Venezuela: hacia una dictadura comunista

Ni las manifestaciones en contra en todo el país, ni las denuncias de la empresa encargada de manejar el proceso electrónico, que declaró que las cifras de su elección fueron manipuladas, ni la presión de los países que advirtieron que no la reconocerían, ni los más de 100 muertos en las manifestaciones de la oposición impidieron que el gobierno venezolano instalara su Asamblea Constituyente (AC).

Con los puños en alto y rosas rojas y sin hallar resistencia de la oposición, los más de 500 diputados chavistas de esa entidad entraron desafiantes el viernes a mediodía al Salón Elíptico de la sede ceremonial del Parlamento. Allí, se posesionaron y eligieron como presidenta a la excanciller Delcy Rodríguez, quien resultó ser la candidata de consenso. “Llovió, tronó, relampagueó y la Constituyente llegó”, dijo el presidente Nicolás Maduro.

El sábado, esta tomó su primera decisión al destituir a la fiscal general rebelde Luisa Ortega Díaz, una enemiga personal para del mandatario. Pues cual cuña del mismo palo, esta chavista tradicional ha denunciado la brutal represión que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad, ha imputado a responsables policiales y ha promovido la apertura de juicios a magistrados del TSJ leales al gobierno.

El presidente, por su parte, ha hecho todo lo posible por convertirla en un ‘ejemplo a no seguir‘ en una especie de proceso estaliniano. Además de imputarla, la AC le prohibió salir del país, ordenó que sus bienes fueran enajenados y bloqueó sus cuentas bancarias. "No se trata de un linchamiento político", dijo Cabello en el colmo del cinismo. Pero para los venezilanos, este un nuevo capítulo en el desmonte de su Estado de derecho. También, el paso más pronunciado de su país en tiempos modernos en en la senda del autoritarismo.

Un salto al vacío

La AC decidirá, por sí y ante sí, el futuro de una Venezuela regida por un sistema diferente, un borrón y cuenta nueva que abre toda clase de preguntas, abarcadas por una fundamental: ¿cómo será ese nuevo Estado, en el que la democracia participativa será solo un recuerdo?

La concepción de Estado diseñada por Hugo Chávez en 1999 quedó vetusta cuando su gobierno decidió asumir las banderas del socialismo del siglo XXI, en la segunda campaña electoral del fallecido presidente. Por eso intentó modificar la Carta Magna en 2007, pero el pueblo lo impidió en las urnas.

Pero eso no es un problema en la Venezuela de Nicolás Maduro y del abogado constitucionalista Hermann Escarrá, que ahora es uno de los miembros de la AC. La voluntad popular es apenas un detalle, y el gran designio de un nuevo Estado va, gústele a quien le guste. Por eso dijeron que el propósito de la actual constituyente era incorporar los “pequeños cambios” que no logró Chávez hace diez años. Aprovechando, eso sí, los lineamientos dibujados en el paquete de “leyes comunales” de 2010 que desafiaban los preceptos constitucionales y redefinían la organización social del país.

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La revolución necesita un andamiaje legal que se adapte a cada etapa, y la que comienza, más dictatorial que nunca, no es la excepción. Atrás quedó el “autoritarismo competitivo” que tanto comentaron analistas y académicos. Ahora el poder en Venezuela se ejerce sin elecciones libres, sin escenarios de puja electoral y sin la Constitución del 99, considerada el gran legado de Chávez.

Dos peligros se ciernen con la nueva AC: la implantación definitiva del Estado comunal, y los calcos de la Constitución cubana, algo que tampoco sería nuevo. Hay que recordar que el texto fundamental de la isla surgió de un proceso constituyente convocado en 1976. El pueblo cubano votó para aprobarla, como hizo el venezolano hace 18 años. Ahora, se avanzaría más en lo que tiene que ver con estructuras económicas y funcionamiento político de la sociedad.

Son simbióticos, pues uno soporta los conceptos de la otra. Por ejemplo, el Estado comunal, dicen sus teóricos dentro del chavismo, permite que “el poder sea ejercido directamente por el pueblo a través del autogobierno”, defiende el Movimiento de Pobladores basándose en la Ley Orgánica de Comunas.

Hay que recordar que Maduro convocó a una “constituyente ciudadana, no una constituyente de partidos ni elites, sino ciudadana, obrera, comunal”. Francisco Conte, coordinador delposgrado en Derecho de la Universidad de Los Andes de Mérida, afirma que con el Estado comunal el gobierno quiere instaurar un sistema antidemocrático para acabar con la división político-territorial, en especial con el tradicional e histórico municipio. Se trata pues de concentrar al máximo el poder, magnificar la planificación central y generar una dinámica de relaciones verticales entre el gobierno y sus organizaciones afines.

