Un año de Bukele en El Salvador: ¿pasó de promesa a amenaza?

Al presidente de El Salvador últimamente lo persiguen los escándalos. El último surgió por una investigación que publicó hace una semana el medio local El Faro, en la que denuncia, con una amplia documentación, un aparente trato entre el Gobierno y los líderes de la banda criminal Mara Salvatrucha 13. Las conversaciones, que según el medio comenzaron desde la posesión de Bukele en junio de 2019, buscaban que los pandilleros disminuyeran el número de homicidios y apoyaran al Gobierno en las elecciones legislativas de 2021.

De acuerdo con El Faro, la administración prometió a cambio favores y mejores condiciones para los delincuentes dentro de las cárceles. También afirman que por dichas negociaciones echó para atrás la medida, anunciada a finales de abril, que buscaba combinar en celdas a pandilleros de bandas enemigas. La decisión podía convertirse en un baño de sangre. Después de que el reportaje salió a la luz, la Fiscalía prometió investigar las presuntas conversaciones y empezó con un registro a la Dirección General de Centros Penales.

Semejante negociación sorprendió al país, porque el presidente Bukele había convertido la guerra contra las maras en su bandera personal. Incluso había suscitado críticas por la manera como trataban a los miembros de las maras en las cárceles. Pero el presidente ha cambiado tanto que 14 meses en el poder parecen una eternidad.

“Hoy pasamos la página del periodo de posguerra”, declaró Bukele, el candidato de solo 37 años, al anunciar su victoria en las elecciones de febrero de 2019. Su atuendo, jeans y su característica chaqueta de cuero simbolizaban su campaña: juventud e independencia. La victoria de Bukele significó el fin de 30 años en el poder de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ambos resultantes de la guerra civil que asoló al país desde finales de los setenta hasta inicios de los noventa.

En su campaña prometió atacar la corrupción y mejorar la seguridad, un propósito difícil en una de las naciones más violentas del mundo. Además, no escatimó en críticas a los anteriores gobernantes. Pero con un año en el poder, sus promesas parecen haber quedado en el aire. Y lo que es peor, Bukele ha cometido acciones tan cuestionadas como las de sus antecesores. De hecho, esta no sería la primera vez que un Gobierno en El Salvador negocia con las maras. Solo que ahora Bukele suma a esos abusos un discurso antisistema y unas acciones que atacan el orden democrático y el equilibrio de poderes.

El hecho más impactante sucedió el 9 de febrero, cuando el presidente entró a la Asamblea Legislativa acompañado de un pelotón de militares. Para entonces, pedía a los parlamentarios aprobar un crédito millonario para financiar su estrategia de seguridad, a lo que se negaban. Por ello, llamó a la población a protestar frente al edificio y luego irrumpió en el recinto en una performance muy parecido al de los golpes de Estado. Bukele se sentó en la silla del presidente de la comisión y rezó, después dejó la sala escoltado por los soldados.

Bukele ha tenido una relación tensa con el Legislativo. Ha dicho que los partidos, especialmente Arena y el FMLN –que tienen la mayoría en la Asamblea–, obstaculizan su mandato. Para algunos expertos, la afirmación no está del todo lejos de la realidad. Como explicó a SEMANA el profesor Miguel Gomis, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, unas veces traban los proyectos con razón y otras, por motivos políticos. Y a este juego de poderes el presidente ha respondido con impaciencia, poca capacidad de diálogo e irrespeto a las instituciones. Por eso, si no consigue las mayorías de la Asamblea en las elecciones de 2021, es poco probable que pueda llevar a cabo la reforma constitucional que ha propuesto.

Asimismo, ha tenido encontronazos con la Corte Suprema de Justicia desde el inicio de la pandemia debido a medidas criticadas por organizaciones como Human Rights Watch (HRW). Bukele ordenó arrestar a quienes violaran la cuarentena, hasta por 30 días, en centros de detención que, denuncian, no cumplen las mínimas garantías sanitarias. Para principios de junio, según HRW, habían detenido a 14.000 personas. El alto tribunal se pronunció y ordenó poner fin a los procesos, pero el Gobierno ha ignorado el fallo. De igual manera, el órgano judicial ha frenado decretos relacionados con el manejo de la crisis sanitaria, con los cuales el presidente ha tratado de saltar la aprobación de la Asamblea.

A pesar de todo, Bukele tiene altos índices de aprobación. Su discurso antisistema caló por el desencanto con la política tradicional. Tanto Arena, de derecha, como el FMLN, representación de las guerrillas que firmaron la paz en 1992, han estado envueltos en escándalos. En 2003, Arena enfrentó acusaciones por malversación de donaciones internacionales para atender el terremoto de 2001. Y el expresidente Mauricio Funes, del FMLN, huyó a Nicaragua en 2016 cuando la justicia lo investigaba por corrupción.

Sin embargo, Bukele no siempre estuvo lejos de la élite tradicional. Cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, lo hizo con las banderas del FMLN. Pero en 2017 el partido lo expulsó por “promover prácticas personalistas, fomentar la división del partido y violar sus principios”. Por eso, conformó una nueva colectividad llamada Nuevas Ideas, y en 2019 lanzó su candidatura por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).

Su manejo de la pandemia y los hechos del 9 de febrero han puesto a su Gobierno bajo la lupa de organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles y medios de comunicación. El Faro lo ha criticado duramente. En un editorial publicado el primero de junio hizo un recuento del primer año del presidente y afirmó: “Bukele no consideró necesario conocer el funcionamiento de un Estado al que gobierna de manera errática, y del que le incomoda cualquier sistema de control, toda expresión de la independencia y sujeción mutua de poderes”. Además, ha denunciado una campaña de persecución y deslegitimación en contra suya y otros medios críticos del Gobierno.

Por el contrario, para Gomis, calificarlo de autócrata es muy apresurado. Opina que, a pesar de sus salidas autoritarias, El Salvador sigue siendo un Estado democrático. Aun así, destaca que el presidente “siempre intenta convertir las crisis políticas en crisis institucionales” y que ha hecho evidente que no respeta del todo la institucionalidad. Gomis también señala la poca claridad ideológica del personaje, que ha sido reflejada en unas políticas erráticas.

¿Representa una amenaza para la democracia? Para Gomis, “no es mucha más amenaza que otro tipo de presidente, solo que es otro tipo de amenaza. Ha habido presidentes que han cometido atropellos brutales a los derechos humanos y nadie ha dicho nada”. Según él, las derivas autoritarias y las violaciones de derechos humanos no han sido excepcionales a su gobierno. Bukele es la continuación de una lista de gobernantes desafortunados que han jugado con la institucionalidad de El Salvador. Unos más disimulados y otros más teatrales, como Bukele.