Para sacar a Trump

Parece increíble que Donald Trump lleve poco más de un mes de presidente de Estados Unidos y, más aún, que le falten tres años y 11 meses para que salga de la Casa Blanca. Tal vez en un fenómeno acentuado por el marcado contraste con el estilo de su antecesor, Barack Obama, Trump tiene a los norteamericanos (y al mundo entero) de cabeza. No pasa un día sin que el hombre más poderoso del mundo ofrezca un nuevo ejemplo de su carácter impredecible, de su personalidad errática y de su incapacidad para analizar a fondo las consecuencias de lo que dice. Trump ha propiciado un ambiente que alimenta la idea de que no terminará el periodo en 2021 porque caerá por un impeachment, es decir, un juicio político. Y, lo que resulta aún más sorprendente, ya algunos comienzan a hablar de aplicar una olvidada reforma constitucional que permitiría removerlo del cargo por razones de incapacidad mental.

El asunto inquieta. Allan Lichtman, el profesor de American University que predijo acertadamente las elecciones desde 1984, incluido el triunfo de Trump sobre Hillary Clinton, está ahora escribiendo un libro sobre un impeachment inminente a causa de los lazos del presidente con Rusia y sus conflictos de interés. Keith Ellison, representante demócrata por Minnesota y muy opcionado para convertirse en presidente del comité nacional de su partido, dijo esta semana que Trump “ha hecho cosas que agitan el ‘impeachment’” como “haber violado la Cláusula de los Emolumentos desde el primer día”. El concejo municipal de Richmond, California, aprobó por unanimidad pedir al Congreso iniciar el juicio político. Una encuesta de Public Policy Polling señala que el 46 por ciento de los ciudadanos se declaran favorables al impeachment. La página de apuestas Ladbrokes sostiene que alrededor del 50 por ciento de los apostadores creen que Trump no terminará el periodo. El periodista Dan Rather, que cubrió el escándalo de Watergate, que tumbó a Richard Nixon, dice que los nexos del presidente con Rusia se transformarán en un escándalo mucho más grave. Y cuando se teclea en Google las palabras Trump e impeachment, aparecen más de 16 millones de visitas.

¿Será posible que eso pase? Nadie lo sabe, pero lo único cierto es que la ley lo permite. El impeachment, o juicio político, está contemplado en el artículo segundo de la Constitución que dice: “El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos pueden ser retirados de sus cargos por traición, soborno y otros delitos”. Para ello se requiere una acusación aprobada por mayoría simple de la Cámara de Representantes ante el Senado y que dos terceras partes de los 100 senadores voten en pro de la destitución.

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La pregunta es entonces cuál sería la causal para Trump. ¿Traición? Podría ser si se demuestra que él estuvo detrás de la influencia de los rusos que ‘hackearon’ el correo electrónico de su contendora Hillary Clinton. ¿Otros delitos? Quizá esta tesis prospere porque es aquí donde aparece una norma jurídica que podría complicarle la vida al magnate neoyorquino: la llamada Cláusula de los Emolumentos. Esta, que forma parte del artículo primero de la Constitución, subraya que “ninguna persona que ocupe un cargo público podrá, sin el consentimiento del Congreso, aceptar ningún regalo, ni tampoco ningún emolumento o ningún título de ninguna clase de parte de ningún rey, príncipe o Estado extranjero”. La cláusula se redactó a finales del siglo XVIII para librar al naciente país de las influencias indebidas que caracterizaban a los gobiernos y la diplomacia de la época.

El problema para Trump es que tanto una reputada organización denominada Ciudadanos para la Responsabilidad y la Ética como prestigiosos profesores de Derecho Constitucional como Laurence Tribe de la Universidad de Harvard, han puesto ya oficialmente la queja por la circunstancia de que varios Estados extranjeros han utilizado en Washington el Trump Hotel, propiedad del actual presidente, y hecho pagos millonarios.

Dos eminentes juristas, en la página editorial del diario The New York Times, sostuvieron esta semana que Trump, con solo jurar el cargo, comenzó a violar la Constitución, y que nunca en la historia norteamericana alguien había asumido la Presidencia con ese nivel de conflictos de interés. Mencionan que la Organización Trump tiene negocios con Argentina, Azerbayán, Bermuda, Brasil, Canadá, China, Egipto, Georgia, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Panamá, Filipinas, Katar, Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur, San Martin, Turquía, San Vicente, Emiratos Árabes, Reino Unido y Uruguay. Y añaden que, en concreto, el Banco Industrial y Comercial de China es el mayor inquilino de la Trump Tower de Nueva York y que el Banco de China, como el anterior de propiedad estatal, es su mayor acreedor. A lo que suman que lejos de desligarse de sus asuntos, Trump afirmó que “puedo ser presidente y manejar mis negocios al ciento por ciento y firmar los cheques. La ley está totalmente de mi lado, lo que significa que el presidente no puede tener conflictos de interés”.

