“Si pierde Julian Assange perdemos todos”: abogado del fundador de WikiLeaks habla de la dura vivencia del activista en prisión y los riesgos de una extradición a Estados Unidos

SEMANA: ¿Cuál es el estado actual de Julian Assange?

Aitor Martínez: La situación de salud de Julian Assange es muy delicada. Después de casi siete años encerrado en un minúsculo piso de Londres, sin acceso a la luz solar o al aire fresco, su salud se encontraba muy deteriorada. Cuando fue arrestado el 11 de abril de 2019 se solicitó que fuera ingresado en un centro hospitalario, pero la decisión fue ingresarlo en una prisión de máxima seguridad, Belmarsh, conocida como ‘la Guantánamo británica’, con unas medidas muy restrictivas que lo mantienen prácticamente aislado 23 horas al día. Por lo tanto, su delicado estado de salud, por los años de detención arbitraria en la Embajada de Ecuador en Londres, se ha agravado aún.

Los propios médicos que le han dado seguimiento y han analizado su estado de salud han remitido informes a la justicia británica alertando de la gravedad de su situación, llegando a afirmar que podría morir en prisión o cometer suicidio. De hecho, el relator de la ONU contra la Tortura visitó a Assange en Belmarsh, junto a dos médicos especializados en tortura, y su informe fue demoledor, afirmaron que se encontraba en una situación muy delicada de salud como consecuencia del padecimiento de tortura. De hecho, afirmó que en sus años de experiencia nunca había visto un caso así, una persona sometida a tortura por más de una década, por la acción coordinada de jurisdicciones que se consideran democráticas.

SEMANA: ¿Por qué es un riesgo que Julian Assange sea extraditado a los Estados Unidos?

A.M.: WikiLeaks es una agencia de noticias que estableció una innovación tecnológica. Creó un mecanismo que permitía que los denunciantes pudieran remitir información a la agencia sin que nadie conociera su identidad, ni siquiera la propia organización. Recibió información relevante sobre corrupción en Islandia, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, vertidos tóxicos en Costa de Marfil y censura a internet en China, entre otros muchos paquetes de información de interés público.

Esa actividad está cubierta por la libertad de prensa, que protege a los medios de comunicación y a los periodistas, garantizándoles su derecho a recabar información de sus fuentes, preservar el anonimato de las mismas y publicar información veraz y de interés público sin poder ser represaliados por ello. La libertad de prensa es un derecho en todas las constituciones de los países democráticos y principales tratados internacionales de derechos humanos.

SEMANA: ¿Qué otro país tiene acciones contra WikiLeaks?

A.M.: Precisamente por ello, ningún país del mundo actuó judicialmente contra WikiLeaks, ya que, evidentemente, era una agencia de noticias ejerciendo periodismo. Solo un país del mundo actuó contra la organización y su fundador: Estados Unidos. WikiLeaks publicó los Iraq War Logs, los Afghan War Diaries y los documentos sobre el trato a los prisioneros en Guantánamo. Era información veraz, de interés público e, incluso, documentación que acreditaba la comisión de crímenes internacionales por parte de agentes norteamericanos. Por ejemplo, el famoso video del helicóptero sobrevolando un barrio de Bagdad que disparó indiscriminadamente a civiles, matando a dos periodistas de Reuters.

Un padre que llevaba a sus hijos al colegio paró a socorrer a los heridos, fue igualmente tiroteado, matándolo y dejando gravemente heridos a los hijos. La actividad netamente periodística de WikiLeaks estaba amparada en el derecho a la libertad de prensa, reconocido en la propia Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, se desató una caso sin precedentes. Si la extradición prosperara, el resto de periodistas quedarían desprotegidos ante Estados Unidos, que podría perseguirlos en cualquier parte del mundo si publican alguna verdad incómoda.

SEMANA: ¿Hay una posibilidad real de parar este proceso de extradición durante las audiencias del 20 y 21 de febrero?

A.M.: La primera diligencia de extradición se celebró en el District Judge, ante la jueza Vanessa Baraitser, la cual denegó la entrega a Estados Unidos, aceptando únicamente el punto relativo al delicado estado de salud y a que podía morir en prisión cometiendo suicidio. Sin embargo, Estados Unidos apeló la decisión y aportó una garantía diplomática, vaga e imprecisa, de que si era extraditado valorarían no ingresarlo en una prisión de máxima seguridad o que vigilarían potenciales suicidios.

