Talibanes realizan ejecución pública de condenado por asesinato: escalofriante acto de violencia

Desde su regreso al poder hace un par de años, los talibanes de Afganistán dieron a conocer que realizaron la segunda ejecución pública contra un hombre condenado por el asesinato de cinco personas.

A inicios de diciembre de 2022, se puso en marcha la primera ejecución desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. Para aquella ocasión, la persona en cuestión fue un hombre identificado como Taj Mir, condenado por asesinato y la ejecución se realizó en la provincia de Farah, al oeste de la capital afgana. Ahora se realizó el segundo procedimiento de este tipo.

Durante la jornada del martes 20 de junio, las autoridades del gobierno talibán llevaron a cabo la ejecución en los terrenos de una mezquita de Laghman, provincia ubicada al este de Kabul, capital de Afganistán. A través de un comunicado, el Tribunal Supremo señaló que el hombre ejecutado fue identificado como Ajmal, hijo de Nasim y residente en Gualdara.

La ejecución contó con la presencia de funcionarios públicos y ciudadanos, quienes fueron informados anteriormente de la sentencia ratificada por el cuerpo judicial afgano. Adicionalmente, el Tribunal indicó en el comunicado que el procedimiento se llevó a cabo en el marco de los esfuerzos que las autoridades han hecho para mantener la seguridad a lo largo y ancho del territorio.

Este hecho se da semanas después del llamado que hizo Naciones Unidas con respecto a las ejecuciones y otros actos públicos. A través de un informe, la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (Unama) afirmó que en los últimos seis meses, se han presentado en territorio afgano un total de 334 azotes en la plaza pública (un modo de tortura), de los cuales 274 han sido contra hombres, 58 contra mujeres y dos contra mejores de edad.

“El castigo físico es una violación de la Convención contra la Tortura y debe detenerse”, señaló Fiona Frazer, encargada de derechos humanos de la agencia, solicitando una moratoria inmediata de las ejecuciones.

Frente a esas recomendaciones, la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que estos actos van de la mano con las directrices de las reglas y recomendaciones islámicas, las cuales son normas que siguen la población afgana. “En caso de un conflicto entre el derecho internacional de derechos humanos y la ley islámica, el gobierno está obligado a seguir la ley islámica”, sostuvo el Ministerio en aquella oportunidad.

Del mismo modo, otros órganos internacionales mostraron su repudio en diciembre del año pasado cuando se llevó a cabo la primera ejecución a manos del regreso del poder talibán. Amnistía Internacional condenó el procedimiento llevado a cabo en la plaza pública.

“El deplorable regreso de las ejecuciones púbicas en Afganistán es la última fase del alarmante abuso de los derechos humanos en el país por los talibanes, que continúan pisoteando los principios de derechos humanos de manera flagrante y despreciando completamente el derecho internacional de los derechos humanos”, indicó la directora de Amnistía Internacional para Asia meridional, Dinushika Dissanayake.

Adicionalmente, señaló que las ejecuciones violan el derecho a la vida y realizarlas públicamente conllevan a un “grave e intolerable atentado contra la dignidad humana”. Igualmente, la ONU señaló que estos procedimientos no tienen ninguna legitimidad, sino que agravan en mayor medida la naturaleza cruel, inhumana y degradante.

Hasta el momento, los órganos internacionales no se han manifestado con respecto a ese hecho. Aunque se espera que en las próximas horas muestren su rechazo ante la ejecución de Ajmal.