En Venezuela, se cierran los caminos

¿Llegó el punto de quiebre? ¿El gobierno de Nicolás Maduro será, ahora, tratado como una dictadura? ¿Se pondrán en marcha las presiones internas y externas para buscar un cambio de rumbo? Solo hay una razón para contestar de manera negativa estas preguntas: que ya se han formulado muchas veces y no ha pasado nada. Maduro ha consolidado la captura de todos los poderes. Ha acabado con la libertad de prensa. Figuras claves de la oposición están en la cárcel. Impera un régimen cívico-militar. Y la autoridad del Tribunal Constitucional ha sido manipulada por el gobierno para quitarle las atribuciones institucionales de la Asamblea, para que las mayorías ordenadas por el pueblo, en elecciones legítimas, no pudieran operar.

Pero ninguna de esas acciones fue suficiente para generar una salida. Han pasado meses, y años, de un bloqueo en el que el régimen podía aún argumentar que existía una legitimidad electoral: el triunfo apretado de Maduro sobre Henrique Capriles y la larga serie de victorias del chavismo sobre la oposición en múltiples elecciones desde 1998. Incluso el triunfo de la oposición en los comicios para la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, corroboraba que la llama tenue de la democracia no se había apagado totalmente. La comunidad internacional, en términos generales, así lo aceptó. Y la oposición se dividió entre un ala radical que hace rato interpretó que el chavismo se había alejado de la democracia y otra más moderada, que se terminó imponiendo, que consideró que la salida de Maduro tenía que buscarse mediante mecanismos institucionales.

Hay razones para pensar que estos días marcan un cambio de rumbo. La decisión de unos tribunales estatales que llevan a la suspensión del referendo revocatorio no parece ser un eslabón más de una cadena de arbitrariedades que no conducen a nada. Hugo Chávez fue el arquitecto y gran defensor de esa figura: que después de la mitad del periodo, los funcionarios elegidos pueden ser sometidos a un referendo para definir la continuidad o ruptura del mandato ciudadano. Chávez la aceptó incluso siendo presidente, en 2004 y logró una victoria que renovó y fortaleció su mandatado legítimo gracias a una combinación de carisma, talento político y buena suerte (los precios del petróleo se dispararon durante la campaña).

Doce años después, la oposición vuelve a echar mano de la fórmula –el referendo revocatorio– que hace parte del núcleo de la constitución chavista. Y ante la evidencia de que la oposición tiene amplias posibilidades de triunfar –y, en consecuencia, terminar el mandato presidencial de Nicolás Maduro– el régimen impide, con precarios argumentos legales, que se convoque el referendo. La oposición respondió con dureza: la Asamblea Nacional declaró roto el hilo constitucional y abrió un juicio que podría terminar con la destitución de Maduro (por tener una supuesta nacionalidad colombiana).

Es difícil no considerar la hipótesis de que, ahora sí, la sinsalida no puede prolongarse por un tiempo indefinido. El principal argumento con el que el chavismo se había defendido, tanto ante la comunidad internacional como en la política interna, era que, mal que bien, la vía electoral había funcionado. Quienes buscaron una opción institucional en la oposición –liderados por Henrique Capriles– se quedaron sin discurso. Se la habían jugado toda por el referendo revocatorio. Sus declaraciones recientes obligan a pensar que, ante el cierre de la vía electoral, se fortalecen las posiciones del ala más radical.

En el gobierno ocurre lo mismo. La decisión de Maduro de impedir la realización del referendo revocatorio implica tirar de la cuerda más de lo que puede resistir. Las opciones que se plantean hacia adelante son todas extremas: ¿La Asamblea destituye el presidente? ¿Maduro cierra la Asamblea?

Los acontecimientos de las últimas horas tienden a llevar la situación al límite. La expresión “golpe de Estado” se oye de los voceros de lado y lado. En el gobierno, ante la intención expresa de la Asamblea de hacer un juicio político contra Maduro. En la oposición, por la obstrucción del gobierno a una salida institucional, como es el referendo revocatorio.

Es poco probable que alguna de las partes dé marcha atrás. Ambas quedaron aferradas a posiciones radicales. ¿Cómo operarán en un escenario tan complejo, la presión externa y la tensión interna? Un grupo de países de la OEA –entre ellos Colombia- se pronunció el viernes en contra de la decisión de impedir el revocatorio. No fue muy contundente: expresó su preocupación. Nada que dé pie para la aplicación de la carta democrática. Internamente se han vuelto a convocar marchas, que suenan a más de lo ya visto, aunque habría que ver si el tapón impuesto al referendo revocatorio induce a una explosión de olas de protesta por otros lados. Este domingo, un grupo oficialista ingresó a la fuerza a la Asamblea: ¿un indicio de cómo la violencia de la calle se puede desbordar?

“Es una nueva etapa”, dice Luis Vicente León, lúcido y equilibrado analista político. En ella, agrega, “entramos en una fase mucho más oscura de la política venezolana, con más represión de derechos políticos y humanos”. La situación está en manos radicalizadas, frente a las cuales los mediadores que han intentado servir de puente entre el gobierno y la oposición –los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España y Martín Torrijos, de Panamá, y un delegado del Vaticano- tienen una misión casi imposible. Lo que también es cierto es que (¿otra vez?, ¿ahora sí?) la situación parece insostenible. El conflicto político e institucional ha llegado a un punto que, aún bajo parámetros venezolanos, parece insuperable.