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Una lista de empresarios y políticos cercanos al narcotráfico habría motivado el asesinato del presidente de Haití
Tras el crimen de Jovenel Moïse, los milicianos saquearon y robaron importantes documentos de la oficina ubicada en su residencia.
El caso por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, dio un giro este lunes tras la revelación periodística hecha por el diario estadounidense The New York Times. En el reportaje se plantea tal vez una de las hipótesis más sólidas hasta la fecha sobre los motivos que llevaron a planear el crimen del jefe de Estado, acción que se consumó el pasado 23 de julio, en de su residencia privada en Puerto Príncipe.
Moïse había tomado distancia de Michael Martelly, expresidente de Haití, quien le había dado su bendición para que se presentara en las elecciones presidenciales. Pese a su afinidad política, las decisiones que empezó a tomar Moïse no le gustaron a Martelly, quien quería seguir ejerciendo poder y mandando en la celebración de contratos.
Martelly, quien es una personalidad en Haití por su fama musical, es cuñado de Charles Saint-Rémy, un empresario que ha estado en el radar de las autoridades de los Estados Unidos por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y contrabando, tuvo un papel fundamental en la candidatura y posterior elección de Moïse.
Saint-Rémy también se habría distanciado del entonces presidente cuando este tomó la decisión de luchar directamente contra el narcotráfico y el contrabando, entre las que se destacaban una “limpieza” del departamento de aduanas, debido a los altos niveles de corrupción que se registraban y los cuales permitían el ingreso de mercancía ilegal.
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Su propuesta para nacionalizar el puerto marítimo –reseña la investigación periodística– tampoco fue de buen recibo por parte de sus antiguos socios políticos, quienes tampoco habrían aceptado la destrucción de una pista clandestina ubicada en el norte del país y la cual estaría siendo utilizada para el aterrizaje de avionetas provenientes de Colombia y Venezuela con todo tipo de mercancía.
En la escena apareció Dimitri Hérald, jefe de la unidad de Policía, quien tenía la función de proteger el palacio presidencial justo la noche en que más de 20 hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda para asesinar al presidente y todo su núcleo familiar.
El nombre de Hérald, casualmente, ya estaba reseñado en un expediente de la DEA: en 2015, habría dirigido –según un testigo– el desmonte de un buque con bandera panameña que estaba cargado con cerca de 1.100 kilógramos de cocaína y heroína, tras ordenarles a varios policías que cargaran los vehículos con la droga.
El deseo de Moïse
Moïse, según revela The New York Times, estaba redactando una completa lista con los nombres de políticos y empresarios a las autoridades de los Estados Unidos. Estas personas tendrían una relación directa con actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el contrabando. En los días previos a su asesinato, se reunió con cuatro de sus más cercanos asesores y funcionarios para darles a conocer la información.
Después de que los milicianos ingresaron a su vivienda para torturarlo y asesinarlo junto a su esposa, reseña la investigación, revisaron minuciosamente la oficina del presidente para buscar archivos. Martine Moïse, quien tuvo que hacerse la muerta después de recibir varios disparos, dijo que uno de los hombres aseguró “eso es”, poco después de abandonar la vivienda.
Para sustentar esta versión, además del dicho de la viuda del mandatario, se encuentra el informe de los investigadores que llegaron pocas horas después y reseñaron la escena del crimen. Igualmente, está la declaración de algunos de los milicianos capturados frente al hecho que tenían la misión de recuperar una lista con nombres. Sin embargo, vale tener en cuenta que los detenidos han denunciado haber sido amenazados y torturados para dar sus declaraciones.
Entonces, las políticas en contra del narcotráfico y delatar a “los poderosos” políticos y empresarios se convierte en una de las hipótesis más claras, cinco meses después, sobre los motivos que llevaron a ejecutar el asesinato contra el presidente de Haití. La misma tiene un “plus” si se revisa la declaración rendida por Moïse en una entrevista con el diario El País de España en febrero de 2021, cuando reveló que “un grupo de oligarcas” quería “apoderarse de Haití”, para lo cual estarían planeando un golpe de Estado.
Sin embargo, esto no da mucha esperanza, puesto que la justicia haitiana goza de una ganada impopularidad por los altos índices de impunidad. La Policía y la Justicia han sido permeadas por los narcotraficantes, lo que impide que se obtengan resultados en la lucha contra la delincuencia. “Cualquiera que esté involucrado en el tráfico de drogas tiene, al menos, a un oficial de policía en su equipo”, le manifestó a The New York Times, Compére Daniel, comisionado de policía del Departamento Noroeste de Haití.
Frente a estos altos índices de corrupción y bajos resultados, la verdad y justicia frente a este caso parece bastante lejana. 18 militares retirados colombianos fueron detenidos por este magnicidio; sin embargo, cinco meses después no han sido siquiera acusados de manera formal. En repetidas oportunidades han denunciado torturas, agresiones y constantes violaciones a sus derechos humanos para que se declaren culpables y acepten toda su participación.