S.O.S. de los opositores de Daniel Ortega a la Celac y a la UE para apoyar una transición democrática en Nicaragua

Este lunes y martes 17 y 18 de julio se adelanta en la ciudad de Bruselas, Bélgica, la cumbre conjunta de los países miembros de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac); una cita que es señala de vital en la definición de la hoja de ruta de las relaciones bilaterales de los dos bloques, y en el que se espera lograr importantes pactos en materia comercial y política en pro del desarrollo conjunto.

Precisamente, en el marco de las acciones políticas a concretar, juega un importante rol el tema de los problemas y preocupaciones en materia de defensa de la democracia que suscitan varios de los Estados de este lado del Atlántico.

En ese sentido, se conoció una solicitud elevada a los dignatarios presentes en dicha cumbre, por parte de cerca de 150 personas consideradas víctimas del régimen nicaragüense de Daniel Ortega y su esposa, y vicepresidente, Rosario Murillo, quienes solicitaron a los representantes de los ejecutivos, que ponga su lupa en la crisis que vive su país, donde cerca el 70 % de la población rechaza la continuidad del exlíder sandinista que se ha apropiado del poder.

En ese sentido, las víctimas, en las que también se cuentan algunos intelectuales que han tenido que salir al exilio, y otros que además han sido despojados, por parte del régimen de su nacionalidad, abogan por la conformación de un ‘Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense’, que pueda abogar y presionar por una “transición democrática” para su país.

La petición particular había sido elevada desde el pasado viernes, pero toma especial relevancia ahora con el comienzo de la cumbre multilateral, y cuenta con el pronunciamiento de cerca de 30 organizaciones dentro y fuera de Nicaragua que denuncian la violación sistémica de los DD.HH. por parte del régimen del dictador Ortega.

En la propuesta, estas organizaciones y las víctimas piden que el grupo que se formaría para facilitar la transición democrática, pueda abogar por una acción encaminada a, entre otras, la liberación de los presos políticos a través de reuniones pacíficas, o encuentros a los que fuere necesario, también para establecer mecanismo de reparación a las miles de víctimas del régimen; personas que se convirtieron en blancos de persecución por sus ideas divergentes frente al régimen.

En ese sentido, esta propuesta emanada de la sociedad civil también pide a los líderes de la Celac y la UE, tomar acciones para presionar una nueva jornada de ‘elecciones libres’, en las que los nicaragüenses puedan elegir libremente el destino que quieren dar a su país, para contrarrestar los efectos de elecciones amañadas y amenazadas que legitiman de manera errónea y amañada, un régimen que incluso osó a romper relaciones con el Vaticano, siendo la iglesia católica una de sus principales víctimas de persecución.

Dentro de los peticionarios, según han destacado medios internacionales como El País de España, se cuentan personas de la talla de los escritores nicaragüense Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como periodistas y líderes opositores como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

Incluso, según cuenta El País de España, dentro de los peticionarios también se cuentan excompañeros de guerrilla de Ortega, como Dora María Téllez, comandante Dos de la revolución sandinista.

De acuerdo con medios internacionales, la petición logró tener vía dentro de la cumbre a través de voces afectas a la causa, o por lo menos preocupadas por la actual situación de Nicaragua, como es el caso del gobierno de Gabriel Boric en Chile, quien, pese a su procedencia política, se ha mostrado crítico frente a escenario que califica de contraproducentes.

El S.O.S. de los detractores de Ortega, y demás víctimas de sus atropellos en Nicaragua, aboga por una respuesta contundente desde el multilateralismo, condenando las anomalías de las que es impulsor el régimen Ortega.

Dentro de los organismos internacionales no gubernamentales que hacen parte de la petición, se encuentra Human Rights Watch (HRW), cuya directora para las Américas es la colombiana Juanita Goebertus.

Precisamente, en declaraciones entregadas por Goebertus a medios internacionales, la experta afirma que la situación actual de Nicaragua “requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”.

La colombiana ha abogado porque el trabajo mancomunado de los estados Europeos y los países de la región de América Latina, apunten a una “estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua”, sentenciando la premura de encontrar soluciones en favor de ese pueblo en Centroamérica, señalando el peligro que representa el “aparato de represión política de toda voz disidente”.

Según reporta El País de España, dentro de la carta dirigida a los estados ya referidos, reunidos en Bruselas, se detallan algunos ejemplos como el caso de la detención de religiosos, entre los que se cuenta el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que si bien no es el único religioso actualmente puesto tras las rejas por parte del régimen, si es el caso más sonado o visible.

La petición también refiere algunas de las conclusiones de lor organismos multilaterales como la ONU, que a través del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GEDHN), denotó la posibilidad alta de la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad, en ese país, los cuales traducirían en asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, entre otros.

Una crisis que se encuentra en líneas rojas sin la presencia de organismos internacionales, pues el régimen incluso sacó de su territorio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; una situación que se presenta desde 2018.

La democracia en Nicaragua está tan malograda como en Venezuela, donde las elecciones carecen de legitimidad, pero se usan para ‘validar’ su permanencia en el curubito del poder.

Se estima que actualmente en Nicaragua permanecen cerca de 64 presos políticos, pese al destierro reciente de cerca de 220 opositores que estaban privados de su libertad sin aparentes razones justas.