Trump: ¿a la cárcel?

Si Michael Cohen, antiguo abogado de Donald Trump, lanza bien sus dados, el próximo destino de su exjefe podría ser la cárcel. El exvicepresidente de la Organización Trump, quien fue durante 12 años amigo, confidente y ‘arreglapleitos’ del exmandatario, hoy paga una condena de tres años por mentir ante el Congreso y evadir impuestos.

Esta semana se convirtió en la persona cuyo testimonio podría, eventualmente, significarle al magnate una jugada directa a una celda en Nueva York, saltándose, como en un juego de Monopolio, las fichas de las casas y hoteles; en su caso, de las mansiones y rascacielos. Si los dados de Cohen caen bien, y su exjefe termina tras las rejas, él podría dar vuelta al tablero y, tal vez, contar con la suerte de caer en la casilla que dice: “Salir de la cárcel gratis”.

Esta semana, la pesquisa sobre los negocios de Trump, adelantada por la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, tomó un nuevo giro. “Hemos informado a la Organización Trump que nuestra investigación ya no es de naturaleza puramente civil”, afirma un comunicado. “Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump en materia penal, junto con el fiscal del distrito de Manhattan”. Su tarea se centrará en determinar si el exmandatario y sus asociados inflaron el valor de sus activos para lograr préstamos bancarios o reducir impuestos, un crimen que, de comprobarse, se paga con cárcel.

Medios de comunicación en Estados Unidos aseguran que son miles los documentos evaluados por las fiscalías estatales y distritales, aunque está claro que nada incrimina más al millonario que la información que entregó –y que seguirá entregando– quien era el guardián de sus secretos: Michael Cohen. James anunció, inicialmente, una investigación civil en contra de Trump a raíz del testimonio de Cohen en el Congreso en Washington, en 2019, para tratar el asunto de la injerencia rusa en las elecciones de 2016, y los intereses financieros de Trump en Moscú.

Por aquel entonces, Cohen ya estaba preso y no tenía mucho que perder. Su exjefe y examigo lo llamaba “rata mentirosa” por confesar que pagó a dos de sus examantes, Stormy Daniels y Karen McDougal, para que no contaran sobre sus relaciones sexuales; simultáneamente, redactaba desde su celda un libro en el que no bajó a Trump de tramposo, impostor y depredador. Pero lo que reveló sobre cómo mentía en torno a sus finanzas dio pie a la investigación.

Tras su testimonio, James emitió un comunicado diciendo: “Lo que estamos viendo es el hecho de que la Organización Trump, con base en el testimonio de Michael Cohen, quien fue el abogado de la Organización y de Donald Trump individualmente, infló el valor de sus activos con el propósito de obtener beneficios de compañías de seguros, así como de compañías hipotecarias, y luego desinflaron los mismos activos con el propósito de evadir la obligación tributaria en el estado de Nueva York”. Así notificó la Fiscalía el comienzo de la investigación civil, que, sin dar explicación alguna, se convirtió también en criminal.

No obstante, el anuncio de James no fue la única novedad en su despacho. La fiscal sostenía hasta ahora una tensa y distante relación con el fiscal distrital de Manhattan, Cyrus Vance. Entre ellos –ambos demócratas–, existía una rivalidad, justamente, por el caso Trump. Él fue el primero en abrirle una investigación al exmandatario, y logró, en febrero de 2021, que la Corte Suprema de Justicia obligará al expresidente a entregar su declaración de impuestos a la Fiscalía en Manhattan. James contestó así cuando, en ese entonces, le preguntaron si obtendría también esa información: “Existe un muro separando ambas oficinas”, y confirmó que tanto ella como Vance investigaban, en especial, una propiedad de Trump en el norte de Manhattan llamada Seven Springs, de 85 hectáreas, por la cual la Organización habría obtenido una deducción de impuestos de 21 millones de dólares al donar parte del terreno para su conservación, basado en su valor.

La propiedad fue comprada por Trump en 1996 por 7,5 millones de dólares, y en 2012 fue evaluada en 291 millones, aunque, según Forbes, en 2014 su precio real era de 19,5 millones. Cohen fue testigo de los documentos con cifras infladas que entregó Trump al Deutsche Bank en 2013. En los próximos días, Cohen se reunirá por novena vez con los abogados de la Fiscalía distrital, pero la diferencia es que esta vez James y Vance decidieron trabajar juntos contra Trump.

La fiscal estatal envió dos abogados a Manhattan para unirse al equipo de Vance y atar los cabos que ambos necesitan a fin de llevar a cabo sus pesquisas. Entre las revelaciones más recientes de Cohen, incluye la responsabilidad que tendría Allen Weisselberg, el asesor más fiel de Trump y su familia, en las presuntas prácticas ilegales, y no se descarta que se voltee contra su exjefe y cuente su versión. Las investigaciones en Nueva York ahora están en manos de un jurado que decidirá si hay suficiente evidencia para enjuiciar a Trump y sus allegados.

El que exista ya una investigación penal no quiere decir que se hayan presentado cargos penales. Por lo pronto, son dos casos criminales en su contra, pero se adelantan cuatro investigaciones y 17 demandas contra el exinquilino de la Casa Blanca por diferentes motivos en varios estados.

Trump, quien en días recientes se mudó de su residencia Mar-a-Lago en Florida a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, se defendió diciendo que la pesquisa era parte de una cacería de brujas trasladada de Washington a Nueva York. “Estoy siendo injustamente atacado y maltratado por un sistema político corrupto”, dijo en un comunicado, y añadió que solo pretendían evitar su regreso a la presidencia en 2024. “No hay nada más corrupto que una investigación que está desesperadamente buscando un crimen”.

Una de las grandes intrigas en este caso es si el exmandatario sería llamado a entregar su versión, lo cual no sucedió durante los dos juicios políticos en su contra cuando era presidente. En cuanto a Cohen, quien paga la pena de manera domiciliaria por la pandemia, sus abogados tratan de acortar la sentencia argumentando su buen comportamiento durante el periodo que estuvo en la cárcel, y esperan que su colaboración con la investigación en contra de su exjefe signifique puntos a su favor.

Difícil no sonreír ante la ironía de una famosa frase de Cohen, quien alguna vez dijo que estaría dispuesto a recibir una bala para comprobar su lealtad al presidente. Ahora, parece más interesado en que –como en el juego de Monopolio– los dados intervengan en contra de Trump para que caiga en la casilla de “Ve a la cárcel”.