“Son una farsa”: Estados Unidos se despacha contra las elecciones en Nicaragua

Los comicios del 7 de noviembre “han perdido toda credibilidad y no son más que una farsa”, afirmó el representante de Estados Unidos Bradley A. Freden con motivo de la presentación del último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA. Ortega, quien gobierna desde hace 14 años, se presenta a los comicios junto con su esposa Rosario Murillo frente a cinco partidos derechistas prácticamente desconocidos para los nicaragüenses.

La oposición ha quedado excluida: siete candidatos presidenciales están detenidos y tres partidos fueron ilegalizados. Washington llama a la OEA a seguir movilizándose para que Managua afronte “consecuencias reales” por “ignorar” las múltiples resoluciones que piden democracia y respeto de los derechos humanos en el país centroamericano.

A pocos días de los comicios, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, afirmó que el proceso electoral “no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas”. “La concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto” en un país en el que “todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”, aseguró Urrejola al presentar ante la OEA el informe hecho público la semana pasada.

Nicaragua pidió la palabra al comienzo del Consejo Permanente para exponer los motivos por los que decidía no intervenir ulteriormente durante la sesión. Michael Campbell, quien habló en nombre de su país, hizo un alegato en contra del informe, que tachó de “guion malvado, manipulador y notoriamente sesgado”.

Da “forma –añadió– a la excusa para agredir y justificar políticas y acciones interventoras” cuyo objetivo fundamental es “sobre todo separar a la población de Nicaragua de su gobierno para instalar un gobierno de facto”. El Gobierno nicaragüense considera que las manifestaciones multitudinarias de 2018, que reclamaban la dimisión de Ortega y se saldaron con 328 muertos, 1.614 detenidos y más de 100.000 exiliados, según la CIDH, fueron un intento de golpe de Estado contra Ortega.

Además de Estados Unidos, en esta sesión solo han pedido el uso de la palabra Costa Rica, Uruguay y Canadá, que considera que los resultados electorales “son ilegítimos”. Para Costa Rica, el informe de la CIDH recuerda que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que puede conducir a un régimen autoritario incluso si este es elegido mediante elecciones populares”.

“100 personas percibidas como críticas permanecen detenidas”

Varias oenegés, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciaron este miércoles las elecciones generales que se celebrarán el domingo en Nicaragua debido a un contexto de represión, desapariciones forzadas y restricciones de las libertades civiles y políticas.

Las elecciones “no garantizan los derechos humanos”, aseguran las oenegés en un informe en el que instan a la comunidad internacional a “redoblar sus esfuerzos para poner fin a la crisis” en el país centroamericano. El próximo domingo, Daniel Ortega se presenta a su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder. Ni rastro de la oposición, que se halla tras las rejas o ilegalizada.

Las oenegés, entre las que también destacan CEJIL y WOLA, insisten en la crítica situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde cientos de personas han muerto desde las protestas masivas que pedían la renuncia de Ortega en 2018. Las organizaciones citan las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas y recuerdan que “100 personas percibidas como críticas permanecen detenidas”.

También les preocupa “la falta de independencia judicial y las violaciones al derecho de acceso a la justicia”. La falta de libertad de expresión es otro de sus caballos de batalla. Las autoridades nicaragüenses –dicen– persiguen a defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y disidentes “solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

Como parte de esta táctica, las oenegés mencionan la ley para la regulación de agentes extranjeros y la ley especial de ciberdelitos que restringen las libertades. Entre julio y agosto de 2021 las autoridades ordenaron el cierre de 45 oenegés que se suman a otras 10 cerradas desde que los manifestantes tomaron las calles en 2018. Arremeten, asimismo, contra las violaciones de los derechos políticos.

El Gobierno “ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral”, acusan a pocos días de que Ortega se mida en las urnas a cinco partidos derechistas que los nicaragüenses apenas conocen y considerados afines a él. El pueblo nicaragüense –añaden las oenegés– debe poder “ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad”, piden las oenegés.

La “falta de garantías” para el ejercicio del derecho de reunión pacífica es otra de las razones en las que se basan para condenar el proceso electoral. Nicaragua “debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral”, concluyen las oenegés. Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros, consideran que Nicaragua incumple los estándares mínimos para elecciones libres y justas.

*Con información de la AFP.