No en vano, el jefe de campaña de la AC, Héctor Rodríguez, afirmó que en lo sucesivo la manera de gobernar sería solo a través del carnet de la patria, un sistema de identificación que funciona como un cédula de identidad paralela que Maduro implantó como un registro directo de ‘beneficiarios’ de políticas sociales. Es la instauración del gobierno de la inclusión en la escasez, la administración de las migajas y el control social.

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El gobierno vertical

Actualmente, están en vigencia los consejos comunales y las comunas. Estas son formas de organización de bases controladas por el Ministerio de las Comunas, que exige su registro y verificación por esa instancia para poder funcionar. Es decir, el poder popular subyugado al poder político. Pero ni siquiera esas organizaciones son de absoluto dominio chavista.

Desde hace al menos dos años los consejos comunales no eligen a sus representantes, como lo manda la ley, porque el oficialismo perdería el control. Con un rechazo del 88 por ciento, según la última encuesta de Datanálisis, sería imposible triunfar en alguna de esas pujas. Lo mismo se aplica a los sindicatos y otras instancias de organización.

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Entonces, hay que cambiar las reglas. En el Estado comunal el voto no tiene por qué ser universal, directo y secreto. De hecho, las forma de elección de la AC, en comicios territoriales y sectoriales con bases de datos opacos, pueden replicarse para las siguientes elecciones de cualquier instancia si así lo establece la nueva Carta Magna.

La firma ORC Consultores publicó un análisis que alerta sobre la transformación de las estructuras estatales a los principios del llamado Plan de la Patria, con una Asamblea Nacional Comunal que escoja de su seno al presidente del país, así como los alcaldes y gobernadores. El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, ha señalado que “la razón fundamental por la cual Maduro está convocando a este fraude es para que en Venezuela no se den elecciones libres y democráticas”.

Este escenario buscaría consolidar un diseño piramidal en el cual el poder comunal escoge representantes que van a asambleas estaduales y allí se escogen representantes a la Asamblea Nacional Comunal, que luego escoge al presidente.

Eugenio Yáñez, director de Cubanálisis, hace el paralelismo con Cuba, donde cualquier elección comienza con el control de las postulaciones. Este experto explica que hay una comisión de candidaturas que decide quién puede acudir. Esta está conformada por la central de trabajadores (los sindicatos), la federación de mujeres cubanas, la unión de jóvenes comunistas, la alianza para la revolución, la federación de estudiantes universitarios y la de estudiantes de enseñanza media.

Por su parte, el politólogo venezolano Guillermo Aveledo completa el esquema al afirmar que de esta forma se anula la participación política del individuo en beneficio de la cooptación y selección de cuadros desde la estructura del Estado-partido. De esta forma, la revolución bolivariana eliminaría todo vestigio de democracia burguesa, “pues es la etapa pospersonalista del régimen, con representación por sectores allegados al Estado”.

Por otra parte, con el Estado comunal se redefine la distribución político-territorial al anular la actual división en estados y municipios con gobernadores y alcaldes electos en comicios abiertos. Será el tiempo de las comunas gobernadas por los parlamentos comunales que definirán todo lo relativo con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos, así como los aspectos de planificación y ejecución de planes y proyectos. Está ya en la ley, pero es inaplicable bajo la actual Constitución. Y por eso, el gobierno necesita cambiarla.

Ahora que se anuncian elecciones regionales en Venezuela, y se incendia el debate sobre participar o no, ni siquiera la vigencia de esas estructuras burocráticas está garantizada. Por eso, analistas como Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, apunta que la oposición arrasaría cualquier escenario electoral, pero “el régimen se verá obligado a suspender los comicios o a alterar las reglas electorales”, o a utilizar a la AC para acabar con las Gobernaciones.

Para el historiador Agustín Blanco Muñoz, se impone un objetivo claro con la AC: instaurar el partido único, diseñado a partir de la experiencia cubana. Claro que adaptando las realidades locales. Quizás una nueva constitución no haga del PSUV la única tolda política válida, pero sí puede estructurar la burocracia nacional para responder a sus lineamientos de facto.

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La propiedad en la mira

El punto de encuentro de ambos peligros es la propiedad. En Venezuela la división actual es simple y tradicional: pública y privada. En el camino, se han impuesto formas mixtas de propiedad, especialmente en la constitución de empresas para el negocio petrolero y minero donde el Estado es dueño y señor, pero los capitales autónomos participan.