SEMANA: ¿Qué pasó posteriormente?

A.M.: Sorpresivamente, en un fallo carente de fundamentos jurídicos, consideró esa garantía como suficiente, aun cuando se acreditó que las violaciones a esas garantías diplomáticas por parte de Estados Unidos eran recurrentes. Tras ese fallo se apeló, pero se denegó ese recurso. Por lo tanto, lo relativo a la situación de salud y su riesgo de ingresar en una prisión de Estados Unidos se sometió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso de Assange, aun contando con contundentes informes médicos, incluso con informes del relator de la ONU contra la Tortura, no se atendió a su situación de salud y se acordó su entrega a Estados Unidos.

Tras esa decisión, se concentraron dos nuevas apelaciones, que son las que ahora se están dilucidando. Sin embargo, se rechazó la admisión de todos esos puntos de apelación, sin entrar a valorar el fondo. Y esa decisión fue recurrida ante el propio Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, solicitando nuevamente la admisión de los puntos de apelación. Esa es la diligencia que se va a celebrar el 20 y el 21 de febrero en Londres.

Nos encontramos ante dos escenarios posibles. Si se admiten los puntos de apelación, o al menos alguno, se celebrará una vista posterior sobre el fondo de esos elementos jurídicos y, después, los mismos podrían ser apelados; es decir, si se admiten, el proceso de extradición continúa. Pero si se denegara, se habría cerrado el proceso de extradición en Reino Unido y se habrían agotado todas las instancias internas, lo cual implicaría que quedaría abierta la vía para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

SEMANA: En caso de que sea extraditado Julian Assange, ¿qué mensaje cree que puede dar a la libertad de prensa?

A.M.: Si fuera extraditado habría muerto la libertad de prensa en el mundo. Y con ello el funcionamiento básico de las democracias sería igualmente enterrado. Las democracias se asientan sobre un principio fundamental, la rendición de cuentas de los gobernantes ante los ciudadanos. Cada cierto tiempo nuestros gobernantes son sometidos al escrutinio de los ciudadanos en elecciones.

Pero esta debe ser transparente, es decir, los ciudadanos debemos tener información sobre cómo nuestros gobernantes han ejercido el poder que les hemos confiado. Y para ello debemos tener información sobre el ejercicio desviado de ese poder, como actos de corrupción o la comisión de crímenes. Es ahí donde los medios de comunicación y la prensa desempeñan un papel fundamental, controlar al poder e informar a los ciudadanos de cualquier ejercicio desviado de ese poder.

Si Julian Assange fuera extraditado, enfrentando 175 años de prisión, con 18 cargos, 17 de los cuales se encuentran bajo la Ley de Espionaje, simplemente por publicar información veraz que acreditaba gravísimos crímenes internacionales, se produciría una demolición en cadena de la libertad de prensa en el mundo y la posibilidad de que los ciudadanos podamos controlar a nuestros gobernantes.

SEMANA: ¿Los mensajes alrededor del mundo para pedir la liberación de Assange han tenido efecto en su defensa?

A.M.: Sin duda, la enorme solidaridad internacional que se ha desplegado a favor de Julian Assange es el principal activo que tiene la defensa para combatir esta extradición. La ciudadanía mundial es consciente de que no se trata de una causa que afecte a un periodista, Julian Assange, o a un medio de comunicación, WikiLeaks, sino que es una causa que afecta a toda la humanidad en su conjunto. Si Julian Assange pierde, perdemos todos, ya que automáticamente se elevaría un velo opaco frente a todos los ciudadanos del mundo detrás del cual se esconderían crímenes y actos de corrupción de nuestros gobernantes, sin que nadie pudiera informar de ellos.

Por lo tanto, los ciudadanos del mundo quedaríamos a ciegas frente a ese velo y no podríamos fiscalizar el ejercicio del poder. Ese contexto supondría una peligrosa senda para las democracias, una senda que llevaría al totalitarismo por el ejercicio de un poder sin control y fiscalización por parte de medios de comunicación libres y protegidos. En este sentido, es necesario destacar que ninguno de los militares que cometieron los atroces crímenes revelados por WikiLeaks ha sido condenado por ello en Estados Unidos. Sin embargo, el periodista que publicó esos crímenes, en su labor y obligación como periodista, enfrenta nada menos que 175 años de prisión.