Tesoro de EE. UU. deberá entregarle al Congreso las declaraciones de impuestos de Trump

El departamento de Justicia de Estados Unidos le ordenó este viernes 30 de julio al Tesoro entregarle al Congreso los registros fiscales del expresidente y millonario empresario Donald Trump, en un avance de la investigación iniciada en 2019 sobre las finanzas del exmandatario.

El Departamento consideró que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes tiene motivos legítimos para verlos. “El estatuto legal sobre este tema es claro: el secretario (del Tesoro) ‘debe entregar’ la información fiscal solicitada si recibe una ‘solicitud por escrito’ del presidente de uno de los tres comités del Congreso que supervisan los impuestos”, escribió Dawn Johnsen, de la oficina del asesor legal del Departamento de Justicia.

Se trata del segundo revés legal que sufre el republicano este año contra sus esfuerzos de evitar publicar sus declaraciones de impuestos.

El Comité busca revisar seis años de registros fiscales de Trump que algunos creen que podrían exponer una contabilidad cuestionable. Para la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, “el acceso a las declaraciones de impuestos del expresidente Trump es una cuestión de seguridad nacional”. A su juicio, “el pueblo estadounidense merece conocer los hechos de los preocupantes conflictos de interés (de Trump) y cómo socavó nuestra seguridad y democracia siendo presidente”.

Siempre se negó

Trump fue el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publicó cada año su declaración de impuestos, una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo. Desde su primera campaña electoral, Trump se negó a publicar sus declaraciones con el argumento de que estaba sujeta a una auditoría por parte del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS).

Sin embargo, numerosos expertos legales aseguraron que ninguna norma le impedía haberlos divulgado si hubiera querido. Además, de ser cierto lo de la auditoría, seguía incompleta cuando Trump dejó el cargo el 20 de enero, un tiempo extraordinariamente largo para que tal proceso aún siga en curso.

Los departamentos del Tesoro y de Justicia, dirigidos por leales a Trump durante su mandato (2017-2021), resistieron las citaciones del Congreso para entregar los registros, lo que obligó al comité a llevar el caso a los tribunales.

Con el agua hasta el cuello

Esta no es la primera gran afectación económica para el expresidente, ya que Allen Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump, se entregó a principios de mes a las autoridades de Nueva York tras ser imputado por supuestos delitos fiscales que se mantienen todavía bajo secreto de sumario.

No hay indicaciones todavía sobre si el propio Donald Trump está acusado en esta fase del caso, que investigan conjuntamente el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.

“Esto no es justicia, esto es política”, se quejó un portavoz de la compañía para quien el caso es “un intento de dañar al expresidente” Donald Trump. Weisselberg trabaja desde hace décadas para la empresa del expresidente estadounidense y es una figura clave en la compañía.

Por ahora se desconocen exactamente los cargos que pesan sobre ellos, pues la acusación aprobada el miércoles por un gran jurado, según varios medios, se mantiene aún bajo secreto y los fiscales no han dado a conocer ningún detalle.

Según adelantó The Wall Street Journal, las acusaciones estarán vinculadas con la evasión fiscal, después de que la Fiscalía haya estudiado durante meses si Weisselberg y otros empleados de la compañía evitaron ilegalmente el pago de impuestos sobre algunas compensaciones que recibían como vehículos, apartamentos o matrículas en escuelas privadas.

Con información de DW.