dos grandes razones. La primera tiene que ver con la creciente amenaza de Corea del Norte. El 29 de agosto y el 14 de septiembre, el gobierno de Kim lanzó dos misiles intercontinentales de prueba que pasaron sobre territorio nipón, específicamente sobre la isla de Hokkaido. Los isleños escucharon por primera vez en mucho tiempo sirenas y mensajes de emergencia para que todo el mundo se protegiera bajo techo. Shinzo Abe, ni corto ni perezoso, tomó la oportunidad e insistió una vez más: Japón debe tener un Ejército con todas las de la ley para responder ante un eventual ataque norcoreano. Incluso fue más allá. Como Estados Unidos también ha sido un blanco recurrente de las amenazas de Kim, ¿no sería conveniente que el presidente Donald Trump tenga un aliado militar capaz de repeler una agresión de Corea del Norte contra territorio o tropas estadounidenses? El discurso de Abe recurrió al viejo truco del enemigo externo y logró sembrar en los japoneses el temor a ser atacados en cualquier momento.

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La segunda razón tuvo que ver con la astucia política del primer ministro. En vista de que su popularidad subió considerablemente por su respuesta ante las provocaciones norcoreanas, aprovechó el momento y adelantó las elecciones generales, programadas originalmente para noviembre del año entrante. Ante unas votaciones tan anticipadas, la oposición actuó torpemente y no logró ni hacer la campaña adecuada para derrotar a Abe ni unirse para quitarle puestos en la Cámara Baja. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dio el golpe más duro mes y medio antes de las elecciones cuando creó el Partido de la Esperanza, que en vez de ganarle a Abe, le quitó votos a los partidos opositores: los constitucionalistas y los independientes.

El mal tiempo dio el empujón final, pues las lluvias torrenciales del fin de semana impidieron que mucha gente saliera a votar, lo cual aumentó la abstención. Todo esto, sumado a la alianza de Abe con un partido pequeño de centroderecha, Komeito, pero con 29 sillas en la Cámara Baja, hizo que el primer ministro alcanzara, por fin, el número mágico: 313 de los 465 puestos de la Cámara de Representantes, un poco más de las dos terceras partes indispensables para aprobar un referendo nacional que pregunte a los japoneses si quieren modificar la Constitución o no.

El programa económico de Abe, popularmente conocido como “Abenomics” (mezcla de estímulos fiscales, masiva flexibilización monetaria y reformas estructurales) ha logrado la relativa estabilidad económica necesaria para discutir, con paciencia y profundidad, la primera gran reforma constitucional desde 1947.

Para David Leheny, profesor de la Escuela de Estudios de Asia y el Pacífico de la Universidad de Waseda, es claro que muchos japoneses han reducido los reparos que tenían de modificar la Constitución, por lo que ahora están más abiertos a un referendo. De igual manera, “es poco probable que la reforma, de llevarse a cabo, tenga efecto inmediato en las políticas de seguridad del país. Lo que probablemente va a pasar es que el Ejército japonés sea constitucional y pueda participar en misiones internacionales para preservar la paz y la seguridad”, puntualizó Leheny a SEMANA.

En el plano internacional, el mayor temor consiste en que Japón reviva los sangrientos excesos de su pasado militarista. Los gobiernos de China, Corea del Norte y Singapur han expresado dichas preocupaciones, ya que vivieron en carne propia el apabullante poder militar del Japón de comienzos del siglo XX.

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Sin embargo, para expertos como Michael Heazle, autor del libro Primacía regional en Asia oriental: ascenso de China y relaciones trilaterales entre Australia, Japón y Estados Unidos, es muy poco probable que dichos temores se materialicen. “No hay absolutamente nada en el comportamiento ni carácter de Japón en los últimos 70 años que pueda ser señalado como evidencia de un retorno a su militarismo. Debemos recordar que no hay comparación entre el Japón de los años treinta con la democracia liberal y madura de hoy en día”, afirmó Heazle a SEMANA.

Es cierto: la modificación del artículo 9 no borrará de un soplo décadas de cultura democrática y no les hará olvidar a los japoneses todos los beneficios que trae estar por fuera de la guerra. Sin embargo, sean pacifistas o no, la mayoría de los nipones temen que Kim Jong-un, en algún momento, decida pasar de las palabras a la acción, y en ese caso cobra absoluta relevancia tener un Ejército bien preparado y la tecnología militar que pueda evitar una tragedia de dimensiones catastróficas.

Shinzo Abe, con su reciente reelección, será el primer mandatario que más tiempo haya estado en el puesto. Solo el resultado de un referendo cada vez más probable decidirá si parte o no la historia de Japón en dos.