Coronavirus
Túnez pedirá un “pase de vacunación” para entrar a restaurantes, colegios y eventos culturales
La implementación de esta medida ha resultado polémica puesto que puede vulnerar derechos fundamentales.
El Gobierno de Túnez ha publicado este viernes el decreto por el cual se regulará el “pase de vacunación”, que será requerido en el país para entrar en restaurantes, edificios oficiales, colegios y universidades y eventos culturales, entre otros.
Aunque el escrito de exhorta a los ministerios a organizar “campañas de vacunación intensivas” para sus empleados, que deben ser presentadas durante los próximos siete días, el decreto estipula que los trabajadores, tanto estatales como del sector privado, que no tengan el pase verán suspendido su empleo hasta que se vacunen.
Al respecto, Farid Badrán Robayo, internacionalista, docente e investigador doctoral en Ciencia Política de la UNED de España, le contó a SEMANA que esta medida solo debe ser aplicada bajo condiciones excepcionales “que no se cumplen en el caso tunecino, ya que no está en peligro el orden constitucional, la seguridad pública o la soberanía del país“.
Alrededor de cuatro millones de personas, un 35 por ciento de la población, han sido totalmente inmunizadas contra la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
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Los pases de vacunación en otros países
En Chile, por ejemplo, se intentó entregar un “pase de movilidad” a los ciudadanos que hayan completado el esquema de vacunación. Por su parte, en Europa, en países como Italia se implementó el pase verde, medida que establece la obligación de presentar el pase sanitario (tarjeta de vacunación) o una prueba de covid-19 negativa para entrar en el lugar de trabajo. En Rusia, hace apenas dos días se impuso de nuevo el pase de vacunación como medida que buscaba aumentar el número de ciudadanos vacunados en el país.
Incluso en algunos territorios donde se están aplicando las terceras dosis de refuerzo se está exigiendo la misma para la entrega de los pases.
De acuerdo con el grado de restricción que impongan los gobiernos nacionales, la medida ha generado discusión puesto que su implementación puede vulnerar derechos fundamentales. En relación con esto, Farid afirma que una cosa es que establecimientos privados como bares, restaurantes o salones sean “libres de reservarse el derecho de admisión, mientras ello no sea constitutivo de racismo, xenofobia, sexismo u otras formas de discriminación. En su lugar, al Estado le resulta más difícil justificar una medida de estas debido a que la restricción de la movilidad es una facultad que solo se permite en contextos de estados de excepción; de otra parte, podría incurrir en la vulneración de derechos fundamentales”.
Así mismo, el internacionalista señala que en un estado que se defina a sí mismo como democrático, un decreto para regular un tema de salud pública no puede estar por encima de derechos constitucionalmente amparados.
Aunque algunas empresas y sectores de la sociedad se han mostrado proclives a aceptar este tipo de medidas, por otro lado, trabajadores y ciudadanos han mostrado su descontento con estas obligaciones. Como lo indica el Badrán, esta podría ser una de las posibles consecuencias no anticipadas de la aplicación de esta norma, puesto que la ciudadanía inconforme se puede levantar “en contra la medida a través de distintas prácticas que van desde la desobediencia civil, hasta las protestas”.
Otra de las posibles consecuencias es que los establecimientos privados hagan caso omiso a las disposiciones del Gobierno en aras de no afectar su propia rentabilidad, tras más de un año y medio de pandemia.
