Escándalo en España por la distribución de cartillas que enseñan a niños de tres años a masturbarse: “Una aberración”

Un programa de educación sexual infantil tiene con los pelos de punta a miles de españoles. Se trata de un plan de la Generalitat de Cataluña que busca enseñar a los más chicos, desde los tres años, a masturbarse y explorar su cuerpo.

“Así como suena”, tituló con asombro uno de los diarios de esa región del país. El objetivo es, según sus autores, “desarrollar las relaciones efectivas y sexuales de los pequeños”.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido el programa de educación sexual del Govern ‘Coeduca’t’. Lo considera imprescindible para los niños y jóvenes catalanes, y opina que “de hecho se tendría que ampliar”. Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este miércoles en una visita al Institut Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona).

Según el líder político, esto se hace en busca de la importancia de que los jóvenes sepan que puede haber una educación sexoafectiva “basada en el respeto, en los derechos de las personas, en cultura del consentimiento y en la igualdad entre hombres y mujeres”. Ha defendido que no habrá ningún cambio respecto a este programa y que el Govern se defenderá “ante cualquier intento que pueda haber por parte de cualquier colectivo de echarlo atrás”.

Se refiere a la demanda de la asociación Abogados Cristianos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El colectivo busca que se tumbe esa iniciativa cuanto antes, pues “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

El diario The Objetive reveló el contenido de esa denuncia. “Es una auténtica aberración que trata de corromper a los niños y destruir su infancia. Además, vulnera derechos fundamentales que tenemos los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones filosóficas, éticas, religiosas o morales. Es un adoctrinamiento y una intromisión del Estado en la educación de nuestros hijos”, reconoce Polonia Castellanos, portavoz de Abogados Cristianos al medio.

El documento señala que las cartillas son “un claro ejemplo de extralimitación, de introducción de ideologías no amparadas en la moral democrática, sino que suponen pensamientos y opiniones objeto de debate y sobre los que no existe el menor consenso social ni científico”.

The Objetive también reveló que “el documento oficial sostiene que este curso debe desarrollarse «con música tranquila» y los alumnos que así lo deseen pueden levantarse a coger diferentes objetos del aula, como plumas, telas y cepillos, para «acariciar o masajear a algún otro niño del grupo». El impreso reconoce que a través de estas fórmulas se puede conseguir sensaciones agradables y deseables a través del propio cuerpo”.

No es la única voz en contra. Vox lo ha catalogado como perversión. “Es un programa para hipersexualizar a nuestros hijos apartándolos y privándoles de la necesaria inocencia de su etapa infantil, deconstruyendo el lenguaje, las relaciones familiares, la reproducción y los conceptos de la sexualidad”, dijo el portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de rechazo.

Cataluña, en el eje de la polémica

La educación sexual no es el único tema que ha generado controversia en esa región de España. La eliminación del delito de sedición que propone el gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que es anticuado y que acercaría las leyes españolas a las europeas, solivianta a una derecha que lo considera un regalo a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo parlamentario.

El Congreso de los Diputados aprobó en la madrugada del viernes por una holgada mayoría (187 votos a favor, 155 en contra y seis abstenciones) reformar la ley en este punto, abriendo el periodo para hacer efectiva la supresión del delito, algo que debería suceder antes de finales de año, según las estimaciones de medios españoles.

La formación de extrema derecha Vox ha convocado una gran manifestación en Madrid y en otras provincias el domingo, mientras que el conservador Partido Popular (PP), primera formación de la oposición, hará mítines por todo el país en las próximas semanas para expresar su rechazo.

La derecha argumenta que la supresión del delito, por el que se condenó a penas de nueve a 13 años a la mayoría de los 12 dirigentes castigados por la intentona independentista catalana de 2017, posteriormente indultados, allanará el camino para que otra tentativa similar en el futuro quede sin castigar.

“¡Lo bien que estará Cataluña para los que quieran realizar otro golpe!”, lanzó en el Congreso Edurne Uriarte, diputada del PP.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez responde que los problemas para conseguir la extradición de los dirigentes catalanes que se fugaron al extranjero, como el expresidente regional Carles Puigdemont, se debe a que las legislaciones europeas no contemplan ese delito, y propone sustituirlo por uno de “desórdenes públicos agravados”. Este delito “será como el que ya tienen las principales democracias europeas con las que nos queremos identificar”, argumentó Sánchez.

“Los delitos que se cometieron en el año 2017 son delitos que continúan estando presentes en nuestro código penal” tras la reforma, aclaró Sánchez en una entrevista con la televisión LaSexta. De hecho, el propio Puigdemont expresó su recelo ante este cambio, y dijo que los independentistas que lo celebran “no han aprendido nada de estos últimos cinco años”.

El nuevo delito contempla una pena máxima de cinco años de cárcel, frente a los 15 actuales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, invitó a Sánchez a “aclarar si va a reformar el delito de sedición y si protegerá la democracia española o solo pretende sobrevivir”, reprochándole implícitamente que esté pagando a los independentistas catalanes su apoyo en el Congreso.

“El PP es claro: agravaremos las penas de sedición y rebelión, los tipificaremos de forma clara y será delito la convocatoria de un referéndum ilegal”, añadió Feijóo.

El PP consiguió que la votación de la noche del jueves al viernes se hiciera de viva voz, un procedimiento inusual en el que cada diputado tiene que dar su voto en voz alta, para que los socialistas más reacios a la medida quedaran retratados ante su electorado. El código penal español dice que son culpables de sedición quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”.

Más sucintamente, la Real Academia de la Lengua española la define como un “alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión”.

El delito se ha ido manteniendo a lo largo de las sucesivas reformas del código penal hasta la última, en 1995, pero sus detractores sostienen que pertenece al tiempo en que se sucedían en España los alzamientos militares, en el siglo XIX. Su reemplazo por un delito de “desórdenes públicos graves” no acaba de tranquilizar a una parte de la izquierda que cree podría aplicarse a las manifestaciones.

“Nos preocupa” que el cambio “pudiera tener algún tipo de efecto en la limitación del derecho a la protesta pacífica”, afirmó Pablo Echenique, portavoz del partido de izquierda radical Podemos, que forma parte de la coalición del gobierno y que impulsó la supresión de la sedición.

*Con información de Europa Press y AFP.