Siguen las manifestaciones en Guatemala: antidisturbios reprimieron a los protestantes con gases lacrimógenos

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional de Guatemala tuvieron que usar este martes 10 de octubre gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que protestan para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.

Los enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes han tenido lugar en una aldea de la localidad de Chimaltenango, a unos 50 kilómetros de la capital del país, donde se encuentra una presa de agua. En la víspera, más de un centenar de personas llegaron al lugar con la intención de tomar las instalaciones, pero fueron repelidos por la Policía.

El portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla, indicó que la Policía reaccionó “a los intentos de los pobladores, algunos de ellos con el rostro cubierto, de tomar el control de esta presa” que está bajo la administración de la Empresa Municipal de Agua, recoge el periódico guatemalteco Prensa Libre.

Los manifestantes han asegurado que su intención no es bloquear el servicio de agua hacia los distintos municipios, sino que permanecían fuera de la instalación para exigir las renuncias de los funcionarios del Ministerio Público y el Poder Judicial.

La fiscal general aseguró este lunes que los bloqueos de carreteras en el marco de las protestas en su contra son “acciones ilegales” que vulneran los derechos de la población guatemalteca y que serán investigados por la Fiscalía. Por su parte, el presidente saliente señaló que “no se tolerarán actos fuera de la ley” y abogó por “encontrar formas de diálogo”.

No obstante, la Corte de Constitucionalidad ha otorgado amparo provisional que garantiza “el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de pensamiento”, mientras que reiteró “su compromiso para continuar preservando el orden constitucional”.

A su vez, pidió coordinar acciones que garanticen que los guatemaltecos realicen sus actividades diarias “sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestación”, protegiendo derechos a la vida, salud, seguridad, paz, entre otros.

“Este tribunal conmina a gobernantes y gobernados a observar y acatar el presente pronunciamiento de forma tal que se garantice el pleno respeto de los derechos de las personas, consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala”, reza un comunicado del organismo.

La noche del lunes hombres desconocidos se adentraron en las protestas y causaron violencia y destrozos en la capital guatemalteca. La protesta ha sido pacífica en los departamentos, pero en la capital empezó con acciones violentas horas más tarde de que la fiscal general Porras anunciara en un video grabado que había saqueos, algo que aún no se había reportado.

En un mensaje grabado, publicado el lunes, el presidente Alejandro Giammattei anunció que no toleraría más cierres de carreteras y dijo que se estaban cometiendo actos vandálicos, paralelo a su discurso pregrabado, comenzaron acciones violentas que causaron destrozos en el centro histórico de la capital. La policía arrestó a media docena de personas señalándolas de participar en esos actos.

Los manifestantes reclaman que la fiscalía que dirige Porras irrespeta el voto popular expresado en las elecciones del 20 de agosto, donde Arévalo venció en segunda vuelta a la ex primera dama Sandra Torres, quién se ha negado a aceptar su derrota, mientras que su partido ha denunciado fraude, algo que Porras investiga.

En paralelo a la confrontación del martes, la OEA sesionaba para hacer seguimiento a la situación de Guatemala donde el secretario general del organismo, Luis Almagro, calificó de “sesgadas e irracionales” las acciones de la fiscalía de Guatemala contra el proceso electoral que le dio la victoria al progresista Bernardo Arévalo. Aseguró que la misión del organismo en el país se ha mantenido vigilante sobre la situación.

Almagro también expresó que la actuación fiscal también “socava la independencia y el secreto del voto y amenaza la estabilidad democrática en Guatemala”. E insistió en pedir que el Ministerio Público “cese el acoso y la persecución penal contra todos los actores involucrados en el proceso electoral”.

*Con información de Europa Press y AP.