NACIÓN
Un día después de entrar en funcionamiento en Colombia, centros de atención a migrantes de ‘Movilidad Segura’ a EE.UU. se quedaron sin citas
Pese a que las oficinas del programa de Gobierno de Estados Unidos y la ONU se dispusieron en Colombia, estas no atenderán a nacionales de nuestro país.
¿Falta de planeación o alto flujo de aplicaciones?, es una pregunta que puede plantearse este jueves 29 de junio en Colombia, luego de que, un día después de que se habilitaran las oficinas del llamado Programa de Movilidad Segura anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos, su página web en nuestro país anunciara que debieron cerrar, de forma temporal, el registro de las personas interesadas en aplicar a dicho beneficio.
Si bien este programa se habilitó al público apenas el pasado 28 de junio, este jueves su página web aclaró que el proceso debió suspenderse, aclarando que, pese a que el programa aún está en proceso de lanzamiento, en el momento “no estamos aceptando solicitudes”.
Si bien el comunicado expuesto a través de la plataforma web señala que próximamente se reactivará el proceso, invitando a estar monitoreando la plataforma, la situación planteó una serie de interrogantes, debido a que una situación similar ya había ocurrido con el lanzamiento del programa y las oficinas especiales en Guatemala, otro de los países que envía importante número de migrantes a Estados Unidos, y que como Colombia, también es un país de paso de las importantes diásporas humanas.
En su comunicado, la plataforma coordinada por la ONU y el Gobierno de Estados Unidos en el marco de un programa para facilitar la migración legal a su país, aclara que, pese al cierre de los registros o postulaciones, las solicitudes que alcanzaron a ser registradas sí fueron recibidas para el correspondiente estudio, por lo que no es necesario que las personas que diligenciaron el formulario deban hacerlo al retomar el proceso.
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Si se viera el caso de la suspensión temporal de la plataforma a la luz de lo ocurrido en su momento en Guatemala, equiparando los casos, sería importante notar que dicho stop en el proceso no refiere la suspensión del programa, sino que, por el contrario, traduce en un ajuste en el proceso logístico de dicha oficina de cara a la atención de las solicitudes que eventualmente se tramiten.
En ese sentido, es importante precisar que el referido programa de “Movilidad Segura” responde a una estrategia de Estados Unidos y la ONU con el fin de hacer ‘más amable el proceso de aplicación al estatus de refugiados’ por parte de migrantes provenientes de determinados países de Centroamérica y África, que en su intento de llegar a Estados Unidos, hacen tránsito por nuestro país o por otros de la región como Costa Rica y Guatemala, lugares donde el programa también dispuso puntos de atención especial.
Así, queda en evidencia que las oficinas de “Movilidad Segura” que anunció Estados Unidos en nuestro país, no tiene como objetivo la atención de migrantes provenientes de Colombia, sino que, por el contrario, responden a la necesidad de atención de poblaciones que hacen tránsito por nuestro país en medio de su deseo de llegar a Estados Unidos.
Así, el programa que se ha instaurado en Colombia y otros países pares, y cuya plataforma de acceso es movilidadsegura.org, en el caso de nuestro país, pretende brindar atención especial a ciudadanos provenientes de países como Venezuela, Cuba y Haití, excluyendo a su vez a los connacionales que también se encuentren en proceso de buscar refugio en Estados Unidos.
No obstante, es importante notar que los tres países citados hacen parte de programas de migración especial planteada por el Gobierno de Estados Unidos, en su propuesta de dar refugio especial a ciudadanos provenientes de estos países. En virtud de la situación propia que viven sus países de origen, el programa se trazó la meta de otorgar 30.000 visas mensuales para sus ciudadanos.
Sin embargo, los requisitos que impone dicho programa en el caso de la oficina en Colombia van más allá de la simple nacionalidad, estableciendo que las personas aptas para aplicar en la plataforma que ahora está ‘temporalmente deshabilitada’, son los migrantes provenientes de esos países enunciados, que además hubieran ingresado legalmente a Colombia antes del 11 de junio de 2023.
Sobre el programa de movilidad segura, también es importante aclarar que este es ‘gratuito’, y que el haberse registrado no garantiza necesariamente el ser aceptado por el programa, pues precisamente dicho registro va enfocado en realizar estudios detallados de los interesados de cara al otorgamiento del beneficio, vigilando en dicho proceso previo su situación de ‘elegibilidad’.
Así, la plataforma también aclara que eventualmente algunas de las personas que logran su registro inicial, también serán sometidas a pruebas como la presentación de una entrevista para aclarar algunos puntos de su aplicación a ser beneficiario del programa.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que solamente se otorgarán, a la luz de dicho programa, 30.000 visas mensuales para las tres nacionalidades mencionadas.
En ese proceso, a su vez, se aclara que tendrán prelación aquellas personas que se vieron afectadas por las políticas migratorias, derivando en casos de destrucción de la unidad familiar, por lo que el programa apunta a beneficiar los procesos de reunificación.
Según detallan medios locales, en el caso de Guatemala, a diferencia del escenario colombiano puesto en marcha el pasado miércoles, la aplicación sí incluye a migrantes de origen local (guatemalteco), además de nicaragüenses y salvadoreños.
No obstante, en el caso de Costa Rica, las oficinas habilitadas representan una lógica similar a la impuesta en Colombia, imponiendo solo beneficios para venezolanos y nicaragüenses, que también deben contar con legalidad en su ingreso al país y una fecha mínima de ingreso al territorio.
Si bien el programa ha suscitado críticas en torno a los países que busca beneficiar, advirtiendo la existencia de interesados procedentes de otros países de la región y de África, es necesario entender que ello responde a políticas especiales adoptadas por el Gobierno Biden para beneficiar a ciudadanos de ciertos países golpeados particularmente por cuestiones de su ordenamiento interno.