Francia también pide a CPI investigar al régimen de Maduro

Nunca, durante los 16 años de historia de la Corte Penal Internacional (CPI), se había dado una situación como la que se vive hoy: que varios Estados le remitan al tribunal el caso de un estado externo para su investigación.  

Y todo por lo que ocurre en Venezuela, en donde el régimen de Nicolás Maduro ha propiciado una situación desesperada, que ha llevado a miles de venezolanos a salir de su país para refugiarse en otros lugares del continente y del mundo, incluida Colombia.

Los primeros en denunciar la situación ante la CPI fueron seis países de América: Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá. El miércoles pasado le pidieron al tribunal  internacional que abra un proceso contra funcionarios del gobierno venezolano por abusos a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

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“Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América –explicó en un comunicado Luis Almagro, secretario general de la OEA–. Esto representa un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”.

El pedido ya traspaso el océano. Este sábado Francia anunció su apoyo a la iniciativa y a la investigación que la CPI pueda hacer sobre el caso venezolano. En un comunicado, publicado por el Palacio del Eliseo, el gobierno de Emmanuel Macron dice que ese país “considera que los esfuerzos de la Corte Penal Internacional tienen como naturaleza establecer los hechos que llevaron a esta crisis y, contribuir así a encontrar una salida”.

También se refieren, con preocupación, a la situación de los migrantes venezolanos que han salido de ese país y manifiestan su apoyo a los Estados que están acogiéndolos en todo el continente. También, le piden al gobierno venezolano que entable un diálogo con la oposición y que reestablezca el funcionamiento democrático de las instituciones. “Se trata de encontrar una salida a la crisis política y contribuir a la recuperación de la economía venezolana”, dice el documento.

La petición de los siete países, inédita en la historia, se refiere a denuncias por supuestos abusos cometidos por el régimen de Maduro desde febrero de 2014, cuando miembros de la oposición y defensores de los derechos humanos denunciaron que se habían presentado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, exceso de fuerza y torturas de diversos tipos durante la represión oficial a las protestas masivas en contra del gobierno.

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En febrero de este año, meses antes de la petición, Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI, ya había anunciado que el tribunal había abierto un “examen preliminar” por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país vecino. Aunque eso no significa que ya haya una investigación formal en curso, es el primer paso para que más adelante se pueda presentar dicha investigación y se puedan presentar cargos penales.  

Sin embargo, las investigaciones en la CPI suelen durar varios años y en lo que lleva de historia, desde su fundación en 2002, solo ha dictado unas pocas condenas por casos sucedidos en África.

Más allá de la posible investigación, lo claro es que cada vez más países intentan aislar al régimen de Maduro.