¿TRABAJO SUCIO EN FAVOR DE RUMASA?

Un turbio caso de espionaje de alto nivel, en el que se cruzan autoridades constitucionales, servicios de información militar y la policía, fue destapado en estos días por la prensa española, a pesar de los desmentidos oficiales.
Un guardia civil y agente de los servicios de contraespionaje, José Gutiérrez de la Rosa, "Carlos", comentó haber hecho una "chapuza" (trabajo de información) desde un piso contiguo al del vicepresidente del Tribunal Constitucional, Jerónimo Arozamena, informó el 9 de diciembre el matutino madrileño El País. Arozamena, uno de los doce miembros del Tribunal Constitucional, máximo organismo encargado de interpretar la Constitución y de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes y actos del gobierno, es además el ponente en el caso Rumasa.
El gobierno presidido por Felipe González decidió, por decreto-ley, la expropiación del complejo Rumasa, hasta entonces el más importante grupo privado de empresas. La oposición parlamentaria de derechas recurrió contra ese decreto-ley ante el Tribunal Constitucional. Arozamena, en tanto que ponente, tiene la función de informar al Tribunal de las solicitudes de las partes, examinar las pruebas, recibir declaraciones de testigos, practicar diligencias de prueba, proponer los autos y las sentencias que se sometan al cuerpo y redactarlos en definitiva.
Las previsiones, filtraciones y presiones, directas e indirectas, sobre el contenido de la sentencia del tribunal se agudizaron en las últimas semanas, hasta que el domingo 4 de diciembre el matutino El País la dio a conocer. El fallo fue favorable al gobierno, merced al voto de desempate del presidente del Tribunal, Manuel García Pelayo. En esas condiciones, el conocimiento de las ideas, contactos, conversaciones telefónicas y trabajos de Arozamena tuvo un gran valor para diversos sectores. Por un lado, podía afectar al gobierno si el recurso era aceptado, también a la oposición de derechas, al Opus Dei, al que está ligado Rumasa y al mismo ex propietario de ese grupo, José María Ruiz Mateos, exiliado en Londres.
La preocupación de un portero, ex guardia civil, Ernesto García, por las actividades de unos inquilinos de comportamiento extraño, permitió que la policía se enterara de que Arozamena estaba siendo vigilado. Las primeras sospechas se orientaron contra grupos ilegales, como la organización separatista vasca ETA. Pero la sorpresa surgió cuando los ocupantes del apartamento limítrofe al de Arozamena, y que lo habían alquilado dos meses atrás, resultaron ser miembros del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el organismo de contraespionaje militar, que depende directamente del ministerio de Defensa.
Al portero le llamó la atención el proceder de los inquilinos -uno de ellos el mencionado "Carlos"-, pues estos, a pesar de afirmar que su negocio "marchaba muy bien", carecían de rótulo en la puerta de acceso, no recibían visitas ni correspondencia y permanecían dentro del apartamento desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche. La policía detuvo a los tres ocupantes del apartamento, aunque después los liberó, al comprobar que se trataba de miembros del CESID. Fuentes del ministerio del Interior señalaron que los detenidos espiaban los movimientos y conversaciones telefónicas de Arozamena.
Después, el CESID negó haber espiado al magistrado aunque reconoció haber alquilado tal apartamento para otros fines. El portavoz del gobierno, Eduardo Sotillos, afirmó por su parte con énfasis que no hubo tal espionaje. "Carlos" fue reconocido por Eusebio Garcia, a quien comentó que estaba realizando una "chapuza" en el aludido apartamento. Esta declaración consta en el informe que sobre el caso realizó la Brigada Central de Escoltas, el organismo que intervino primero, por tener un grupo destacado como custodia de Arozamena.
Más allá de las declaraciones oficiales, llama la atención la personalidad de "Carlos" y su mantenimiento en el CESID, a pesar de sus antecedentes, recordados estos días por la prensa diaria. "Carlos" apareció en las inmediaciones del congreso de los diputados, el 23 de febrero de 1981, cuando éste se mantenía ocupado por un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, un golpista que está cumpliendo una condena de 30 años de prisión por ese hecho. Esa noche, como acompañante del derechista general de brigada de la Guardia Civil, Manuel Prieto, manifestó simpatías por los golpistas. En otra oportunidad, fue detenido por un presunto tráfico de armas y en otra se le aplicó la "ley antiterrorista", aunque después fue liberado.
"El País" afirma que "Carlos" estuvo vinculado a los bajos fondos, donde -según deducciones policiales- habría obtenido determinadas cantidades de dinero y ha sido acusado de facilitar armas a la extrema derecha, además de vigilar a jueces y magistrados. El matutino Diario 16 señala en un editorial que el ministerio de Defensa está obligado a dar una explicación mucho más completa que atribuir a una "mera casualidad", el haber alquilado justamente el departamento limitrofe con el de Arozamena.
Pero en esferas oficiales se mantiene la negativa: el CESID alquiló el apartamento para otros fines, nadie espió al magistrado y de las actividades del CESID "no cabe informar en público".