La Constitución cubana establece las formas de propiedad como estatal, mixta, cooperativa y personal. En el Estado comunal venezolano se prioriza la propiedad colectiva. Una cucharada se vio en marzo pasado, cuando panaderías del centro de la capital fueron tomadas y ‘expropiadas’ por consejos comunales. Sus dueños perdieron toda la inversión, y su modo de vida.

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“Este pueblo tomó los espacios para producir, el pueblo para el pueblo”, defendía Mayra Dávila, representante del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) parroquial que asumió el asalto a uno de los locales. Un mes después, no había pan para todos, tan solo promesas y una producción puntual y disminuida destinada a algunos grupos organizados.

Más arriba, a nivel macro de la economía, la sombra también se expande. El economista Luis Oliveros afirma que entre sus clientes, empresas multinacionales incluso, las discusiones sobre posibles expropiaciones no cesan. Una práctica implementada por Chávez para engrandecer el control estatal de la economía, pero que ahora sería para el dominio absoluto.

El gobierno tiene fuertes deudas con varias compañías foráneas, producto del control de cambio. Expropiarlas con un nuevo modelo de propiedad constitucional mataría dos pájaros de un tiro: “Acabas la deuda y te haces con ese negocio”, advierte Oliveros, convencido de que es un escenario que puede llegar. Así, el país vería empresas obligadas a cerrar o a negociar la entrega de sus activos al gobierno.

El especialista recuerda que el gran talón de Aquiles del chavismo siempre ha sido la economía. Su modelo de gobernar no es compatible con el mercado. Ahora, tendrían la oportunidad de borrarlo. “Van a obligar a imponer el modelo de negocio mixto. Tanto en lo macro como en lo micro”, ratifica.

Varios voceros del chavismo, incluyendo quienes hablaron de la nueva economía no rentista que plantearía la AC, se amparan en el concepto de economía mixta. Una amenaza que se cierne también sobre el negocio petrolero, que sigue siendo la única fuente de ingresos de Venezuela. El gran arquitecto de la AC, Hermann Escarrá, y el propio ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, afirmaron que hace falta un mayor dominio de la industria de hidrocarburos.

Actualmente, al menos 30 empresas mixtas se encargan de la explotación de crudo, con participación estatal de 51 por ciento y el resto de capitales privados, la mayoría extranjeros. Acabar con ese modelo sería una sentencia de muerte a la disminuida industria nacional, pues Petróleos de Venezuela no puede afrontar toda la actividad debido, entre otras cosas, a su propia precariedad financiera. Pero Oliveros advierte que esa jugada podría darse junto a los únicos aliados comerciales que le quedan a la revolución: los rusos y los chinos. Para no afectarlos, la estrategia sería priorizarlos, obligando a inversionistas norteamericanos, canadienses y de otras nacionalidades a entregarles sus activos. Una movida donde el chavismo gana tiempo y sus amigos dinero.

Entre tanto, la oposición parece en estado de shock, abrumada por la realidad de que ni a Maduro ni a sus partidarios les impresiona que alguien lo llame dictador. Ese es un precio que a su gusto vale la pena pagar por convertir a Venezuela en un nuevo experimento político, cuyo desenlace aún es muy incierto.

El mundo se inquieta

El Vaticano, la Unión Europea y varios medios internacionales se han sumado al clamor contra la Asamblea Constituyente de Maduro.

La crisis de Venezuela sacó el viernes a la Santa Sede de su habitual prudencia. En un comunicado publicado el jueves, un portavoz del papa le pidió al régimen de Caracas que suspenda su Asamblea Constituyente con el argumento de que “esta fomenta un clima de tensión y enfrentamiento e hipoteca el futuro”. A su vez, los 28 países de la Unión Europea dejaron de lado sus diferencias y hablaron con una sola voz. “La UE y sus estados miembro no pueden reconocer la Asamblea Constituyente debido a que tiene preocupaciones sobre su legitimidad y efectiva representatividad”, dijo la alta representante para las Relaciones Exteriores de la UE, Federica Mogherini. Del mismo modo, la prensa mundial está abandonando su apatía y ha comenzado a registrar el drama venezolano. En las últimas semanas, los influyentes semanarios The Economist y Time le dedicaron sus portadas, y el viernes The New York Times publicó un editorial particularmente severo, en el que apoya las sanciones contra Maduro y advierte que “ninguna nación debería sufrir a un líder de ese tipo”.