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Unión Europea sanciona al hijo y esposa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega
Las sanciones afectan ahora a un total de “14 personas” que no pueden viajar ni transitar por territorio europeo y cuyos haberes en la UE están congelados, según el comunicado.
La Unión Europea sancionó este lunes a la esposa del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Juan Carlos así como a otros seis funcionarios de su gobierno por su responsabilidad en las “graves violaciones de los derechos humanos” en el país centroamericano.
“Lamentablemente, la detención de un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones”, subrayó un comunicado de la UE, en referencia a Noel Vidaurre, puesto bajo arresto domiciliario el 25 de julio.
Las sanciones afectan ahora a un total de “14 personas” que no pueden viajar ni transitar por territorio europeo y cuyos haberes en la UE están congelados, según el comunicado.
“Los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición”, subraya el texto.
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Entre los sancionados se encuentran el consejero económico de Ortega, Bayardo Arce Castaño; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanegas: al fiscal general Ana Julia Guido Ochoa; y dos responsables de la policía.
El hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos, es el jefe del movimiento sandinista 4 de mayo y dirige Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país.
Las nuevas sanciones habían sido anunciadas a principios de julio por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
“Nicaragua entró en una espiral de represión” contra la oposición ante la cercanía de la elección presidencial, había lamentado Borrell ante el Parlamento Europeo reunido en sesión plenaria en Estrasburgo (este de Francia).
Las últimas sanciones europeas contra el gobierno de Daniel Ortega databan de mayo de 2020.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 75 años, aún no anunció oficialmente su candidatura, aunque sus allegados y la propaganda partidaria visible en sitios públicos, dan por hecho que buscará reelegirse para un cuarto mandato sucesivo.
El líder sandinista gobernó el país entre 1979-1990, retornó al poder en 2007, donde se mantiene tras dos reelecciones consecutivas, la última de ellas con su esposa como vicepresidenta.
CIDH interviene
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó el pasado viernes a las autoridades de Nicaragua a “liberar de inmediato” a los opositores detenidos producto de la ola represiva que vive el país.
La CIDH “urge al Estado de Nicaragua a cesar el hostigamiento a las personas opositoras, incluyendo a los defensores” de los derechos humanos, y “a liberar de inmediato a quienes se encuentran detenidos arbitrariamente”, demandó el organismo de la OEA en su cuenta de Twitter.
Al menos 136 disidentes del gobierno de Daniel Ortega están detenidos, de los cuales 31 fueron capturados desde junio pasado, entre ellos siete aspirantes a la presidencia de la oposición que buscaban competir en las elecciones del 7 de noviembre, indicó el grupo independiente “Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas”.
El jueves fue arrestada la abogada de la oenegé local Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, bajo cargos de “menoscabar la soberanía” del país, pese a las medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó a su favor el 14 de octubre de 2019, dijo la CIDH.
El 23 de junio, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, denunció ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la existencia de “una nueva fase de la represión” en Nicaragua.
El país centroamericano aprobó en los últimos meses, por iniciativa del gobierno de Ortega, un conjunto de leyes que limitan la libertad expresión y que han sido calificadas de “represivas” por la oposición.
Una de ellas es la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aplicada a varios opositores presos, que castiga con cárcel a quienes “menoscaban la soberanía”, promueven la injerencia extranjera o apoyen sanciones contra Managua.
El gobierno de Ortega, por su lado, acusó en la OEA a sus opositores de “mercenarios y vende patrias financiados y dirigidos por Estados Unidos” que buscan “reeditar” el fallido “golpe de Estado” que, aduce, ocurrió durante las masivas protestas que pedían la dimisión del mandatario en 2018.
*Con AFP
