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A un año de la masacre de San Valentín

La masacre de Parkland impulsó un movimiento nacional que busca restringir el acceso a armas de fuego en Estados Unidos. Sin embargo, la influencia del llamado lobby de las armas ha impedido cambios de fondo.

14 de febrero de 2019
Manifestantes en Florida le dicen "basta" a las masacres por el uso indiscriminado de armas. | Foto: AFP PARKLAND

El 14 de febrero del año pasado Nikolas Cruz ingresó al colegio del que alguna vez fue alumno, el Marjory Stoneman Douglas High School, ubicado en Parkland (Florida), y abrió fuego con un fusil AR-15. Mató a 17 personas –entre estudiantes y miembros del staff de trabajo– y dejó heridas a otras 17. Con un historial de enfermedades mentales, actualmente está acusado por más de 15 cargos y homicidio agravado.

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Este tiroteo, el tercero más mortífero llevado a cabo en una institución educativa en el país (por detrás de las masacres de Virginia Tech (2007) y Sandy Hook (2012), y el segundo más letal en la historia del estado de la Florida, hizo que el presidente Donald J. Trump propusiera, 24 horas después de los hechos, armar a los profesores para frenar a los tiradores en las escuelas. Esta declaración, sumada a la indignación mundial que despertaron los hechos, avivó el debate sobre el control y porte de armas en el país.

Desde la otra orilla del Ejecutivo, y con el objetivo de endurecer las leyes que regulan el control de armas, el país presenció una movilización juvenil masiva en Washington, a la que asistieron más de 500.000 personas, entre ellas sobrevivientes de la masacre. También hubo manifestaciones en varias ciudades del país.

Con el argumento de que este no era un problema demócrata o republicano, sino “un problema de todos los americanos”, los manifestantes pidieron el endurecimiento de las leyes que regulan el porte y uso de armas. Si bien es cierto que hay sectores de la población civil que quieren una prohibición total, David Hogg, uno de los estudiantes sobrevivientes y líder de #NeverAgain, un movimiento ideado para promover la seguridad en los colegios y el fortalecimiento de la legislación alrededor de las armas, hizo un llamado más realista.

“No estamos tratando de quitarles sus armas; estamos tratando de recuperar nuestras vidas. Somos niños y ustedes son los adultos. Tienen que tomar acción y jugar un papel. Trabajen juntos. Dejen de lado sus políticas y hagan algo”, argumentó quien se ha convertido en la cara de una nueva generación de activistas que buscan tener éxito en donde otros han fracasado.

Los legisladores también escucharon al estudiante y sobreviviente Aalayah Eastmond, quien estremeció a la multitud cuando dijo que ella, quien perdió a dos personas en su salón de clases, se salvó tras haber usado uno de los cuerpos de sus compañeros como escudo humano. “Ningún estudiante debería sobrevivir protegiéndose con el cuerpo de una persona fallecida, pero yo fui ese estudiante”, dijo.

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Ese mismo día, los senadores por el estado de la Florida, Marco Rubio y Bill Nelson, introdujeron una ley federal (la ‘Red Flag’) ideada para prevenir que individuos que muestren indicios de ser un peligro social puedan acceder a permisos para obtener armas de fuego. También el gobernador de la Florida en ese momento, Rick Scott, pasó una legislación similar en respuesta al tiroteo.

No obstante, de acuerdo con el internacionalista experto en política exterior norteamericana y docente de la Universidad Javeriana, Emersson Forigua, “esto es casi imposible que ocurra. Las dificultades para cambiar la legislación radican, sobre todo, en el muy bien estructurado lobby de grupos de interés como la asociación nacional del rifle y sus estrechos vínculos en el congreso norteamericano con el partido republicano”, explica.

Por otra parte, hay sectores sociales en los Estados Unidos, localizados especialmente en zonas rurales del medio oeste o del cinturón de la Biblia, “que han construido fuertes criterios de identidad en torno a la tenencia de armas. Estos criterios de identidad son defendidos a través del sistema político y de sus decisiones electorales, que en el caso de la Cámara de Representantes se somete a elecciones cada dos años. Estos dos aspectos limitan de forma importante la posibilidad de un cambio legislativo”, puntualizó.

Fondos

Por otra parte, habiendo recaudado alrededor de tres millones de dólares en las tres semanas siguientes a la masacre, la Broward Education Foundation recaudó un total de US$10,5 millones en cuatro meses y medio para las víctimas y sus familias.  

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“El ciento por ciento de los dineros recaudados fue distribuido el 16 de julio a 1.517 familias. Las víctimas aplicaron para acceder al fondo y cada caso fue cuidadosamente revisado a través del Fondo de Compasión Nacional. Los fondos se distribuyeron de la siguiente manera: 400.000 dólares fueron recibidos por aquellas personas que perdieron a alguien. Entre US$256.000 y US$39.000 por quienes resultaron heridas. 2.500 dólares se le dieron a quienes se encontraban en el edificio y 1.000 dólares a quienes se encontraron en el campus”, le dijo a SEMANA la Directora de Marketing de la Broward Education Foundation y directora oficial del Stoneman Douglas Victim’s Fund, auspiciado por miembros de la sociedad civil.

Seguridad

Por último, Si bien es cierto que para algunos padres de familia los cambios que se han implementado en materia de seguridad se han demorado mucho, de acuerdo con el Superintendente de los colegios públicos del condado de Broward, Robert Runcie, “desde el condado no esperamos que el reporte estuviera listo. Nosotros comenzamos a hacer cambios inmediatamente después de la tragedia y no solo frente al Marjory Stoneman Douglas High School o a la zona, sino a nivel nacional”.

En este orden de ideas, el 17 de enero el superintendente se refirió a las medidas que ya se han implementado y otras tantas que están en ejecución para comenzar a desarrollar este año. Con una inversión de US $30 millones, el distrito hizo un plan piloto en 60 salones de clase con las denominadas “esquinas duras”, diseñadas para proteger a las personas cuando haya una emergencia. “Estos espacios le darán a los estudiantes un lugar de escondite seguro cuando haya una crisis. La idea es implementarlo en más de 20.000 salones de clase”.

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Adicionalmente, el distrito firmó a mediados de enero un acuerdo que le permite al policía del condado tener acceso a videos en vivo registrados con las cámaras de los colegios del condado para mejorar el tiempo de respuesta.

Si bien es cierto que el senador demócrata Richard Blumenthal dijo que no era una sorpresa que jóvenes americanos estuvieran liderando un movimiento por cambio, este no es el primer tiroteo que despierta un llamado a la acción.