Venezuela bajo la lupa de la ONU por amenazas al espacio cívico

La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó las acusaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país entre enero de 2020 y agosto de 2023. Concluyó que tiene “motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias” en ese periodo.

Además, los expertos, en el marco de su minuciosa labor investigativa, documentaron un total de 28 casos de tortura y otros tratos crueles y degradantes infligidos a personas que se encontraban bajo detención, lo cual incluyó un alarmante registro de 19 casos de violencia sexual. Estos hallazgos representan una profunda preocupación en lo que respecta al respeto y protección de los derechos humanos en Venezuela.

La misión encargada de llevar a cabo esta investigación fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2019, con el propósito explícito de examinar las alegaciones de graves violaciones de derechos humanos dirigidas contra aquellos considerados opositores al gobierno de Maduro. Desde entonces, ha sido un mecanismo vital para arrojar luz sobre la situación y garantizar que se rinda cuentas por las presuntas transgresiones cometidas en el país.

En su más reciente informe, el grupo de expertos subraya un cambio de tendencia al señalar que, a partir del comienzo de 2021, ha recibido un menor número de acusaciones relacionadas con violaciones graves de derechos humanos en contra de individuos que se oponen al Gobierno o que son percibidos como tales.

Este cambio, si bien puede indicar una evolución en la situación de derechos humanos en Venezuela, aún genera interrogantes y plantea desafíos en lo que respecta a la evaluación precisa de la situación en el país y a la necesidad de continuar monitoreando de cerca la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Pero este tipo de incidentes “continúan cometiéndose (...), recientemente (...) de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.

El informe acusa al Estado de recurrir a “amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, a la difamación y a la censura” para “sofocar a la oposición”. “En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, dijo Francisco Cox, experto de la misión.

Patricia Tappatá Valdez, otra experta, denunció la “actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales” que “coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos”.

El panorama que se presenta en Venezuela resulta especialmente alarmante, dado que el país se encuentra en la antesala de unas elecciones presidenciales programadas para el año 2024. En este contexto, es crucial destacar que importantes figuras opositoras, como la exdiputada María Corina Machado, así como los líderes opositores Henrique Capriles y Freddy Superlano, han sido inhabilitados para participar en este proceso electoral.

Cabe recordar que Nicolás Maduro fue reelegido en 2018 en unas elecciones que fueron boicoteadas por la oposición y no recibieron el reconocimiento de numerosos países, incluyendo Estados Unidos. Esta falta de legitimidad internacional ha contribuido a la persistente crisis política en el país.

En un giro de los acontecimientos, en 2019, Washington y una parte significativa de la comunidad internacional reconocieron a Juan Guaidó, líder de la oposición, quien se autoproclamó presidente interino. Este acto buscaba promover una transición democrática y poner fin al gobierno de Maduro. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la presidencia interina de Guaidó enfrentó desafíos en la consecución de sus objetivos de cambio político y restauración de la democracia.

Como resultado, en enero del año siguiente, la oposición venezolana llegó a la conclusión de poner fin a esta presidencia interina, argumentando que no se habían alcanzado los cambios esperados y que era necesario replantear la estrategia para lograr un camino hacia la reconciliación y la estabilidad política en Venezuela. Estos desarrollos políticos han dejado al país en una encrucijada, con desafíos significativos de cara a las próximas elecciones y la búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis en curso.

*Con información de AFP.