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Las opciones

Pese a todo, no es sencillo que el impeachment se abra paso. Nancy Pelosi, expresidenta del Congreso y líder demócrata en la Cámara Alta, dice que es prematuro hablar de la “palabra que empieza con i”. Y como le dijo a SEMANA Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, la idea parece agitada por la prensa. “La desesperación de un sector de los medios de someter a un juicio político al presidente Trump ofrece el inconveniente de que en el mes que él lleva en el poder no ha cometido errores tan gruesos que constituyan un delito que amerite el ‘impeachment’”. Para muchos, habría primero que esperar a las elecciones de noviembre del año entrante cuando se renueven los 435 escaños de la Cámara y un tercio de los 100 del Senado. Solo entonces, si la oposición demócrata se impone y si Trump comete un error garrafal, podría el presidente verse envuelto en una causal que lo saque de Washington y lo devuelva a manejar sus negocios a Nueva York.

Queda, por supuesto, la posibilidad de que la situación llegue a un punto en que sus propios copartidarios se sumen a la necesidad de sacar al presidente de su puesto. El profesor Lichtman dijo a The Washington Post que ni siquiera los republicanos lo quieren, “porque no lo pueden controlar. Es completamente impredecible. Preferirían tener al vicepresidente Pence, un republicano conservador, sensato y con polo a tierra. Y estoy seguro de que Trump dará las causas del ‘impeachment’, ya sea porque haga algo que ponga en peligro la seguridad nacional, o algo que le ayude a su propio bolsillo”.

Por otro lado, Trump también ha hecho enemigos de ambos partidos en la rama judicial, lo que abre caminos para una impugnación. El republicano Mark Painter, quien sirvió como juez en Ohio por 30 años, se ofreció públicamente a ayudar a redactar los artículos de la destitución de Trump, por considerar que la Presidencia del magnate es la peor tergiversación del espíritu de centro derecha de su partido. Y algunas de las jugadas más polémicas de Trump ya han logrado dividir a sus copartidarios. En el Senado, sus opositores republicanos más fervientes son el excandidato presidencial John McCain y Lindsey Graham. Los senadores, ambos de la escuela de la Guerra Fría, han rechazado los halagos de Trump hacia el presidente ruso Vladimir Putin y muchas de las controversiales decisiones del magnate. Ello evidencia que el apoyo del partido empieza a fragmentarse.

Igualmente, algunos líderes demócratas planean alianzas con los republicanos para destituir a Trump. Tal es el caso de la senadora afroamericana Maxine Waters y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quienes han hecho un llamado a los republicanos inconformes para que apoyen un proceso de destitución. En efecto, Schumer indicó que si bien la mayoría de ellos todavía no están dispuestos a contradecir a la Casa Blanca, predijo que “muchos de los republicanos son gente tradicional. En tres o cuatro meses sentirán que no tienen otra alternativa que romper con él.”

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Y la salud mental

Los presentes en la primera rueda de prensa que ofreció Trump en la Casa Blanca, hace dos semanas, salieron impresionados. El columnista Steve Bennen comentó que la palabra locura circuló entre los reporteros para describir el caótico desempeño de Trump. Y el miércoles, el representante demócrata Al Franken dijo en una entrevista a CNN que “algunos” de sus colegas republicanos tienen sospechas sobre la salud mental del presidente. También esta semana el representante John Jarmuth dijo en un video subido a YouTube que Trump es “totalmente inadecuado para el puesto”. Y en comentarios a CNN, sostuvo que Trump vive por la “gratificación instantánea, como cuando les habla a sus seguidores en manifestaciones de campaña”, y que “no parece preocuparse acerca de lo que pasa cuando el aplauso termina. Parece estar allí solo por eso, y eso es peligroso para el país”.

Esas numerosas muestras que da Trump de estar desconectado con la realidad han puesto de presente la olvidada enmienda 25, que provee una salida en caso de incapacidad del presidente para asumir sus funciones. Se trata de una norma adoptada tras el asesinato del presidente John F. Kennedy, mencionada la semana pasada por Earl Blumenauer, demócrata de Oregon, en un discurso en la Cámara. Blumenauer dijo al portal The Hill que desde que Trump afirmó que el día de su posesión el sol brilló como nunca, entendió que algo no andaba bien, pues o no se dio cuenta del aguacero que le caía encima, o la verdad le importa un bledo. Y que “nadie normal ofrece sin fin una mentira verificable tras otra”. Tanto, que luego de una declaración o un tuit presidencial, los ayudantes del magnate tienen que salir a explicar que no quería decir lo que dijo. Algo que en política internacional envía un mensaje devastador.

En este punto, de nuevo, la situación tendría que haberse salido tanto de madre como para convencer a los republicanos, quienes tendrían la última palabra. El cuarto artículo de la enmienda 25 establece que si el vicepresidente y una mayoría de los secretarios le transmiten al presidente del Senado y al de la Cámara de Representantes una declaración escrita en la que anuncien que el presidente no puede ejercer los poderes de su cargo, el vicepresidente asumirá inmediatamente su puesto.

Aunque, por supuesto, eso resulta totalmente improbable en este momento, no pocos activistas de ambos partidos examinan esa posibilidad, que abre un debate totalmente distinto al del impeachment. Porque hay que tener en cuenta que, en solo un mes al frente de la Casa Blanca, Trump ha puesto al establecimiento político de su país a tocar estos temas que parecerían impensables. Y que, para terminar su periodo, le faltan tres años y 11 meses.