México desangrado: López Obrador firma el año con más asesinatos en la historia reciente del país

Cuando Andrés Manuel López Obrador (Amlo) se posesionó el 1 de diciembre de 2018 en la presidencia de México, pronunció un sentido discurso en el que anunció que la gran bandera de su Gobierno sería la lucha contra los violentos. Prometió reorganizar las Fuerzas Armadas para enfrentar sin tapujos a los grupos delictivos, a la vez que atacaba el problema estructuralmente. “Siempre he pensado que lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y así lo haremos”, aseguró el mandatario aquel día. En efecto, puso en marcha un plan para reducir la violencia con iniciativas sociales y educativas, a la vez que desintegró la Policía Federal para conformar la Guardia Nacional. Sus decisiones, sin embargo, no han obtenido el efecto esperado y lo tienen en el ojo del huracán: con 33.743 asesinatos, 2019 se convirtió en el año más violento en la historia reciente del país.

La cifra es escalofriante. Equivale a 913 muertes más que en 2018, y representa, en promedio, 95 homicidios dolosos al día. Al récord de asesinatos se suma que también fue el año con mayor índice de feminicidios, trata de personas y narcomenudeo desde que hay registros. Los números revelados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) son de dominio común desde 1997.

Históricamente, el narcotráfico ha sido el denominador común de la violencia y el disparador de otros delitos. Desde que en los años setenta las rutas de la droga (procedente de Colombia) empezaron a atravesar México hasta llegar a Estados Unidos, los territorios por donde transitaban los traficantes se calentaron. En 1989, cuando el cartel de Guadalajara se desintegró, surgieron las cuatro organizaciones que se disputarían, hasta hoy, el control del negocio de la droga: los carteles de Sinaloa, del Golfo, de Tijuana y de Juárez. Aunque en un principio se dividieron territorialmente, el acuerdo duró poco, y las disputas por los millonarios beneficios del narcotráfico provocaron una guerra interna que todavía no se ha podido contener.

En 2006, Felipe Calderón asumió la presidencia de México. La ley de los narcos ya pesaba más que la del Gobierno en los estados periféricos. Calderón le declaró la guerra a los carteles, y enfiló sus esfuerzos en tumbar a los capos de la droga. Esta política, que buscaba intimidar y desequilibrar la operación de la mafia, dio paso a la época más sangrienta en la historia reciente del país azteca. Como le dijo a SEMANA David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa, “En el mandato de Calderón ocurrieron los primeros saltos de la tasa de homicidio. El principal detonante fue la confrontación frontal con la participación del ejército, sin garantizar la protección de los ciudadanos. Esto generó una inercia difícil de frenar, y que tuvo continuidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto”.

Desde el primer año de Calderón, el número de homicidios ha subido como la espuma. De registrar siete víctimas por cada 100.000 habitantes en 2006, México pasó a 27,32 en 2019. El abatimiento de los líderes de los carteles demostró ser una estrategia inútil, y la pobreza y la corrupción en las instituciones públicas allanaron el terreno para que los crímenes asociados al narcotráfico subieran con los años.

En todo caso, otros ingredientes han disparado las cifras de asesinatos. El principal, el tráfico ilegal de gasolina, conocido popularmente como huachicoleo. La actividad se cartelizó, y aumentó la violencia en estados como Puebla, Jalisco y Guanajuato. En este último, los índices han ascendido desde 2016, año en el que se intensificó la lucha territorial para apoderarse de las tomas ilegales. Según el SNSP, Guanajuato tuvo el mayor número de asesinatos en 2019, con 3.540.

La Guardia Nacional, creada en marzo, no ha dado los frutos esperados. Los mexicanos manifestaron su descontento con marchas por los feminicidios y desaparecidos durante 2019.

También preocupan los altos índices de feminicidios. En 2015, la cifra fue de 411, pero en 2019 alcanzó los 976, un incremento del 137 por ciento en apenas cuatro años. Otros tipos de violencia contra la mujer han subido, y muchos analistas coinciden en que obedece a motivos culturales. Óscar Balderas, periodista especializado en crimen organizado y seguridad pública en México, le aseguró a esta revista que “algunas mujeres han quedado en medio de un fuego cruzado. Son víctimas de violencia doméstica y también son objetivos de la violencia entre carteles. Las asesinan para aterrorizar a sus familias, ‘dañando’ la propiedad de sus rivales”. En Guanajuato, el cartel de Santa Rosa de Lima, dedicado al huachicoleo, ha marcado su territorio con torturas, violaciones y feminicidios.

El panorama es tan desalentador que el mismo Amlo admitió que “no hemos avanzado en el grave problema de la inseguridad y la violencia”. Sus directrices han recibido críticas lapidarias. Hay consenso en que el plan para alejar a los jóvenes del crimen no está adaptado a las comunidades con menos recursos. Además, la reforma estructural y pedagógica tendría que estar acompañada de un refuerzo de las autoridades regionales, despreciadas para reforzar la nueva Guardia Nacional, que, a pesar de tener otro nombre, es fiel reflejo de las instituciones militares de Calderón y Peña Nieto.

Los resultados del segundo año de Amlo serán cruciales para definir la efectividad de su lucha contra el crimen. En el primero falló rotundamente, y las cifras en lo que va del año auguran un nuevo fracaso. De acuerdo con el SNSP, en enero de 2020 ocurrieron 2.376 asesinatos, 50 más que en el mismo mes en 2019. Leonel Pereznieto, experto en políticas públicas y democracia de la Unam, le aseguró a SEMANA que “el Gobierno está enredado en sus palabras y no toma medidas. Es difícil contener a los carteles, pero su estrategia para enfrentarlos desde una revolución estructural no se entiende”.

López Obrador admitió que no pudo con la violencia en su primer año. Ahora quiere reformar la justicia para condenar sin tantos obstáculos.

Hace unos días, Amlo dio un timonazo inesperado para muchos. En 2016, una reforma judicial cambió el sistema de encarcelamiento en México. Los ajustes garantizaban el proceso justo y combatían la impunidad. Sin embargo, las cifras de violencia se mantuvieron en alza y, en cambio, el número de presos bajó en caída libre. Ante esta realidad, el mandatario quiere traer de vuelta la prisión preventiva, dar penas más largas y permitir el encarcelamiento sin tantas complicaciones. “En su primer año, Amlo hablaba de justicia transicional, pero esta se quedó corta para atender el problema en toda su amplitud. Ahora apostará por estrategias más efectistas que no garantizan el respeto a los derechos humanos. Hay claros indicios de una peligrosa inclinación hacia el populismo penal”, asegura Ramírez.

La triste marca alcanzada en 2019 invita al pesimismo. Sin embargo, el porcentaje en el que aumentaron los asesinatos es el menor en los últimos años. En 2018, todavía con Peña Nieto, subieron en casi un 10 por ciento. En 2019, un 2,4. En todo caso, aunque en 2020 logre tener el primer año en mucho tiempo en el que la tasa de asesinatos no crece, la lucha de largo aliento contra la violencia en México, consecuencia de otros males, está lejos de terminar.