Sin control: continúan las fuertes protestas en Perú reclamando la salida de la presidenta Boluarte

A un mes de que se intensificaran las tensiones en Perú, las protestas contra la administración actual han vuelto a tomar fuerza para exigir la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte. Los bloqueos en las vías y movilizaciones en distintas partes del país han sido una constante durante los últimos días, mientras se eleva el número de heridos.

Las protestas continuaron este lunes por quinto día consecutivo para, además, volver a exigir elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. Son pedidos que han tenido mayor fuerza en áreas rurales del sur peruano con barricadas en las carreteras y enfrentamientos con la Policía.

Cifras oficiales detallan que hay interrupciones en unas trece de las principales carreteras del país, mientras que más de medio centenar de otras vías secundarias enfrentan una situación similar. En la capital por lo menos un centenar de personas ha quedado bajo arresto.

Según el Ministerio de Salud, hasta este domingo 8 de enero se registraron 67 hospitalizados por las movilizaciones en el territorio nacional que se retomaron el miércoles 4 de enero. El organismo informó que todos los lesionados estaban recibiendo atención permanente; sin embargo, instó a dar un paso atrás porque los bloqueos estaban imposibilitando el tránsito de ambulancias.

Llamado de la ministra de Salud

“Los que trabajamos y la ciudadanía de a pie, venimos siendo afectados por las manifestaciones. No hay derecho de que se afecte nuestra salud, de que se dañen nuestras ambulancias, nuestras infraestructuras, y a los profesionales de salud”, dijo la encargada de la cartera sanitaria, Rosa Gutiérrez.

“Le pedimos a la población que cese con estas actitudes que no ayudan. Entre peruanos estamos enfrentados (...). Nosotros los que trabajamos el día a día y la ciudadanía de a pie venimos siendo afectados. No hay derecho de que se “agreda “a los profesionales que hacemos el máximo esfuerzo” para asistir. “Le pregunto a la población: ¿cuándo hemos dejado de atender?”.

Este domingo los manifestantes continuaron con el bloqueo de carreteras en al menos seis de los 24 departamentos que tiene el vecino país. Se incluyen regiones como Cusco, Arequipa, Puno, Apurímac, Ucayali y Madre de Dios, mientras que un día antes hubo choques con las fuerzas de seguridad en la ciudad de Juliaca donde se reportó un intento para tomar la terminal aérea.

En esa zona la Defensoría del Pueblo indicó que había 16 heridos, incluyendo cuatro uniformados. Pese a que el Congreso, en un segundo intento de Boluarte, aprobó adelantar los comicios generales de 2026 para abril del próximo año, no ha resultado suficiente para buena parte de la población (ni para el cese de hostilidades).

Una crisis, sin pausa

Las protestas se detonaron a comienzos de diciembre, luego de que Boluarte, entonces vicepresidenta, asumiera funciones a horas de que el entonces mandatario, Pedro Castillo, intentara disolver el Congreso y luego fuera destituido. Aunque se considera de izquierda, la actual jefa de Estado ha sido calificada como “traidora” por algunas comunidades y simpatizantes del expresidente. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan.

Desde que comenzaron las protestas el saldo ha sido de más de 20 muertos en cuatro semanas y las finanzas empezaron a sufrir los primeros efectos. De acuerdo con el ministro de Economía, Alex Contreras, la crisis con los bloqueos de carreteras ha dejado pérdidas en Perú de entre 60 y 100 millones de soles diarios (de 15 a 25 millones de dólares).

Con la intención de llegar a un diálogo “para lograr la paz social”, Dina Boluarte convocó al “Acuerdo Nacional”, un encuentro que alberga a la sociedad civil, los poderes del Estado, agrupaciones religiosas, trabajadores y también gremios empresariales.

*Con información de AFP y Europa Press.

Crisis en Perú: A Dina Boluarte le renuncia el jefe de Inteligencia; afirma que ella no lo deja cumplir con sus funciones asignadas por la ley

El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de Perú, el general Juan Carlos Liendo O’Connor, presentó su renuncia después de que la presidente de Perú, Dina Boluarte, afirmara que se barajaba la posibilidad de su salida y se mostrara en desacuerdo con tratar las protestas como “insurgencia terrorista”.

La designación de O’Connor había generado polémica desde un principio, ya no solo porque Boluarte admitió desconocer quién era y cuál era su currículum, sino también por su forma de tratar las protestas, celebrando la “eficacia” del Ejército, la cual dejó una treintena de muertos.

“Si se quieren abordar los hechos que estamos viendo como conflicto social, estamos en un error total. Aquí no hay conflictos sociales. Ni siquiera hay vandalismo. Son ejercicios de la violencia con una agenda política bien clara: Asamblea Constituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso”, dijo apenas un día antes de ser elegido para el cargo.

En su carta de renuncia, O’Connor citó como razones “serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley”. Horas antes, adelantó a los medios de comunicación que presentaba su dimisión por claras discrepancias con Boluarte, quien en una entrevista se mostró en desacuerdo de calificar las protestas como “insurgencia terrorista”.

O’Connor insistió en seguir por esa línea en una conversación con Radio Programas, en la que ha vuelto a asegurar que hay “organizaciones terroristas” detrás de las protestas, aunque sin mencionar de cuáles se trataría.

En ese sentido, ha recalcado que de acuerdo con la definición de terrorismo presente en la legislación peruana, “las acciones que se vienen realizando en las manifestaciones evidencian actos de terrorismo”.

No obstante, matizó que en las protestas “no todas las personas son terroristas” y que si bien reconoce que puedan existir “demandas legítimas”, desde su punto de vista como director de Inteligencia, hay un “planeamiento y objetivos desde organizaciones clandestinas”.

Antes de ser elegido para este cargo, O’Connor trabajó, aunque sin tener poder decisión, en uno de las anteriores versiones de la DINI, el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) entre 1991 y 1998, cuando estaba bajo control del expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ambos en la cárcel, por delitos de lesa humanidad el primero y el segundo por diversos delitos de narcotráfico y asesinato.

Durante esos años O’Connor trabajó junto a Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN y exministro de Defensa con Fujimori, que cumple actualmente una pena de 35 años de cárcel por la matanza de La Cantuta, en la que nueve estudiantes y un profesor fueron asesinados para luego hacerles pasar por terroristas.

Con información de Europa Press y AFP