Torturas, abusos sexuales, descargas eléctricas, asfixia y privación del sueño; ONU revela delitos del régimen Maduro a opositores

Expertos de la ONU denunciaron el martes una “intensificación del aparato represivo” en Venezuela en medio de cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro, con violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes contra la humanidad, para “silenciar” a la oposición.

En septiembre de 2019, Naciones Unidas amplió su vigilancia de la situación en el país caribeño después de que el Consejo de Derechos Humanos creara la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Un nuevo informe de la misión examina la situación entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.

Este grupo de expertos, con el que Venezuela rechaza cooperar, afirma que la respuesta de las autoridades a las manifestaciones que siguieron a las elecciones de finales de julio, entre denuncias de fraude de la oposición, significó una nueva etapa en el deterioro del Estado de derecho.

Según otra experta de la misión, Patricia Tappatá, “el plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro [...] o protestar contra los resultados electorales”. Dijo que las autoridades actuaron especialmente contra miembros de la oposición política o “percibidos como opositores”. Sin embargo, agregó, “cualquier persona podría ser víctima”.

La represión más cruel

Tappatá relató también los descubrimientos que han tenido con respecto a la situación en Venezuela en los últimos meses y las torturas que el régimen de Nicolás Maduro ha usado contra los opositores de la dictadura y del fraude electoral.

“De las personas detenidas en este periodo, muchas fueron sometidas a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a violencia sexual, que se perpetró contra mujeres y niñas, pero también contra hombres, con informes de descargas eléctricas, golpes con objetos contundentes, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzosa del sueño”, afirmó Patricia Tappatá Valdez, miembro de la misión de investigación.

“La misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”, concluyó el informe. En sus conclusiones, el informe subraya que las violaciones de derechos humanos “no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro”.

Tras la proclamación de Maduro, desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, estallaron protestas que se saldaron con 27 muertos, 192 heridos y unas 2.400 personas detenidas, según fuentes oficiales.

“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.

“Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, añadió.

Exiliado en España tras una orden de aprehensión en su contra, el opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama una victoria frente a Maduro en las elecciones, consideró en un comunicado que el informe “demuestra que los venezolanos no estamos solos”. Hay testimonios documentados de abusos y “el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela, atestiguando a la grave situación que vivimos”, expresó González.

Para elaborar su informe, que cubre el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, los expertos de la ONU entrevistaron, a distancia o de forma presencial, a 383 personas, y consultaron decenas de documentos.

“Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso”, señaló Francisco Cox, experto de la misión.

“La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”, agregó. El informe subraya que la “brutalidad de la represión”, que incluye arrestos de personas en sus casas, ha llevado a “un clima de miedo generalizado”.

*Con información de AFP.