Sigue represión en Rusia contra críticos del régimen: prohíben actividades de reconocida ONG ecologista

Rusia declaró este miércoles organización “indeseable” al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una medida que en la práctica prohíbe las actividades de esta oenegé ecologista en el país, donde se reprimen las voces críticas desde la ofensiva rusa en Ucrania.

En un comunicado, la fiscalía general afirmó que las actividades de la oenegé ecologista en Rusia representaban “amenazas a la seguridad en el ámbito económico”.

Este anuncio se produce un mes después de una decisión similar contra Greenpeace.

WWF ya fue clasificada en marzo como “agente extranjero” por Moscú, una etiqueta que complicaba seriamente su actividad.

En Rusia, las organizaciones oficialmente calificadas como “indeseables” tienen prohibido abrir oficinas, llevar a cabo proyectos o difundir información o informes, según la ONG especializada OVD-Info.

Esta nueva medida también expone a sus empleados y voluntarios a la persecución judicial.

La fiscalía rusa acusa en su comunicado a WWF de “impedir la puesta en marcha de la política del país sobre el desarrollo industrial del Ártico”.

También, la responsabilizó de “desarrollar y legitimar restricciones que pueden servir de base para desplazar la ruta marítima del norte hacia la zona económica exclusiva de Estados Unidos”.

La fiscalía aseguró que la ONG “recopiló informaciones sobre la situación medioambiental en las regiones de Rusia” y “preparó evaluaciones tendenciosas”, con el objetivo de “dificultar el desarrollo económico” de Rusia.

Además, señaló que ha organizado apoyo material y metodológico a organizaciones ecologistas rusas que ya habían sido incluidas previamente como agentes extranjeros, según la agencia de noticias Interfax.

Decisión sobre Greenpeace

A mediados de mayo, la fiscalía rusa también declaró a Greenpeace como organización “indeseable” y la acusó de injerencia, lo que de facto prohíbe sus actividades en el país.

La organización calificó la decisión de etiquetarla como “indeseable”, lo que criminaliza su trabajo, de “absurda y destructiva”.

En un comunicado, el organismo afirmó que Greenpeace International, cuya sede se encuentra en los Países Bajos, representa una “amenaza para los cimientos del orden constitucional y para la seguridad” de Rusia y busca “derrocar el poder de manera inconstitucional”.

También la acusó de alentar la “injerencia” en los asuntos internos de ese país, de tratar de “socavar sus fundamentos económicos” y de financiar organizaciones rusas calificadas por las autoridades como “agentes extranjeros”.

También fue acusada de realizar “campañas de información” para “evitar la realización de proyectos rentables de infraestructura y energía” para Rusia, según la fiscalía, así como de “propaganda antirrusa” y de pedir “reforzar las sanciones” contra el Gobierno de Vladimir Putin desde el comienzo de la campaña militar en Ucrania.

“Poner fin a las actividades de Greenpeace en Rusia es un paso absurdo, irresponsable y destructivo que nada tiene que ver con la protección de los intereses del país”, subrayó la oenegé ecologista en su sitio internet ruso.

La filial rusa de esta oenegé, inaugurada en 1992, lleva a cabo operaciones en el país para concienciar sobre el cambio climático, combatir los incendios forestales, la contaminación y preservar especies animales en peligro de extinción.

En Rusia, según OVD-Info, las organizaciones clasificadas como “indeseables” tienen prohibido abrir estructuras en el país, realizar proyectos o difundir información.

Desde el inicio de la invasión en Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas han aumentado la represión de las voces críticas, de la oposición política al sector cultural y las organizaciones ecologistas.

La presión económica sobre Rusia por las sanciones occidentales ligadas al conflicto también han empujado a las autoridades a arrinconar aún más las preocupaciones medioambientales en favor del desarrollo industrial.

Solo en 2022, las autoridades rusas incorporaron 166 nombres a la lista de agentes extranjeros y 23 a la de organizaciones indeseables, según Amnistía Internacional.

* Con información de Europa Press y AFP

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