“Siempre fui obediente al papa”: la respuesta del cardenal del Vaticano acusado de corrupción

El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado vaticana, defendió su “inocencia” y negó las acusaciones de malversación y soborno que le imputa la justicia del Vaticano tras la primera audiencia por las irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en Londres.

“Estoy sereno y tranquilo. Tengo confianza en que los jueces sabrán ver con claridad los hechos y mi gran esperanza es cierta que reconocerán mi inocencia”, declaró a la salida del juicio su abogado, Fabio Viglione.

De este modo, el purpurado a quien el papa cesó en septiembre de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y le despojó de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación este caso, se ha mostrado confiado en que “la aportación de las numerosas pruebas y testimonios” lograrán demostrar “su inocencia de toda acusación”. “Siempre fui obediente al papa”, señaló en su declaración.

Se trata de la primera vez que el Vaticano sienta en el banquillo de los acusados a un cardenal. En abril, el pontífice derogó la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario y decretó que pudieran comparecer también como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos.

De hecho, en este juicio, tanto el presidente del Tribunal como los dos adláteres son laicos. Esta primera audiencia duró poco más de siete horas, según narraron los periodistas que se habían acreditado para seguir el proceso desde la sala polifuncional de los Museos del Vaticano habilitada para la ocasión.

Durante el juicio, Becciu estuvo presente junto a su abogado y su exsecretario privado, monseñor Mauro Carlino, que también está imputado. El equipo legal de los acusados presentaron en bloque una serie de apelaciones técnicas para solicitar la nulidad del juicio por supuestos errores técnicos que habrían sido cometidos por los fiscales del Vaticano.

En el juicio, que continuará el 5 de octubre, están imputadas otras nueve personas por delitos como malversación, blanqueo, fraude y abuso de poder por la compra irregular de un edificio en Londres, que provocó un agujero de casi 400 millones de euros en las cuentas del Vaticano.

El promotor de Justicia (fiscal vaticano), Gian Piero Milano, empezó su investigación en 2019 y en su informe detectó “graves indicios” de corrupción en un caso de inversiones inmobiliarias.

Por aquel entonces, Becciu era el responsable de esas operaciones, pues ocupaba el cargo de sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, puesto que dejó en 2018 tras ser designado por el papa Francisco prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

Fondos de inversión y paraísos fiscales

El uso imprudente de parte del dinero para los pobres que cada año donan las iglesias de todo el mundo para las obras de caridad del Papa, también contribuyó al escándalo.

Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del papa Francisco durante la controvertida compra, realizada en dos fases, de un lujoso edificio de 17.000 m2 en el elegante distrito londinense de Chelsea, del que el sumo pontífice ha pedido desprenderse rápidamente.

La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.

En 2013-2014, la Secretaría de Estado pidió prestados más de 200 millones de dólares (la mayoría al Credit Suisse) para invertir en el fondo luxemburgués “Athena” del empresario ítalo-suizo residente en Londres, Raffaele Mincione .

El dinero fue prestado gracias a la reconocida solvencia del Vaticano. La mitad de la suma se destinó a la compra del 45% del edificio londinense y la otra mitad a inversiones en la bolsa.

Mincione utilizó el dinero de la Iglesia para “operaciones especulativas”, entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros, sostiene la fiscalía.

La Santa Sede, que terminó por registrar pérdidas bursátiles, no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.

Para ello, la Santa Sede eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Raffaele Mincione, indemnizándolo con 40 millones de libras esterlinas (55 millones de dólares) y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.

Torzi a su vez tomó el control de la propiedad (a través de acciones con derecho a voto) y luego extorsionó a la Secretaría de Estado para obtener 15 millones de euros (casi 18 millones de dólares al cambio actual) por su salida, según el texto de la acusación del tribunal penal.

Los magistrados identificaron también a las dos figuras claves que ayudaron a Mincione y a Torzi a entrar en las redes del Vaticano a cambio de dinero.

Se trata de Enrico Crasso, un conocido hombre de negocios de nacionalidad suiza, quien gestionó por décadas el dinero de la Secretaría de Estado.

*Con información de agencias