Venezuela: todo puede estar peor

Los venezolanos miran insistentemente el reloj. El tiempo se ha convertido en el factor más relevante en la crisis política, social y económica que azota a Venezuela, y en el indicador más común para medir su gravedad.

“Jamás pensé que tendría que salir a la calle a hacer cola por comida. Tengo que estar desde las cuatro de la mañana a ver qué consigo, me meto en las colas sin saber qué van a vender”, dice Maura Ramírez, una abuela de Caracas que con sus 68 años debe volver a casa, a veces, con las manos vacías. Frente a un supermercado capitalino, se agolpan consumidores esperando comprar a precio regulado. Allí no hay clases sociales, ni edades. Una niña de 9 años acompaña a su madre, Fabiana Noguera, y le pregunta: “Mamá, si cuando sea grande voy a seguir haciendo cola, ¿cómo voy a estudiar y trabajar?”.

Lograr abastecerse de alimentos implica invertir tiempo y dinero. Mucho. Largas colas para entrar a los comercios se replican por doquier, mientras la escasez se cifra en 87 por ciento, según los gremios productores.

La Encuesta Condiciones de Vida 2015, realizada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar –las más reconocidas del país–, reveló que los alimentos que más se consumen son harinas, arroz, pasta, grasas y pollo, en ese orden, sobre todo en los estratos más pobres: menos de la mitad compra lácteos, apenas 34 por ciento adquiere huevos y 22 por ciento leguminosas.

Victoria Peña, de 46 años, explica cómo su familia se ha adaptado a comer solo dos veces al día. “Tratamos de desayunarnos a las once de la mañana, como desayuno-almuerzo, y luego cenamos como a las siete de la noche”. Su testimonio se corresponde con un reciente sondeo de la firma Venebarómetro, donde los encuestados que dijeron que comían solo dos veces al día aumentó de 24,3 por ciento a 30,3 por ciento entre marzo y abril, y los que comen una sola vez al día pasaron de 4,8 por ciento a 13,4 por ciento. En total, casi 44 por ciento de la población estaría haciendo menos de tres comidas al día, según ese estudio.

Las alertas ya estaban dadas. En el primer semestre de 2014 (último dato oficial disponible), cuando la crisis era solo una advertencia, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportaba una caída del consumo en 56 de los 59 principales alimentos de la dieta del venezolano. Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, afirma que entre 2012 y 2015 el consumo de carne de res por persona bajó de 24 a 14 kilos.

Es el reloj el que cuantifica el valor de los alimentos y demás productos de uso básico en Venezuela. Para no hacer colas y ‘no perder el tiempo’ se acude al ‘bachaqueo’, es decir, la reventa informal de todo aquello que escasea en los anaqueles pero aún se consigue en mercados informales que venden a precios no regulados, hasta diez veces mayor que el marcaje oficial. “Yo no voy a pasar horas en una cola porque tengo que trabajar, si no, ¿de dónde saco el dinero para pagar?”, se pregunta Jorge Quintana, contador venezolano de 36 años que ejerce en el sector privado.

Otros se preguntan cómo pagar lo que consigan. El Banco Central de Venezuela, a pesar de la obligación legal, no ha informado el índice de escasez en lo que va de año, pero el Fondo Monetario Internacional estimó que el indicador podría alcanzar 700 por ciento al cierre del año, y escalar hasta 2.200 por ciento al terminar 2017.

El presidente Maduro acaba de anunciar un aumento del salario mínimo de 35 por ciento, calificando los ajustes, 17 durante sus tres años en el poder, como “defensa del poder adquisitivo” frente a la “inflación inducida”. No obstante, el ajuste salarial no alcanza para cubrir los gastos. El economista José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, detalló que “los salarios han aumentado 105 por ciento en un año, mientras que la inflación subió 275 por ciento”, para afirmar que el poder adquisitivo disminuyó. “El salario mínimo no llega al 65 por ciento de la canasta alimentaria normativa”, agregó Luis Pedro España, sociólogo e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello.

Mientras tanto, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra 1.552 protestas en el primer trimestre de 2016, mientras en todo 2015 se produjeron 5.851. Antes de 2000, el promedio era de 500 manifestaciones anuales, según datos del Centro de Estudios del Desarrollo. Además, las protestas vinculadas a los servicios públicos y el derecho a la alimentación –el 23 por ciento de los reclamos de calle este año– están aumentando y podrían quitarle la primacía a las demandas laborales, cambiando por primera vez las tendencias históricas.

Por su parte, el gobierno sigue acusando al sector privado de estar detrás de una “guerra económica” cuyo principal ejecutante sería Empresas Polar. El Ministerio de Comunicaciones ordenó difundir por televisión propagandas para acusar a la compañía de disminuir intencionalmente su producción. El mayor conglomerado industrial de alimentos de Venezuela asegura no tener divisas suficientes, en medio de un control cambiario vigente desde hace más de una década, para adquirir insumos y financiar operaciones, y ha informado sobre eventuales paralizaciones en sus plantas. Hasta la producción de Cerveza Polar, 80 por ciento de la oferta del mercado local, está en entredicho en el tercer país latinoamericano con mayor consumo. El presidente Maduro ha respondido tajante: “Planta parada será tomada por los trabajadores”.

Tiempo de apagones

La electricidad en Venezuela es tan preciada como la comida. Desde 2008 se ha advertido de los peligros del sistema eléctrico nacional, debido a desinversiones en el sector, casos de corrupción documentados y sequía.

El sistema interconectado nacional combina generación hidroeléctrica con termoeléctrica, para una capacidad total de 28.000 megavatios, con 20.000 operativos, según la estatal Corpoelec. Pero la realidad es que el consumo nacional de 15.000 megavatios cifrado por el actual ministro del sector, Luis Motta Domínguez, no es posible satisfacerlo.

Por esa razón, Maduro decretó que el sector público tendrá como días no laborables los miércoles, jueves y viernes de cada semana, amén de algún día adicional (como el 18 de abril aprovechando el puente por tener un feriado al martes siguiente). La decisión se suma a una anterior: la media jornada para oficinas públicas que ahora solo trabajan lunes y martes durante cuatro horas.

Además, el gobierno también decidió que los viernes tampoco habrá actividad en escuelas primarias y secundarias, mientras ejecuta un racionamiento nacional de electricidad según el cual distintas zonas del país se quedan sin luz cuatro horas diarias, aunque en ocasiones los cortes pueden sumar el doble de ese tiempo. En las regiones, sin embargo, los apagones ya eran comunes. “No los anunciaban, pero ya había una rutina de quedarnos sin luz siempre a la misma hora”, dice Marcos Alonso, residente en Punto Fijo, en el occidental estado Falcón. En Maturín, al oriente del país, Luisa Cacique explica que “incorporé la compra de hielo a mis prioridades para poder tener refrigerada la comida cuando se va la luz y evitar que se pudra”.

En Caracas la realidad es otra. La capital fue excluida de los cortes, según declaraciones oficiales, aunque durante la última semana varios sectores han quedado a oscuras. “Ya ni los caraqueños nos salvamos de esa. Antes decíamos que éramos ciudad y el resto era monte y culebra, pero ahora todos estamos igual de jodidos”, apunta Juan Manuel Quintana, habitante de Horizonte, donde hubo un largo apagón de 30 horas desde el 30 de abril.

El reloj de la política

A partir del primero de mayo, la hora oficial venezolana se adelantó 30 minutos, para volver al huso horario que Hugo Chávez cambió en 2007, bajo el mismo argumento del ahorro energético. Pero ello no apura los tiempos institucionales para lograr cambios políticos. La oposición impulsa un referéndum revocatorio para desalojar al chavismo del poder. Sin embargo, si el proceso no se realiza antes del 10 de enero de 2017, pierde efectividad pues, aunque Maduro tendría que dejar la silla presidencial, su segundo a bordo asumiría el cargo hasta 2019.

Este lunes, la opositora Mesa de la Unidad Democrática entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) más de 1,8 millones de firmas de venezolanos que solicitan activar el proceso revocatorio. Son necesarias 195.000 rúbricas, o sea el 1 por ciento del padrón electoral, para luego agrupar 20 por ciento del total (casi 4 millones de firmas) que conduzcan a convocar una votación donde Maduro tendría no solo que perder, sino hacerlo por más votos de los obtenidos cuando fue electo en 2013.

Pero en el CNE no hay apuro. Su presidenta, Tibisay Lucena, no quiso hablar de lapsos este miércoles 4 de mayo. Lo que sí dijo es que serán evaluadas dos propuestas de la comisión que designó Maduro para revisar las firmas: publicar la lista de nombres debido a sospechas de números “inflados” y abrir un “lapso de reclamo” que podría demorar el proceso que ya tomará, según el reglamento, 175 días.

Le respondió el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien ha impulsado el revocatorio. A través de Twitter escribió: “Lucena dice que va a revisar con la mayor tranquilidad. No, señora, conforme al reglamento tiene cinco días y hoy es el segundo”. El excandidato presidencial también afirmó que el gobierno “quiere jugar con el tiempo para que no haya revocatorio este año”.

En la acera contraria, el propio vicepresidente Aristóbulo Istúriz lanzó que “a Maduro no lo van a sacar ni con referéndum ni con nada de eso, pueden estar seguros. Los tiempos no les dan ni les van a dar”. A su vez, el segundo a bordo del partido de gobierno, Diosdado Cabello, calificó de “imposible” que una consulta popular se concrete en 2016.

La oposición también ha denunciado que el chavismo quiere exponer a sanciones a empleados públicos. Por ejemplo, Cabello dijo dos veces esta semana que los empleados de organismos del Estado que firmaron deberían ser removidos de sus cargos porque “una revolución se hace con revolucionarios”.

En ese contexto, el papel que juegue el Ejército será determinante. Durante los 17 años que el chavismo ha estado en el poder, las Fuerzas Armadas han acompañado sin falta al gobierno y sus miembros han sido unos de los grandes beneficiarios del statu quo. A su vez, varias generaciones de coroneles y generales han sido inculcados con la ideología chavista y, de labios para afuera, siguen apoyando a Nicolás Maduro. La gran pregunta es si ante un descontento generalizado, estarán dispuestos a usar los fusiles para proteger a un gobierno que a estas alturas solo busca perpetuarse para no afrontar sus deudas con la Justicia.